Ley de emergencia previsional:Dietrich pidió la intervención del Tribunal de Cuentas por acreencias del Ejecutivo

Río Grande.-La directora de la caja de previsión Elisa Dietrich realizó esta semana una presentación ante el Tribunal de Cuentas, ante nueva deuda que habría generado el Ejecutivo provincial, correspondiente a la devolución acordada con ANSES del 15% de coparticipación mal descontada.
La directora de la caja de previsión aseguró que no ingresaron fondos en 2016 y 2017 correspondientes al 70% de los recursos obtenidos por la devolución de la detracción del 15% de coparticipación, acordada con ANSES. Recordó que se trata de fondos de “afectación específica” y, de la documentación colectada, surge solamente el aporte correspondiente a los tres municipios. También planteó al órgano de control que no fueron giradas las utilidades del Banco Tierra del Fuego durante el mismo período. Espera que se determine el monto para iniciar el reclamo, ante una “nueva deuda” que se habría generado con la caja.
 La directora de la caja de previsión Elisa Dietrich realizó esta semana una presentación ante el Tribunal de Cuentas, ante nueva deuda que habría generado el Ejecutivo provincial, correspondiente a la devolución acordada con ANSES del 15% de coparticipación mal descontada.
Según Dietrich estarían pendientes los recursos que ingresaron por este concepto en 2016 y 2017, y sólo hay registro de la parte que corresponde a los tres municipios. Tampoco habrían ingresado las utilidades del banco, siendo en ambos casos herramientas que aprobó la Legislatura en la ley de emergencia del IPAUSS 1068.
Por Radio Provincia, precisó que se trata de un incumplimiento del artículo 13 de la ley 1068, que establece que “el Poder Ejecutivo deberá asignar prioritariamente al IPAUSS o al organismo previsional que lo reemplace, las sumas que se generen como consecuencia de la devolución y cese de las detracciones y retenciones referidos en los artículos anteriores. La asignación de las sumas que correspondan a la devolución y cese, no podrán ser menores al setenta por ciento (70 %) de lo que ingrese al Tesoro provincial en dichos conceptos. El Poder Ejecutivo, al momento de la transferencia, imputará el concepto en que se deben aplicar los fondos; pudiéndolo hacer al pago de contribuciones vencidas, a cuenta de contribuciones futuras o pago de deuda consolidada, integrándolos en este último supuesto al fideicomiso establecido en la presente ley”.
“Durante el 2017 tratamos de hacer un seguimiento respecto de distintas acreencias que no han entrado a la caja, esto lo presenté en el presupuesto 2018 y lo planteé en la Legislatura provincial con un informe escrito, donde decía que en 2017 no entró un solo peso de los 160 millones de pesos del convenio 3002 entre el gobierno de la provincia y ANSES”, señaló sobre parte de la devolución que se realizó en ese período.
“Otro punto del que no entró un solo peso es por el artículo 4 de la ley 1068, que habla de las utilidades del BTF”, agregó, dado que dicho artículo establece que “las utilidades remanentes del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego deberán ser destinadas a cubrir déficit estacionales de caja del IPAUSS o el organismo que lo reemplace” y que “el Poder Ejecutivo, podrá destinar dichas utilidades al pago de contribuciones vencidas, a cuenta de contribuciones futuras o pago de deuda consolidada”.
“No ingresó nada al cierre del ejercicio de 2016, que remitieron en febrero o marzo de 2017 al gobierno de la provincia. Los importes que ya están cerrados como ganancia del ejercicio 2017 tampoco en 2017 se han imputado”, afirmó.
“Con respecto al artículo de la detracción del 15% de coparticipación, lo que pude corroborar a través de información que pude obtener, es que en el ejercicio 2016 y 2017 el Ejecutivo descontó el porcentaje a los tres municipios y está registrado que ingresó a la Caja. Cuando yo consulto respecto de la integración presupuestaria que debía hacer el Ejecutivo por el mismo concepto, no encontramos un solo peso”, aseveró. 
Dietrich manifestó que antes de recurrir al Tribunal de Cuentas había realizado un informe, “que presenté junto con una nota pidiendo el tratamiento del tema al Directorio, y que se incorporara al informe de la cuenta general del ejercicio de la caja; pero el señor Bahntje -presidente del organismo- rechazó esa posibilidad. Por eso presenté este martes una solicitud al Tribunal de Cuentas de la provincia, para que en el marco de la cuenta general de la provincia consolide e informe a la caja dónde imputaron los 160 millones de pesos del convenio de ANSES-Provincia, que eran fondos previsionales; y a qué imputó el gobierno las ganancias del BTF en los ejercicios 2016 y 2017”. 
El monto total que debió ingresar no está determinado: “Como son recursos que recibe el gobierno provincial, la caja solamente tiene los datos del dinero que entra y la integración de ese dinero la tiene que hacer el Poder Ejecutivo. En el informe de cuenta se registran aportes de los municipios pero no se registra integración por el Poder Ejecutivo”, reiteró.
“Yo entiendo que se ha generado una nueva deuda de parte del Ejecutivo hacia la Caja y por eso le pido al Tribunal de Cuentas que determine las acreencias impagas, que se convertirían en deudas del Ejecutivo a la caja, y nosotros como autoridades tenemos la obligación de reclamarlo”, manifestó.
El monto “es imposible saberlo, yo pedí la información a Fiscalía de Estado, que dijo que no la tenía; pedí la información al Ministerio de Economía, que no contestó; pedí la información a contaduría de la caja y no hubo respuesta. Cuando presento el proyecto de resolución para que se le exija al gobierno provincial que nos informe cuánto hubiera significado el 70% de la devolución de la coparticipación, y si quedaban saldos pendientes de rendición, el presidente -Rubén Bahntje- no acompañó la resolución. Envió una nota al Ministro de Economía solicitando información y lo que enviaron fue la misma información que teníamos, con la detracción a los tres municipios y sin nada de parte del Ejecutivo”, relató.

