Miles de riograndenses salieron ayer a la calle para Defender los derechos, los puestos de trabajo y por la soberanía

Río Grande.- La movilización sorprendió por lo numerosa, a pesar del feriado largo. Diferentes organizaciones gremiales, entre las cuales se destacaron la UOM y ATE por el número de participantes; sociales; políticas; barriales y estudiantiles; se dieron cita pasado el mediodía en la Plaza de las Américas, para reclamar por “la defensa de los puestos de trabajo, nuestros derechos y la soberanía”. 

 

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— consensopatagonico (@consensopatagon) 21 de noviembre de 2017

 

Luego de la apertura del acto, se leyó un documento conjunto elaborado por la Multisectorial de Río Grande, que íntegramente expresa: “Nosotros, estudiantes, obreros, docentes, combatientes y artistas; mujeres y varones que habitamos la provincia más austral del mundo, la que territorialmente representa la misma dimensión que Sudamérica completa, venimos a manifestarnos contra todas las políticas que tanto los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, de los Municipios, de la Provincia y de la Nación, buscan someter a un gran empobrecimiento de nuestro Pueblo.
Nuestra historia nos obliga a tomar acciones claras y contundentes, lo que significa defender la posibilidad de vivir dignamente en el lugar que decidimos habitar. Por esta razón, las distintas organizaciones convocadas en la Mesa Multisectorial por la Soberanía venimos a presentar este documento unificado acerca del grave impacto que las decisiones políticas generan en nuestra sociedad. Estas decisiones que siguen lineamientos foráneos y los intereses de la elite que hoy cogobierna el País.
Este no es un mero grito desesperado como tantos otros que venimos dando. Esta es la conclusión a la que hemos arribado las organizaciones y el punto de partida del debate y las acciones que consideramos necesarias en todos los ámbitos de nuestra Provincia.
Las políticas extorsivas que vienen aplicándose son parte de un plan para despoblar la Isla. Una maniobra que venimos anticipando y que se profundizará hacia todos los sectores del trabajo, sean públicos o privados. La misma tendrá una verdadera resistencia si somos capaces de identificar las problemáticas comunes y los responsables políticos juntos a sus cómplices -por omisión o por participación directa- del sector empresarial, de los burócratas sindicales y de la justicia corrupta que los legitima.
El Gobierno avanzó a fondo. Ahora o nunca. Con un ritmo aún más ágil que las políticas nefastas de la década del 90´; gobernando por decretos; con aumentos a las tarifas de los servicios esenciales; endeudándonos como nunca antes y colocando como garantías nuestros recursos naturales. Avanzó también persiguiendo a los pueblos originarios; asesinando a Santiago Maldonado; recortando presupuestos a los estudiantes. Se lleva todo por delante, sin respetar paritarias; congelando salarios; criminalizando las protestas y encerrando dirigentes de forma ilegal. Un Gobierno con funcionarios corruptos y que forman parte del directorio de las multinacionales; haciendo del estado un negocio.
La reforma laboral que sentencia la relación entre el patrón y el trabajador a las condiciones del mercado, según la llamada competitividad, impone banco de horas, jornadas de trabajo más largas, indemnizaciones más bajas y precarización en los modos de contratación como monotributos o pasantías con sueldos miserables. Además reconvierte Convenios Colectivos de Trabajo en manuales de producción adaptados a las necesidades de las patronales con la anuencia del Ministerio de Trabajo, el verdugo de las trabajadoras y los trabajadores.
Todo esto sumado a la reforma previsional, que alarga el plazo para jubilarnos, baja el ingreso, aún más, de nuestros adultos mayores, son ni más ni menos que el cumplimiento de las políticas neoliberales que anticipábamos que este Gobierno nacional llevaría a cabo.
Los jubilados de Tierra del Fuego siguen financiando gratuitamente al Anses a través de las detracciones de la Coparticipación Federal. Durante este año con el 9%, en 2018 con el 6% y el 2019 con el 3%.
