Tierra del Fuego en jaque: Nación aprieta el torniquete y la Patagonia responde con soberanía

Tierra del Fuego en jaque: Nación aprieta el torniquete y la Patagonia responde con soberanía
 

Las políticas nacionales impulsadas por el gobierno central están dejando a la industria fueguina al borde del colapso. Con empresas paralizadas, trabajadores en incertidumbre y un entramado productivo que se desmorona, la provincia se convierte en símbolo de resistencia y defensa de la soberanía productiva. Desde Río Grande hasta Ushuaia, y con eco en toda la Patagonia, se levanta un consenso territorial que exige respeto, federalismo y futuro.

La industria fueguina atraviesa un momento límite que no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de una política nacional que desconoce la periferia y arrincona a las provincias. Las decisiones emanadas desde Buenos Aires golpean de manera directa al régimen de la Ley 19.640, columna vertebral de la soberanía productiva en el extremo sur del país. Lo que se presenta como “ordenamiento” o “reducción de privilegios” se traduce en fábricas paralizadas, beneficios fiscales anulados y exportaciones bloqueadas. El resultado es un entramado productivo que se desmorona y una comunidad que siente cómo se le arrebata el futuro.

En Río Grande, las plantas acumulan mercadería sin destino, los gerentes reconocen que no pueden vender ni exportar, y los trabajadores viven con la angustia de no saber si mañana tendrán empleo. La crisis industrial se convierte en crisis social: comercios vacíos, consumo en caída libre y familias que ven truncos sus proyectos. La provincia, que supo ser motor tecnológico y símbolo de arraigo, hoy enfrenta un abismo que no es casual, sino consecuencia de un modelo que concentra poder en el centro y desatiende la periferia.

Defender la industria fueguina es defender la soberanía productiva de la Argentina. No se trata solo de celulares o textiles: se trata de garantizar presencia nacional en un territorio estratégico, de sostener empleo en la frontera sur y de proyectar capacidades hacia la Antártida y el Atlántico Sur. Al desmantelar el régimen especial, la Nación no solo pone en riesgo la economía provincial, sino también la integridad geopolítica del país. La soberanía no se declama: se ejerce, y cada empleo defendido en Tierra del Fuego es un acto de soberanía.

La respuesta provincial ha sido clara: reuniones extraordinarias, actas de desacuerdo, pedidos de audiencia. Sin embargo, la Nación avanza sin medir daños, dejando a la provincia sin herramientas legales ni fiscales para sostener la actividad. El choque de voluntades desnuda una fractura en el federalismo argentino: mientras la provincia defiende la continuidad de la industria, el gobierno central parece decidido a desmantelarla. Esa falta de voluntad política se traduce en un mensaje contundente: la periferia no es prioridad.

Frente a este escenario, emerge un consenso patagónico. Gobernadores, sindicatos y organizaciones sociales de toda la región comienzan a articular un discurso común: la defensa de la soberanía productiva y del federalismo real. La Patagonia sabe de periferias olvidadas, y la crisis fueguina se convierte en símbolo de una lucha más amplia. Porque si la industria fueguina cae, toda la Patagonia pierde. Y si la Patagonia se une, puede convertirse en un bloque capaz de disputar sentido y futuro.

La épica de la resistencia se construye con frases que condensan el dramatismo del momento: “Estamos entre la espada y la pared”, “Nunca vimos algo así”, “La preocupación es real”. Son expresiones que no solo describen la crisis, sino que convocan a la acción. La sociedad civil amplifica la denuncia, los medios locales visibilizan la crisis y las redes sociales convierten la defensa de la industria en causa nacional. La narrativa se viraliza y logra instalar la idea de que lo que ocurre en Tierra del Fuego no es un problema aislado, sino un síntoma de un modelo que desconoce las periferias.

El futuro está en disputa. Puede convertirse en símbolo de resistencia y soberanía, o en ejemplo de abandono y desmantelamiento. La diferencia dependerá de la capacidad de la provincia y la Patagonia de sostener el consenso y presionar para que la Nación revierta sus decisiones. Porque lo que está en juego no es solo una política económica: es la integridad de un país que no puede darse el lujo de abandonar a sus periferias.

La crisis industrial de Tierra del Fuego marca un límite que no debería cruzarse. Perder una empresa, cerrar una planta, dejar a cientos de familias en la calle sería un golpe irreparable para la provincia y para la Nación. La defensa de la industria fueguina es defensa de la soberanía productiva, del federalismo y del futuro argentino. La Patagonia lo entiende y se une en consenso. La Nación debe escuchar, porque cada día que pasa sin soluciones aumenta el riesgo de colapso. Y ese es un límite que no debería cruzarse.

