En una revelación con profundas implicaciones políticas y financieras, salió a la luz un acuerdo confidencial firmado por el presidente Javier Milei con el empresario Hayden Davis, uno de los impulsores de la criptomoneda $LIBRA que colapsó dejando pérdidas millonarias a inversores. El documento, fechado el 29 de enero de 2025 – semanas antes del lanzamiento público del token –, establece una relación formal de asesoramiento tecnológico y contradice rotundamente las negativas oficiales sobre un vínculo previo.
El texto, revelado por el diario Clarín, muestra que Davis se ofreció a prestar servicios de “asesoramiento especializado en blockchain e inteligencia artificial” de manera “ad honorem” al mandatario, bajo estrictas cláusulas de confidencialidad. Este hallazgo provee de sustancia documental a la investigación parlamentaria que lleva adelante el diputado Maximiliano Ferraro, quien calificó el acuerdo como “clave para legitimar a Davis y garantizar frente a terceros la participación del Presidente en la promoción del token”.
Detalles del acuerdo: smart contracts para el Estado y formación de funcionarios
El convenio, de cuatro páginas, detalla que el asesoramiento estaría dirigido al “entendimiento, análisis, implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras” para el Estado. Entre los puntos específicos se incluyen:
- Implementación de smart contracts (contratos inteligentes) para “simplificar procesos administrativos y contractuales, reduciendo costos operativos”.
- Digitalización de documentos públicos mediante tecnología blockchain.
- Creación de ecosistemas de innovación vinculados a la economía digital.
- Diseño de programas formativos en blockchain para funcionarios públicos.
Notablemente, el documento no menciona explícitamente a $LIBRA, pero establece el marco de colaboración tecnológica que precedió al lanzamiento del token. Davis se compromete a “mantener en secreto la información expuesta en este documento, guardarla bajo la más estricta confidencialidad”.
La contradicción política y la investigación en curso
“Queda probado que hubo una relación previa, directa y formal entre ambos. No fue algo casual ni un hecho aislado. Durante todo 2025, el Presidente negó ese vínculo y ocultó información de carácter público”, denunció Ferraro en redes sociales, donde compartió la exclusiva periodística.
La revelación llega a pocas semanas de cumplirse un año del colapso de $LIBRA, un token que se promocionó con supuesto respaldo oficial y que generó pérdidas estimadas en decenas de millones de dólares a pequeños y medianos inversores atraídos por el aura de legitimidad que le daba su asociación implícita con la administración libertaria.
Análisis cripto-económico: el patrón de “políticos legitimadores”
Desde la perspectiva de la economía política de las criptomonedas, el caso ilustra un patrón recurrente: figuras políticas o institucionales prestan su imagen para legitimar proyectos crypto, otorgándoles credibilidad ante el público general que desconoce los riesgos técnicos y regulatorios. El acuerdo muestra cómo, antes incluso del lanzamiento, se establecieron canales formales que podrían ser interpretados como un endoso implícito desde la máxima autoridad ejecutiva.
El documento también expone la vulnerabilidad del Estado ante consultorías tecnológicas no reguladas en un área tan especulativa y novedosa como blockchain. La promesa de “reducir costos operativos” mediante smart contracts contrasta con el daño reputacional y financiero posterior.
Con esta nueva evidencia documental, la comisión investigadora del Congreso amplía su campo de análisis hacia los vínculos preexistentes entre el poder político y los emprendimientos cripto, en un caso que combina presuntas irregularidades financieras, opacidad en la contratación estatal y el uso de tecnologías emergentes para proyectos de dudosa sustentabilidad.