Y por si fuera poco, en el Pacto Fiscal se prevé la renuncia de la Provincia al juicio contra la Nación por 3.200 millones de pesos.
La Caja de Previsión de la Provincia de Tierra del Fuego (CPSPTF), con aproximadamente 6.500 jubilados, viene de una historia triste desde sus inicios, no por responsabilidad de los trabajadores, sino por diversos gobiernos que fueron saqueando y desfinanciando la caja en complicidad con muchos legisladores que priorizaron sus propios intereses, bajando contribuciones y utilizando sus recursos monetarios a fines no contemplados.
El gobierno nacional que le perdonó las retenciones a la oligarquía sojera y las explotadoras mineras por el doble de lo que representa el costo fiscal que ellos dicen sobre Tierra del Fuego, es el responsable a través del proyecto de reforma tributaria –acordado entre Bertone y Macri- de que la extorsión continúe agravando la economía local a tal punto que nos dejará el desolador panorama de los años 90, donde la cantidad de operarios industriales superó apenas los 600.
Paralelamente a estas reformas, la gestión de Macri impulsa la Cobertura Universal en Salud que viene a privatizar el sistema actual de salud pública garantizado en nuestra Constitución, agravando aún más la realidad de los sectores vulnerables. Y, en Tierra del Fuego, a nuestro sistema de salud -que viene siendo duramente afectado por la falta de insumos y el bajo sueldo de los trabajadores- se lo condena a la tercerización. 
En esta misma línea se presentó el Plan Maestro. La oferta del gobierno de Macri para una Reforma Educativa, que contiene los principales aspectos de la reforma laboral en la docencia.
El objetivo central del Plan Maestro es poner la educación al servicio de las ganancias empresariales, a costa del vaciamiento de la escuela pública y de la liquidación del Estatuto del Docente.
Este Plan es la más profunda reforma hacia la flexibilidad laboral pero, sobre todo, la puerta de entrada a la aplicación de políticas de ajuste pedagógico a nuestros alumnos.
Esta reforma pretende la imposición de una ideología profundamente neoliberal y economicista en la que los alumnos de la escuela pública deberemos acostumbrarnos a vivir en la incertidumbre.
Las medidas económicas enmascaran el achique del Estado bajo el título de modernización y optimización, dando paso a un modelo liberal que instala la privatización de los servicios públicos; especula con la destrucción del modelo de Estado que tenemos y abre la puerta a un mecanismo perverso que restringe el acceso libre del Pueblo a la Salud y la Educación.
Para este fin, en la ciudad de Buenos Aires se contrataron consultoras que analizan sectores, estudiando el desempeño de los trabajadores. Desde el Ministerio de Modernización ya hablan de un sobrante de miles de trabajadores -solo en la Administración Pública Nacional- afectando directamente organismos muy sensibles como lo son el PAMI y la ANSES, garantes de la seguridad social, casualmente uno de los ejes de las reformas planteadas.
Esta misma fórmula podría implementarse en Tierra del Fuego para achicar la planta de la Administración Pública provincial en un gesto más de obediencia a Macri.
No olvidemos que Rosana Bertone creó las condiciones que garantizan el plan de ajuste de Mauricio Macri en nuestra Isla. El paquete de leyes votado en el mes de enero del año pasado y el endeudamiento son la muestra más clara de cómo Bertone allanó, en complicidad con la Justicia, el camino a las Reformas deseadas por el proyecto Cambiemos.
En este último tiempo hemos visto el crecimiento de organizaciones sociales y barriales que asisten con comedores a través de campañas solidarias, y según sus propios informes, la situación es más preocupante, trascendiendo cualquier sector o barrio por más marginal que sea. También abundan, como nunca antes, los vendedores ambulantes, llevando a la provincia a la cima de las estadísticas por crecimiento de la tasa de desempleo.
