Uno de los principales reparos tiene que ver con el impuesto inmobiliario

Río Grande.El secretario participó de la convocatoria del viernes y estuvo trabajando con los equipos económicos. El punto central en el que no están dispuestos a ceder es el reconocimiento de la facultad de cobro del impuesto inmobiliario a la provincia. Ayer elevaron una contrapropuesta y ahora esperan la devolución del gobierno.
- El secretario de gestión y participación ciudadana del Municipio local, Federico Runín, se refirió por Radio Universidad 93.5 al trabajo realizado por los equipos económicos para llegar a un consenso respecto del acuerdo fiscal.
Recordó que el debate inició el viernes, “a partir de la convocatoria de la gobernadora Bertone a los municipios” y allí se realizó “la presentación del borrador de consenso fiscal”.
“Trabajamos todo el fin de semana sobre un convenio que nos entregaron. El viernes hubo exposiciones del área de Economía, el área previsional y la AREF. Se nos hizo un esbozo de los alcances y el impacto en materia económica en los ingresos en la provincia durante 2018 y los años siguientes”, sintetizó del encuentro en Casa de Gobierno.
“Luego se nos entregó un convenio que hemos ido trabajando con las áreas técnicas, con el secretario de finanzas Oscar Bahamonde, y hemos adelantado algunos puntos al ministro de economía. Ahora que conocen la postura del municipio, seguramente sobre eso versarán las reuniones que tendremos estos días”, estimó.
“Uno de los principales reparos que hemos manifestado desde el viernes tiene que ver con el impuesto inmobiliario, porque hoy está judicializado, y en el acuerdo se propone un convenio de recaudación y coparticipación de este impuesto, en sintonía con lo que estipula la ley provincial 1075. Nosotros planteamos lo que estipulan las cartas orgánicas municipales, y en 2016 se decidió por ordenanza no adherir a la ley 1075 por considerar que atenta contra la autonomía municipal. El impuesto inmobiliario es de competencia municipal y este modelo de convenio, tal como está escrita la cláusula, implica reconocer la facultad de cobro en cabeza de la provincia”, manifestó.
“Hemos transmitido estas consideraciones al ministro de economía, a Luis Capellano y la señora gobernadora. Es uno de los puntos más importantes de este convenio”, reiteró Runín.
También se solicitó ayer que se ampliara la información sobre los alcances de la adecuación relacionada con el sistema previsional, “porque el borrador propone un acuerdo de las partes para llevar adelante las reformas necesarias para encauzar la emergencia. Nosotros adelantamos vía mail un pedido de aclaración sobre las reformas para las cuales se está pidiendo acompañamiento, porque en esta cláusula se reconoce un déficit de dos mil seiscientos millones de pesos proyectado en forma trianual”, dijo.
Según el presidente de la caja Rubén Bahntje, de no haber acuerdo para prorrogar la emergencia previsional, se aplica el artículo 23 de la ley 1070, que implica un descuento automático de 535 millones a los municipios, si bien la administración Melella no se vería afectada: “Nosotros solicitamos que se nos aclare esta cláusula del convenio y pedimos que se tenga en cuenta que el municipio de Río Grande hoy registra superávit en materia de jubilaciones, por datos al mes de octubre. Esto quiere decir que, del total de aportes y contribuciones que transfiere el municipio al sistema previsional y lo que demanda el costo del personal pasivo, se registra un superávit de alrededor de seis millones de pesos”, aseguró.
“Lo que pedimos es que esta situación de superávit sea valorada de otra manera, con respecto a los demás organismos que generan déficit en materia previsional, porque refleja un manejo ordenado de las finanzas”, resaltó.
El funcionario no ve mayores complicaciones para el Municipio, de cara a las pautas del pacto fiscal en sí, sin las añadiduras del gobierno. “La situación financiera es altamente saludable y tiene que ver con las cuentas claras que se han ido manejando en todo este tiempo, no desde dos años atrás sino en los seis años que Gustavo Melella está a cargo del municipio”, sostuvo.
Este debate no impedirá avanzar con la aprobación del presupuesto municipal, que “tiene una estimación de ingresos y gastos acorde al 2018. El impacto de la firma del consenso fiscal se generaría a partir de los años sucesivos y no estaría reflejado en 2018”, explicó.
“Cuando se habla del impuesto a los sellos, tendría algún tipo de incidencia durante el 2018, por lo que nos explicaron el viernes, y por eso planteamos que las compensaciones que haga el estado nacional por los recursos que no van a ingresar el año próximo, sean coparticipables”, apuntó.
En resumen, el acuerdo incluye impuesto inmobiliario, régimen previsional, ingresos brutos y sellos, y los municipios agregaron el pedido del goteo automático, “porque es una herramienta que sería de suma importancia para la planificación en materia financiera del estado municipal”, dijo Runín.
Hoy se reúnen a las 15 horas en Ushuaia y la expectativa es “tener una devolución de lo que hemos planteado y las consideraciones que se han trabajado, en resguardo de los recursos municipales, todo bajo el paraguas de la carta orgánica municipal”.
Agregó que “esto se conversó con los concejales”, dado que se reunieron ayer al mediodía. “Lo primero que hicimos por la mañana fue convocarlos para explicarles los alcances de este convenio que nos entregó el viernes el gobierno. Informamos sobre los puntos en que estamos trabajando y la mayor preocupación de los concejales pasa por la autonomía municipal y el respeto a la carta orgánica”, afirmó.
Insistió en que “la situación de las finanzas es altamente saludable y esto hace que no tengamos en este momento que estar pensando en reducción de personal ni en alguna medida restrictiva hacia los agentes municipales. Esto lo explicó nuestro secretario de finanzas en la reunión. Ahora vamos a esperar la devolución y los resultados, y apenas los tengamos tendremos mayores novedades”.
Aclaró que “de haber acuerdo, debe pasar por el Concejo Deliberante”, además del trámite en la Legislatura provincial. “Cualquier cuestión vinculada con este convenio será tratada en los ámbitos legislativos correspondientes, tanto a nivel provincial como local”.
Finalmente agregó que en el planteo municipal no quedó afuera la deuda de coparticipación del gobierno. “Para nosotros debe ser parte de esta negociación fijar plazos de cumplimiento en el pago de las deudas tributarias que mantiene el gobierno de la provincia con el municipio, además de la deuda de coparticipación. Nosotros tenemos algunas sentencias firmes en contra del estado provincial por tributos municipales y hemos propuesto establecer un plazo para que estos montos se paguen cuanto antes. Son nuestras propuestas y vamos a esperar la devolución para ver si podemos avanzar o no”, concluyó.

Fuente: CONSENSOPATAGONICO