La Asociación de Abogados Ambientalistas y el CECIM La Plata presentaron una acción preventiva de daño ambiental y soberano para suspender las operaciones del proyecto Sea Lion en la cuenca de las Islas Malvinas. La causa, radicada en el Juzgado Federal de Río Grande por competencia territorial sobre el archipiélago, cuenta con el respaldo del Municipio local, que impulsará la adhesión de intendentes patagónicos y del Congreso Nacional ante la inacción del Gobierno central.
Ante las versiones de presiones de Washington hacia la OTAN y eventuales gestos respecto a la cuestión Malvinas, sectores críticos advierten sobre el impacto en los recursos naturales y la exclusión de Tierra del Fuego en la agenda bilateral.
Autoridades del Ejecutivo de la Municipalidad de Ushuaia recibieron este martes en la Sala de Situación a representantes de la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) y del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), quienes arribaron a la provincia para presentar una acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva vinculada al proyecto hidrocarburífero “León Marino” (Sea Lion).
El Congreso quiso frenar el alineamiento automático con Estados Unidos e Israel, pero el Gobierno esquivó el debate. En NSN analizamos el video que expone la trama completa: decisiones sin control, funcionarios que responden a otros intereses, movimientos militares en el Atlántico Sur y un 2030 que puede redefinir la soberanía argentina. La Patagonia vuelve a ser tablero global y el país entra a ciegas.
Un documento interno del Pentágono sugiere revisar el histórico alineamiento con la postura británica en el Atlántico Sur. Washington busca utilizar el reclamo del archipiélago como factor de presión para que la gestión británica incremente su presupuesto en la OTAN.
El secretario de Malvinas provincial, Andrés Dachary, cargó contra la intervención nacional del puerto por autorizar la logística a una embarcación vinculada a la corona británica. Advirtió que el hecho se suma al remate de tierras navales, la permanencia de un radar inglés y el avance de la explotación hidrocarburífera ilegal en el Atlántico Sur.
El arribo del VS Promise vuelve a poner al Puerto de Ushuaia en el centro de la discusión geopolítica del Atlántico Sur. El buque, registrado bajo bandera de la Isla de Man —dependencia de la Corona británica—, quedó amarrado en la capital fueguina mientras la administración portuaria permanece bajo intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
La absorción de la canadiense JHI por parte de Eco Atlantic consolidated una trama de capitales de Israel, Canadá y el Reino Unido en la Cuenca Norte. Advierten por la inacción estatal ante la violación sistemática de la legislación argentina.
El Gobierno fueguino repudió el tránsito del buque de guerra británico HMS Medway por aguas bajo jurisdicción argentina y advirtió que el episodio contradice resoluciones de la ONU y profundiza la militarización británica en el Atlántico Sur.
El Comité de Descolonización reiteró el llamado urgente a negociar. La delegación fueguina y el Canciller argentino alertaron en Nueva York sobre la ilegalidad de la explotación hidrocarburífera en el yacimiento Sea Lion.
Las firmas licenciatarias que operan bajo el paraguas de la ocupación británica en las Islas Malvinas anunciaron nuevos movimientos de fondos para reactivar las fases 1 y 2 del Área de Desarrollo Norte. El despliegue de las operadoras privadas desafía las sanciones de la legislación argentina y expone el entramado financiero que sostiene el enclave colonial.
El proyecto petrolero en el yacimiento León Marino (Sea Lion), ubicado en la cuenca norte de las Islas Malvinas, ha dejado de ser una proyección corporativa para transformarse en un despliegue administrativo y financiero que desafía directamente la arquitectura legal y diplomática de la Argentina.
La Provincia acusa a la empresa de brindar información engañosa al mercado y de avanzar sobre recursos argentinos en un área en disputa reconocida por la ONU.
Un fallo civil ordenó la disolución de la filial de LeoLabs en Tierra del Fuego por violar la Ley de Sociedades. La medida deja sin defensa legal a la empresa y acelera el desarme del radar británico instalado en El Relincho. El caso reabre el debate sobre soberanía y responsabilidades políticas.
El Juzgado Civil y Comercial N° 2 del Distrito Judicial Sur declaró la nulidad de la inscripción de la sociedad “Leolabs Argentina S.R.L.”,en primera instancia, en el marco de una causa iniciada por la Inspección General de Justicia (IGJ), vinculada a la instalación de un radar en Tolhuin.
La República Oriental del Uruguay respondió formalmente el pedido de información realizado por la Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales respecto de vuelos operados por aeronaves de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido entre Montevideo y las Islas Malvinas.