La inflación cercana al 22 por ciento en los principales productos de la canasta alimentaria sin dudas se incremente luego del duro aumento de las tarifas a los servicios básicos, que repudiamos en este mismo lugar en aquella movilización multitudinaria del 1 de junio del año pasado, y aún se sigue agudizando. Este mes aumentará el gas el 45% en promedio para los hogares y del 58% para los comercios, titulan los medios.
En un pacto fiscal -broche de oro para la complicidad de Bertone con Macri y sin consideración alguna sobre la equidad social- en Tierra del Fuego, por su zona desfavorable, por las bajas temperaturas y el impacto por el aumento del transporte y los costos en la producción local, esta medida agrava los casos sociales. A esto debemos sumarle que la Cooperativa Eléctrica pagó sin ni siquiera cuestionar, el IVA que por la ley 19.640 no debe pagarse y se lo trasladó a cada uno de los consumidores, sometiendo a cientos de familias a vivir calefaccionados a leña, abrazados a un tacho, quemando pallets. Una situación que no aparece en el registro de ningún Gobierno. 
El cierre de zonas comerciales casi completas y la caída de los puestos de trabajo en el sector abarcan más de 350 trabajadores desde comienzos del año 2016, llegando a un pico de un compañero despedido por día. Ya no hay empleados desocupados en el comercio, sino -en su mayor parte- trabajadores que pasaron a ser dueños porque invirtieron sus indemnizaciones pero que hoy cerraron las puertas, no tienen ingresos y han quedado endeudados, por tratar de sostenerse hasta el final.
Camiones parados y containers abandonados comienza a ser el triste paisaje del parque industrial de Río Grande y la Bahía de Ushuaia. A partir de los últimos años, producto de la apertura indiscriminada de la importación, los trabajadores del vestido vienen perdiendo más del 15 por ciento de sus puestos de trabajo. Las empresas están avanzando con despidos encubiertos y avasallando los derechos sindicales atacando a la conducción de la organización gremial. 
El sector industrial, que en gran parte motoriza nuestra vida económica, desde el 2015 viene perdiendo cerca de 4.000 puestos de trabajo. Producto de una extorsión entre elegir seguir perdiendo puestos o reducir el 30 por ciento el sueldo, los obreros y las obreras metalúrgicas, a partir de junio del año que viene tendrán los sueldos congelados.
Se presume que en dos años la falta de este incremento para compensar la inflación afectará con la pérdida del poder adquisitivo cercana al 50 por ciento, impactando considerablemente en los sectores más vulnerables, en los comercios, en la construcción, en el sistema de salud y la educación.
Aun sigue la frágil situación legal en torno al vencimiento del decreto presidencial sobre el subrégimen de promoción industrial a partir del año 2023 y mantiene en jaque los sueños de los fueguinos. El cambio de la transformación productiva -otro acuerdo entre Bertone y Macri- aún no muestra ningún brote verde. No hubo ningún incremento considerable de los puestos de trabajo de los otros sectores y lejos, muy lejos de Manaos en Brasil, la 19.640 no logra ser política de estado.
Desde siempre el presupuesto es considerado como la política puesta en números; esta regla general vale para todos los casos. El gobierno provincial con lo proyectado se afirma en la línea del endeudamiento sin proyectos para el tan mentado cambio de la matriz productiva. Vale recordar que ya la legislatura autorizó un endeudamiento de 200 millones de dólares que jamás ingresaron a la provincia y que esa operación se realizó con contratación directa y sin licitar.
Dado el monto de la operación se debería haber licitado, pero lo hizo con una empresa denunciada y sin ningún plan de inversión serio que justifique la entrega de los fondos de las regalías de la provincia por una década. Será una pesada “herencia” que dejará este gobierno al pueblo fueguino. El ManfreBertonismo avanza rápidamente en este camino protegido por la impunidad que les da la mayoría automática legislativa, el control absoluto de los órganos que debería controlar como la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas y sectores del Poder judicial; sin esa complicidad muchas de la aberraciones que viene llevando adelante este gobierno no se podrían haber concretado.
