Lo que nadie dice sobre la crisis de Tierra del Fuego
02.05.2017
El Dr. Federico Rauch habló de las consecuencias de la aplicación del paquete de leyes diseñado por el Gobierno de Tierra del Fuego. Alertó sobre el incumplimiento actual y la posible caída de la ley 19640 y las nefastas implicancias para los fueguinos. Advirtió sobre el andamiaje que monta la AFIP para ejercer mayor presión fiscal sobre los ciudadanos y evidenció el peligro de la virtualización del dinero. Anticipó la discusión que se viene por el sostenimiento o la derogación del régimen de promoción industrial y económica y la distribución de la coparticipación federal de impuestos.
USHUAIA.- El sábado, a partir de una convocatoria de la Cooperativa Renacer, el abogado Federico Rauch analizó aspectos del contexto socieconómico y político de Tierra del Fuego. El régimen de promoción industrial y económica nació en 1972, cuando en la isla había 6 mil personas, de las cuales el 65 por ciento eran inmigrantes. Una de las finalidades de esa ley era poblar las latitudes australes de la Argentina y podría decirse que esa finalidad se cumplió ya que hoy hay 200 mil habitantes.
La crisis que atraviesa no sólo la Cooperativa Renacer, que paró su producción, sino toda la industria de Tierra del Fuego y todos los sectores de la sociedad fueguina, incluidas las pequeñas y medianas empresas y los ciudadanos comunes, se dio porque las condiciones de aquel entonces son diametralmente opuestas a las de ahora. Muchos factores inciden en esto, el principal es que la ley 19640 (constituida por dos regímenes en uno: un subsistema industrial y un subsistema económico) “simplemente dejó de cumplirse”, explicó el Doctor Rauch ante el público que se acercó a la planta, ubicada en Perito Moreno, a escuchar su exposición.
Esto viene provocando una reducción del poder adquisitivo. “La gente gana menos en términos reales, tanto los independientes como los asalariados, de lo que ganaba hace dos años. Hoy las mayorías en Tierra del Fuego han reducido su poder adquisitivo tanto en Río Grande, como en Ushuaia como en Tolhuin y no sólo los empleados estatales que conforman una proporción importante del mercado económico”, señaló.
Rauch indicó que tanto el volumen de dinero que viene a través del salario como el que ganan los comerciantes es lo mismo, la plata es una sola y en función de eso se preguntó cuánta plata hay en la isla. En este aspecto cuestionó que el Gobierno no haga estadísticas, que no haya un INDEC. “Hay sectores de fueguinos que hoy ganan menos del 60 por ciento de lo que ganaban hace dos años”, remarcó. “En la provincia nadie habla de economía, los políticos no hablan de economía, Bertone no les cuenta cuál es el plan económico que tiene".
En tal sentido señaló que "se supone que un gobierno tiene que tener un plan económico, si no se tiene un plan económico no se puede gobernar, gobernar es tener un plan, un proyecto. Eso implica sentarse a pensar. Los que no tienen un plan duran poco. El gobierno no ofrece un plan, no muestra un plan. Tampoco nadie habla de eso. No hay legisladores que expliquen”, acotó.
Rauch subrayó que la plata de todos los empleados y de todos los pequeños comerciantes va a parar a los intermediarios y al fisco. “Una gran parte de la proveeduría que tienen las personas independientes, incluyendo los profesionales y pequeños comercios, se abastece de unos pocos importadores en el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego. La diferencia que existe entre el resto del país y Tierra del Fuego aquí empieza. Los que dicen que hay ajuste, y lo hay en todo el país, tienen razón pero no es el mismo ajuste porque las condiciones económicas, sociales y políticas y de mercado en Tierra del Fuego son diametralmente distintas a las de la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, San Luis, la Ciudad de Buenos Aires. No jugamos el mismo juego".
Sin embargo alertó, "nos están acercando, nos están quitando los beneficios y las exenciones que tiene la 19640, nos vamos igualando con el resto del país pero esa igualdad está muy lejos todavía de lo que podría ocurrir si la 19640 realmente fuera derogada”.
Según explicó el letrado, de los dos subregimenes el más importante es el de promoción económica. Este fue sufriendo cambios desde la crisis del año 2000 cuando ciertos formadores de precios (o para decirlo en términos técnicos, ciertos importadores del Área Aduanera Especial) tomaron la decisión de apropiarse de los beneficios de la mayoría. Un ejemplo de esto son las automotrices globales.
Rauch explicó que el régimen de promoción económica significa que los consumidores finales tenemos el derecho a estar exentos de la carga fiscal nacional (IVA –Impuesto al Valor Agregado 21%; ganancias 35%; bienes personales como casas, depósitos, autos, y otras cargas como por ejemplo las aduaneras). En este último aspecto ejemplificó que “si el arancel aduanero es del 35 por ciento del valor de la cosa que se importa, no lo deberíamos pagar”. Indicó que además hay otro impuesto, que es el más viejo del país, y es el interno. Los impuestos internos, en muchos casos son más grandes que el IVA. Todos los bienes que se llaman suntuarios pagan este impuesto que no se ve porque no se puede discriminar ni facturar pero que puede llegar al 140 por ciento.