Las políticas nacionales impulsadas por el gobierno central están dejando a la industria fueguina al borde del colapso. Con empresas paralizadas, trabajadores en incertidumbre y un entramado productivo que se desmorona, la provincia se convierte en símbolo de resistencia y defensa de la soberanía productiva. Desde Río Grande hasta Ushuaia, y con eco en toda la Patagonia, se levanta un consenso territorial que exige respeto, federalismo y futuro.

Desarrollo unificado

La industria fueguina atraviesa su peor momento en décadas. Las decisiones nacionales, lejos de sostener el régimen de promoción económica que permitió el desarrollo de la provincia, han acelerado un proceso de desmantelamiento que amenaza con dejar a miles de familias en la calle. La Ley 19.640, columna vertebral de la soberanía productiva del sur argentino, se ve golpeada por medidas administrativas, judiciales y económicas que parecen diseñadas para arrinconar a las empresas locales.

En este contexto, la Secretaria de Industria y Promoción Económica, Alejandra Man, lanzó una advertencia contundente: “Las decisiones nacionales están empujando a Tierra del Fuego a un abismo industrial. Es el peor momento en décadas”. Su diagnóstico refleja la gravedad de un entramado productivo que se desmorona y una comunidad que siente cómo se le arrebata el futuro.

Las plantas acumulan mercadería sin destino, los gerentes reconocen que no pueden vender ni exportar, y los trabajadores viven con la angustia de no saber si mañana tendrán empleo. Man lo sintetizó con crudeza: “Hoy la empresa está entre la espada y la pared: o pierde todo, o cierra”. La crisis industrial se convierte en crisis social: comercios vacíos, consumo en caída libre y familias que ven truncos sus proyectos.

Defender la industria fueguina es defender la soberanía productiva de la Argentina. No se trata solo de celulares o textiles: se trata de garantizar presencia nacional en un territorio estratégico, de sostener empleo en la frontera sur y de proyectar capacidades hacia la Antártida y el Atlántico Sur. Al desmantelar el régimen especial, la Nación no solo pone en riesgo la economía provincial, sino también la integridad geopolítica del país. Man lo expresó sin rodeos: “Nación no tiene voluntad de sostener la industria fueguina”.

La respuesta provincial ha sido clara: reuniones extraordinarias, actas de desacuerdo, pedidos de audiencia. Sin embargo, la Nación avanza sin medir daños, dejando a la provincia sin herramientas legales ni fiscales para sostener la actividad. La secretaria lo explicó con precisión: “Esa decisión nos dejó sin herramientas. Hoy legalmente es una empresa afuera del régimen, y la provincia no tiene potestad para autorizar exportaciones con beneficios”.

Frente a este escenario, emerge un consenso patagónico. Gobernadores, sindicatos y organizaciones sociales de toda la región comienzan a articular un discurso común: la defensa de la soberanía productiva y del federalismo real. La Patagonia sabe de periferias olvidadas, y la crisis fueguina se convierte en símbolo de una lucha más amplia. Porque si la industria fueguina cae, toda la Patagonia pierde. Y si la Patagonia se une, puede convertirse en un bloque capaz de disputar sentido y futuro.

La épica de la resistencia se construye con frases que condensan el dramatismo del momento. Man lo expresó en contacto con sindicatos y gerentes de planta: “La preocupación es real. Y si esta situación no se revierte, puede convertirse en un gatillo que deje a muchas familias en la calle”. Son expresiones que no solo describen la crisis, sino que convocan a la acción. La sociedad civil amplifica la denuncia, los medios locales visibilizan la crisis y las redes sociales convierten la defensa de la industria en causa nacional.

El futuro está en disputa. Puede convertirse en símbolo de resistencia y soberanía, o en ejemplo de abandono y desmantelamiento. La diferencia dependerá de la capacidad de la provincia y la Patagonia de sostener el consenso y presionar para que la Nación revierta sus decisiones. Porque lo que está en juego no es solo una política económica: es la integridad de un país que no puede darse el lujo de abandonar a sus periferias.

La crisis industrial de Tierra del Fuego marca un límite que no debería cruzarse. Perder una empresa, cerrar una planta, dejar a cientos de familias en la calle sería un golpe irreparable para la provincia y para la Nación. Man cerró con una advertencia política: “Lo dijimos por escrito, estamos en total desacuerdo. Esto puede desembocar en la pérdida de una empresa. Y ese es un límite que no debería cruzarse”.

La defensa de la industria fueguina es defensa de la soberanía productiva, del federalismo y del futuro argentino. La Patagonia lo entiende y se une en consenso. La Nación debe escuchar, porque cada día que pasa sin soluciones aumenta el riesgo de colapso. Y ese es un límite que no debería cruzarse.

Fuente: CONSENSO PATAGONICO