El rol de la Legislatura

La directora recordó que en el tratamiento del presupuesto en la Legislatura, intentó que se contemplaran estos montos, sin éxito. “El año pasado, cuando se trabajó en el presupuesto 2018, esto lo planteé por escrito. Lo planteé al directorio y a los legisladores, y les ingresé copia del informe a todos y cada uno de los legisladores. Les planteé que, si la Legislatura incluía en el presupuesto de la caja estos 160 millones de pesos y las utilidades del BTF, la ecuación del presupuesto 2018 iba a ser distinta. Sin embargo la Legislatura no acompañó esto y salió un presupuesto deficitario, que le dio pie a seguir al gobierno a recortando derechos a trabajadores y jubilados -con el segundo paquete de reforma-, justificando esto en el déficit previsional. Lo cierto es que el informe de la cuenta general del ejercicio 2016 ya dio superávit y el cierre de la cuenta del ejercicio 2017 también dio superávit. Por lo tanto, no había déficit real a diciembre de 2017 que justificara las modificaciones de las leyes que sacó la Legislatura”, alertó.
“Esto hoy ya está en manos del Tribunal de Cuentas, ya se remitió el informe del cierre del ejercicio 2017. En el tratamiento del presupuesto se simuló una situación deficitaria de la caja, pero en la ejecución se demuestra que en realidad el ejercicio 2017 fue superavitario, aun sin que ingresaran los fondos del Ejecutivo ni del BTF. No hubo un reclamo formal del presidente para que se incorporen estos fondos al presupuesto 2018 en la Legislatura, y tampoco hay un reclamo de los fondos al Ejecutivo”, cuestionó.
Remarcó que “son recursos de afectación específica que tienen destino previsional. Esa plata entró a la cuenta general pero no al presupuesto de la caja, por eso le solicito a los vocales del Tribunal de Cuentas que, en el marco del control de la cuenta general, el Ejecutivo deba informar en qué gastó esos 160 millones y las ganancias del BTF en 2016 y 2017, que no ingresaron a la caja; y que determine el monto total que debió haber remitido. Con esta conformación podremos saber de qué montos estamos hablando para iniciar el proceso de reclamo de esta deuda que ha generado el gobierno de la provincia”, dijo.

Descuentos a funcionarios y jubilados

Por otra parte, dio a conocer inconvenientes que han surgido a partir de la nueva ley de emergencia previsional -1190- que reemplazó a la 1068, y prevé el aporte adicional extraordinario del 5% por parte de “los funcionarios que ocupen la titularidad del Poder Ejecutivo yLegislativo, los ministros, secretarios de Estado, secretarios, subsecretarios y todo aquel activo o pasivo que tenga referenciado su haber con alguno de los cargos mencionados”.
La directora Dietrich no logró que el Directorio apruebe el pedido de reglamentación de este artículo, “porque hay pasivos a quienes se les descuenta cuando escasamente el haber supera los 40 mil pesos, porque estuvieron un corto tiempo en la función”, y en consecuencia su haber está referenciado al cargo.
“La ley habla de subsecretarios para arriba, pero pedimos una reglamentación para que se establezca un piso a partir del cual se haga el descuento, y que ese piso sea equivalente al haber de un subsecretario de gobierno. Esto se presentó, pero fue rechazado en el Directorio. La única argumentación del presidente fue que la ley está clara y no necesita reglamentación”, dijo.
Advirtió que “el directorio tiene la obligación de solicitar reglamentación de las normas cuando entiende que alguna de ellas puede tener una interpretación que no sea correcta, a los efectos de evitar que se lesionen derechos de los jubilados. Sin embargo el señor Bahntje actúa como representante del Ejecutivo en lugar de actuar como representante de los jubilados de esta caja. Me preocupa este punto por cómo se está interpretando y lesiona derechos de los jubilados que tienen haberes inferiores a los de un subsecretario”, indicó.

Afectación específica

Volviendo sobre las presuntas acreencias del gobierno, Dietrich remarcó que “la ley de emergencia previsional tuvo su origen en fortalecer el sistema y no que el gobierno provincial se hiciera de esos recursos, que son extraordinarios y tienen un fin específico, para su financiamiento. Entiendo que el Tribunal de Cuentas tendrá que determinar si existen o no acreencias y cuánto es el monto. Una vez que esto se resuelva, entiendo que se debatirá en la Legislatura para dar inicio al reclamo que corresponde al Ejecutivo para que remita a la caja los recursos que no envió a la fecha”, confió.
Consultada sobre la posibilidad de que se avance en un futuro en la entrega de la Caja, lo descartó, pero no así nuevas reformas: “No creo que se entregue la administración de la caja pero veo una Legislatura permeable a cualquier modificación de la ley previsional que le solicite el Ejecutivo. Esto viene de la mano de los cambios que pretende realizar el gobierno nacional en todo lo que tiene que ver con política previsional. Creo que las reformas no terminaron acá y mientras tengamos la obsecuencia política que tiene el gobierno provincial con el nacional, no estamos libres de que cualquier día vuelvan a modificar las leyes previsionales”, concluyó.

Fuente: Provincia 23