El abogado hizo hincapié en que desde hace muchos años los formadores de precios de la isla (los grandes importadores, los que importan vehículos, alimentos, las grandes cadenas de supermercados) “se han estado apropiando del Régimen de Promoción Económica de manera tal que en la práctica ese dinero no llega a nosotros sino que queda se lo quedan ellos, los formadores de precios”. Ellos deciden cuánto valen las cosas. “Sucede que a lo largo de los últimos quince, veinte años, muy progresivamente nos han ido quitando, se han ido apropiando de esas exenciones”, reiteró.
En este sentido comentó que los formadores de precios suben los precios y se apropian de esa diferencia y no transfieren la exención al consumidor. En este punto enfatizó que la ley 19640 dice que el que consume o utiliza el bien es el que está exento y no el intermediario. El intermediario está exento de su propia ganancia pero no de la cascada de impuestos que le corresponde al consumidor. “Todo eso se perdió por eso nosotros hoy tenemos un costo de vida equivalente o mayor que el que hay en otras provincias”, comentó.
La mayor presión fiscal del mundo
Además de las exenciones al consumidor final que son burladas por los formadores de precios o intermediarios, a partir de la puesta en vigencia del paquete de leyes (diseñado por la gestión de la gobernadora Rosana Bertone y aprobado hace dos años por la Legislatura fueguina) se ha incrementado de manera exorbitante la presión impositiva sobre los fueguinos.
Indicó que “hoy se está aplicando menos del 30 por ciento” del paquete de leyes ya que “si la estructura de ese ajuste se aplicara al cien por cien, explota”. Las implicancias del paquete de leyes se van a notar en dos años más ya que su aplicación va a ser progresiva: “implica un reacomodamiento de las reglas de juego sobre los asalariados especialmente del sector público pero también del sector privado, con una presión fiscal más alta, vamos a pagar más impuestos, de hecho ya los estamos pagando, los impuestos que cuentan, el impuesto inmobiliario, la patente del vehículo, el gas, la electricidad, el agua”.
El letrado sostuvo que “estamos hablando de la mayor presión fiscal del mundo y de la más alta de Latinoamérica lejos”.
“En los últimos años hemos visto aumentado lo que le tenemos que pagar a la clase política, al Estado. No menos de un 60 o 70 por ciento como mínimo, en servicios estamos pagando hoy, después de haber hecho amparos, terminamos pagando 400 por ciento 4 veces más y acá en la provincia no pagamos más porque tenemos una ley que lamento decirles tiene fecha de vencimiento. Dentro de dos años y medio, si esa ley no se renueva, se cae esta exención y no les quiero explicar lo que vamos a tener que pagar de gas. Sería casi imposible de pagar, no habría forma de pagarlo. Hoy sobre estos aumentos están teniendo un descuento neto del 80 por ciento aunque no lo crean y aun así estamos pagando cuatro o cinco veces lo que pagábamos hace dos años”, advirtió.
El andamiaje informático y tecnológico que se está montando para empezar a cazar ratones
Para garantizar el cumplimiento de la presión fiscal, se está montando “un andamiaje informático y tecnológico que se está montando para empezar a cazar ratones”, señaló Rauch y enfatizó que este “montaje” está siendo administrado y manejado por Luis María Capellano (secretario de Ingresos Públicos de Tierra del Fuego) que “está imputado en una causa federal por coimas, junto con Echegaray y otros, por pedirle beneficios a los productores de la provincia de Buenos Aires”, un hombre que “viene de la AFIP, trae toda esa tecnología y la coloca acá adentro, obviamente no gratis”.
Esto significa que va a haber un control mucho más preciso, dijo Rauch y se preguntó si eso es bueno. Apuntó que “en teoría es bueno siempre y cuando no me implique la imposibilidad de continuar ganándome la vida. Si el control es bueno pero la tasa de imposición es muy alta trabajamos para la política y no para nosotros. Y lo mismo pasa con los salarios”.
“Se acabaron los papelitos, el control es directo online, ellos saben lo que hacen los ciudadanos las 24 horas, no tienen que preocuparse ellos, no hay personas mirando hay máquinas, máquinas que no tienen feriados, que no tienen horas extras, que trabajan las 24 horas y que generan bases de datos con las cosas que ustedes hacen, en qué cosas gastan la plata, cuántos impuestos pagan. Toda esa parafernalia ¿para qué se hace en Tierra del Fuego si en Tierra del Fuego no se deberían pagar impuestos nacionales? ¿No se estará haciendo porque se prevé que en un futuro sí habrá que pagarlos y es conveniente implementar una interfase de interconexión entre el fisco provincial y el fisco nacional”, alertó el abogado.
