Puerto de Ushuaia: la intervención de la ANPYN cumple seis meses bajo sospechas de desvío de fondos y opacidad
14.07.2026
La gestión federal de la terminal portuaria llega a su primer semestre sin presentar auditorías, con decisiones operativas contradictorias y bajo el ojo de la provincia por derivar recursos a una empresa estatal nacional en proceso de disolución.
Puerto de Ushuaia: la intervención de la ANPYN cumple seis meses bajo sospechas de desvío de fondos y opacidad
Al cumplirse seis meses de la intervención del Puerto de Ushuaia por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), la administración federal de la terminal más austral del país afronta severos cuestionamientos por inconsistencias operativas y un cerrado hermetismo financiero. La medida del Ejecutivo nacional, iniciada el 22 de enero de 2026 mediante la Resolución 4/2026, se justificó bajo un diagnóstico de supuestas deficiencias estructurales y de seguridad que ponían en riesgo la operatividad.
Sin embargo, los datos de la última temporada de cruceros contradicen los argumentos oficiales de la intervención: el periodo concluyó con niveles récord de actividad y sin registrar un solo incidente logístico o de seguridad. La principal contradicción técnica de la ANPYN se evidenció con la clausura del muelle secundario de catamaranes bajo el argumento de "daños estructurales". La operatoria de estas embarcaciones fue trasladada de urgencia al muelle comercial, precisamente el sector cuya supuesta falta de seguridad sirvió de pretexto técnico para desplazar a la administración provincial por un plazo de 12 meses.
En el plano administrativo y financiero, la opacidad es total. Tras medio año de control federal, la ANPYN mantiene bajo estricta reserva los datos de ingresos, egresos y las contrataciones directas ejecutadas en la terminal. El reclamo por la falta de publicación de las auditorías prometidas al inicio de la gestión ya no solo proviene de la prensa local, como el Comité Editorial de El Diario del Fin del Mundo, sino que ha comenzado a articularse como una demanda transversal de legisladores provinciales y operadores turísticos de Tierra del Fuego.
El punto más crítico de la gestión radica en el destino de los recursos genuinos que genera el puerto de Ushuaia. Según registros internos, la recaudación y administración de estos fondos fue derivada a la órbita de la Administración General de Puertos (AGP), una sociedad del Estado nacional que se encuentra actualmente en pleno proceso de disolución legal.
Esta derivación de divisas al centro del país, sumada al silencio de la intervención ante los pedidos de informes, ha tensionado al máximo la relación entre la Casa Rosada y el gobierno fueguino. Mientras el control federal de la terminal entra en su segunda mitad, la provincia evalúa acelerar las presentaciones judiciales para frenar lo que consideran un despojo liso y llano de sus recursos y de su soberanía portuaria.
Fuente: CONSENSO PATAGONICO
