MALVINAS

Imputaron a Macri por el acuerdo con Reino Unido por Malvinas, vuelos y petróleo

14.11.2019

El fiscal Jorge Di Lello imputó al presidente Mauricio Macri, al ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al canciller Jorge Faurie por “traición a la Patria” por el acuerdo firmado con Gran Bretaña que autorizó los vuelos semanales de Latam desde Brasil a las Islas Malvinas.

Di Lello cuestionó el decreto 602/2019 que autorizó a la línea brasileña a viajar desde San Pablo hacia las Islas, y pidió al juez Luis Rodríguez que se suspendiera el primer vuelo previsto para el 20 de noviembre de este año.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal Federal Nº 1 cuestionó que la decisión no haya sido sometida a la opinión del Congreso Nacional y aclaró que era su “obligación institucional” adoptar medidas “ante el posible menoscabo de la soberanía nacional”.

“Entiendo que el Poder Ejecutivo no puede seguir avanzando en la ejecución de acuerdos con Gran Bretaña que no cuenten con la aprobación del Congreso y los que ya efectuara deberán ser sujetos a investigación en los términos antes aludidos”, subrayó Di Lello en el escrito.

También imputó al secretario de Energía Gustavo Lopetegui y el ex ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren.

Mediante el decreto, se autorizó tres rutas entre Brasil y las Islas Malvinas: San Pablo-Islas Malvinas- San Pablo, San Pablo-Córdoba-Islas Malvinas-San Pablo y San Pablo-Islas Malvinas- Córdoba- San Pablo.

Para el fiscal Jorge Di Lello, los funcionarios denunciados deben ser investigados por su participación en negociaciones con el Reino Unido que perjudicarían la soberanía nacional y por la firma del acuerdo denominado “Foradori-Duncan”.

Di Lello sostuvo que “existe una obligación institucional por parte de esta fiscalía, ante el posible menoscabo de la soberanía nacional, de adoptar medidas urgentes a los fines de preservar al Estado argentino de posibles daños económicos graves a los que estaría expuesto en relación con el derecho internacional».

“Así corresponde que VS evalúe ordenar la suspensión del primer vuelo de la compañía LATAM a las Islas Malvinas, el que está autorizado por el decreto 602/19, ya que el peligro en la demora provocaría consecuencias irreversibles respecto a derechos adquiridos en el ordenamiento jurídico internacional”, dice el dictamen presentado al juez Rodríguez.

Según dice el dictamen, el Poder Ejecutivo habría dictado ese decreto sin efectuar el trámite de aprobación requerido por la Constitución Nacional, respecto al Congreso de la Nación.

 

 

 

La denunciante Valeria Carreras había manifestado que si se declarara la inconstitucionalidad de ese decreto, “la empresa LATAM podría reclamar los daños y perjuicios por verse privados de los derechos que les fueron otorgados por vía del decreto mencionado, siendo prueba de ello, el primer vuelo que perfeccionaría el convenio bilateral”.

A partir de ese acuerdo, se avanzó –según remarca el dictamen- en tres cuestiones: licitaciones y adjudicaciones de Areas del Atlántico Sur a empresas británicas; el decreto 602 referido a vuelos a Malvinas y concesión de permisos de pesca y explotación del territorio marítimo de la zona del Atlántico Sur.

El diputado del Frente para la Victoria-PJ Guillermo Carmona, ex presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, apuntó además de los vuelos a la cuestión de las concesiones hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas a empresas británicas que reconocieron como legítimo al gobierno colonialista.

Equinor tiene dentro de su directorio a Anne Drinkwater, que no solamente fue directora de Tullow entre 2012 y 2018, sino que mientras ocupó ese cargo fue asesora petrolera de las autoridades ilegítimas e ilegales en Malvinas.

 

 

“Los legisladores del FpV junto a otros bloques de la oposición, a la ex embajadora Alicia Castro y los veteranos de Malvinas, hemos venido sosteniendo una oposición a este acuerdo. Esta denuncia de la doctora Carreras y la imputación del fiscal Di Lello ponen en evidencia la gravedad de la situación. Voy a prestar testimonio aportando todo los elementos que tenemos a partir de las denuncias que hemos realizado desde la Cámara de Diputados”, indicó Carmona en dialogo con Diario Pulse.

El legislador valoró que “es un hecho muy significativo, no sólo en términos judiciales sino también de política exterior y de nuestra política de soberanía sobre Malvinas. El primer vuelo estaba programado para el día 20 de noviembre, día de la soberanía. Es una ofensa”.

“El acuerdo no tiene ningún valor en tanto no sea aprobado por el Congreso Nacional. La realización del vuelo, por lo tanto, adopta el carácter de ilegal. Pero además es abiertamente contrario a los intereses argentinos. No favorece la interconexión entre las Islas y el continente, sino lo que favorece es la provisión de equipamientos, traslados de personal, salida rápida de Malvinas hacia Londres. Es el itinerario por el que siempre pelearon los británicos y que siempre rechazaron los gobiernos argentinos. Una prueba de a quién favorece”, concluyó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario Pulse.com

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