Otra acechanza, la virtualización del dinero
El doctor Rauch habló también de las disposiciones cada vez más inflexibles para evitar que el dinero llegue a manos de los trabajadores y de los comerciantes y sea manejado por el fisco y los intermediarios. Entre otras cosas comentó que la AFIP ha dispuesto ahora que los comerciantes no pondrán vender ni cobrar en efectivo aunque la ley no lo expresa así sino que establece la obligatoriedad de poner un PostNet.
Refirió un antecedente peligroso en cuanto a la virtualización del dinero. Dijo que en Uruguay, en diciembre, se dictó una ley que tiene un capítulo referido al dinero virtual y en uno de sus artículos dispone que a partir del primero de marzo de este año ningún empleador podrá pagarle a su empleado en efectivo. “Todos los salarios tienen que ser virtuales. Es decir tienen que estar depositados virtualmente en el banco que es de ellos”, señaló.
“El dinero físico está íntimamente vinculado a la libertad y la libertad es vinculada a todo lo demás, a cómo voto, a cómo educo a mis hijos, en dónde vivo a si puedo circular, cuándo y cómo. Si ustedes tienen en el bolsillo cien pesos son de ustedes, no los tiene el banco. No tienen su DNI, ni su cara, son cien pesos anónimos. Esos cien pesos no pueden ser vigilados, seguidos. Eso quiere decir que la posesión de la propiedad está en manos de ustedes. Cuando yo virtualizo el dinero en términos de una tarjeta de crédito o débito todo eso desaparece ?evaluó? ¿Quién tiene el dinero? El banco, no ustedes. Ustedes van al banco y le piden dinero y si la tarjeta no se les rompió, si el pibe que arregló la máquina del cajero automático lo hizo bien y si tiene plata pueden que reciban plata y sino no y si a alguien se le ocurrió decir que están trabados, como por ejemplo a la AFIP o a Capellano, ustedes se quedan sin plata y no tienen con qué comer. Quien posee es el que tiene el poder, el que no posee tiene que pedir permiso, es básico. Sin embargo la magia de los bancos nos marea con la comodidad del celular y todo lo demás, hasta que perdemos la noción básica de lo que es ser dueño de algo”.
Después de las elecciones se empieza a definir el futuro de Tierra del Fuego
Rauch recordó que una de las discusiones que estaban en carpeta y que quedó congelada era la mencionada por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que se había reunido con los gobernadores para dar inicio a una ronda de conversaciones que tenía que ver con la ley de coparticipación federal. Explicó que esa ley es llamada “la Ley de Leyes” porque establece cómo se va a repartir la plata que recauda la AFIP, entre todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. “Es la clave, es donde está el billete, donde está la caja”, remarcó.
El letrado consideró que el próximo año es probable que se discuta la ley de coparticipación que tiene que ver con nosotros. “La ley 19640 es un espejo de la ley de coparticipación federal, dependiendo de quiénes se sienten a representar a la provincia de Tierra del Fuego, de qué diputados, de qué senadores y de qué gobernadores y de qué asesores tengamos el año que viene. Se va a empezar a jugar de una manera muy definitiva el destino y el futuro, el perfil de la provincia de Tierra del Fuego. Acá hay dos provincias posibles, una provincia sin ley 19640 y con un puntito más de coparticipación o una provincia con ley 19640 y la misma coparticipación o menos incluso pero con ley funcionando”, anticipó.
Ley 19640 y coparticipación
“¿Qué va a pasar si esto no se arregla, si se cambian las reglas del juego, si se quitan los beneficios establecidos por la 19640 y no se compensa eso con suficiente coparticipación?”, preguntó Rauch al auditorio y enfatizó que hay una diferencia fundamental entre la ley 19640 y la coparticipación. La coparticipación la entrega el Gobierno nacional al político de turno en Tierra del Fuego mientras que la ley 19640 funciona al revés, es decir, esa plata está dentro del poder adquisitivo, del bolsillo del consumidor, se reparte automáticamente sin necesidad de un político en el medio. “Esto que quiere decir, que el político de turno tiene un incentivo para negociar con Nación. Si le dicen terminemos con la 19640 porque al fin y al cabo los beneficios se los están llevando gente que vive en Buenos Aires, son cinco flacos que forman los precios, los importadores, se terminó, entonces derogamos todo y a vos a cambio te doy un punto más de coparticipación ¿ustedes qué creen que va a decir el político?”, preguntó. Agregó que más puntos de coparticipación significan más para el político de turno “porque eso es más plata para él, porque en la cabeza del político esa plata es de él”.
El abogado consideró que sería necesario incrementar demasiado la coparticipación para compensar la caída de la ley 19.640. “Ahí hay un juego que va a venir y es muy importante en términos de lo que va a pasar el año que viene si se define ese modelo. Yo creo que va a ser duro que lo definan porque aun queriendo los números no le van a dar, no es un punto, según los cálculos que he hecho para compensar esa caída tendríamos que hablar de una decena de puntos y eso las demás provincias no lo van a aceptar. Entre eso y la otra punta hay mucho para decidir se puede hacer una media. Se puede avanzar progresivamente con el impuesto a las ganancias”, analizó.
Fuente: Tiempo Fueguino