En términos de proyecciones serias no hay una sola letra en todo el presupuesto que justifique que este Proyecto sea aprobado. Si bien la Gobernadora se muestra como una “gestora” de obras lo cierto es que hasta el momento, son sólo promesas y spot publicitarios.
Todo esto solo puede ser posible con la llamada “polarizacion” a través de la apropiación de los medios de comunicación, censurando y persiguiendo a periodistas. Precarizando cada día más a los trabajadores de prensa. La angustia frente al futuro limita el ejercicio de un periodismo crítico en momentos de crecientes protestas sindicales y sociales, que son criminalizadas por los diferentes poderes estatales.
Se flexibiliza también la conciencia colectiva con las publicaciones de los grandes grupos mediáticos, que hacen un negocio de un derecho humano como es la comunicación.
En nuestra provincia se pretende privatizar los canales públicos y se avanzó con el recorte del contenido local en la transmisión de Radio Nacional. El pago de “sobres” y las malas condiciones laborales de los trabajadores bastardean la profesión y los trabajadores comprometidos a mostrar los acontecimientos que aquí enunciamos cada día tienen menos páginas donde poder publicar. 
Un ajuste de la magnitud que los gobiernos nacional y provincial están llevando adelante no sería posible con los sindicatos y organizaciones sociales trabajando en plena libertad. De modo que construyen un escenario de persecución y hostigamiento para disciplinar y amedrentar no sólo reprimiendo en las calles sino también, con la complicidad del poder judicial; arman un entramado legal para transformar en delito la legítima defensa de los trabajadores y el pueblo en general. Es así que en la provincia se llega a la condena, suspensión, exoneración, armado de causas y sumarios a los trabajadores con una vergonzosa impunidad a fin de neutralizar el activismo sindical con medidas como la prohibición de participar en manifestaciones públicas y de ingresar a edificios estatales, como la Legislatura e incluso las escuelas donde trabajan.
Solicitamos que el Estado cese en la persecución contra dirigentes sindicales como represalia por el ejercicio de su función de representantes de los trabajadores y en particular por el desarrollo de acciones como la huelga y la protesta.
Además exigimos que el Estado garantice la no regresividad en materia de derechos laborales y de seguridad social, que garantice el principio de autonomía sindical y se abstenga de intervenir en la vida democrática de nuestras organizaciones.
En este marco, de un Gobierno para unos pocos, se ha venido a profundizar el plan de entrega de nuestras tierras y recursos naturales. La Patagonia ha sido el blanco sistemático de los gobiernos de turno. No es casual la persecución que padecen los hermanos mapuches, ni la muerte del compañero Santiago Maldonado, mucho menos la detención de los compañeros que encabezan la conducción de ATE Río Negro al denunciar los oscuros negociados del gobernador de esa provincia. No es casual el ahogo financiero padecido por las trabajadoras y trabajadores de Santa Cruz, pero se profundiza con el pacto de gobernabilidad dónde las y los Diputados del Frente para la Victoria y Cambiemos, aprobando el Convenio de Asistencia Financiera, congela los salarios de los Estatales por dos años, la destrucción de los convenios colectivos y el procesamiento de los compañeros que defienden los derechos de cada uno de las santacruceñas y santacruceños. Neuquén y Chubut no escapan a los azotes del grupo empresarial Cambiemos, sufriendo ajustes feroces. La Patagonia toda está en riesgo y la intención es despoblarla. Tierra del Fuego no está exenta, siendo más grave aún teniendo en cuenta que es la provincia que acuna a nuestras islas Malvinas y su posición geopolítica es clave al ser la puerta de entrada a la reserva natural de agua dulce más grande del mundo, la Antártida. En nuestras venas corre la sangre de aquellos héroes de la Patagonia rebelde, de aquellos que luchaban por un país distinto y creían que defender el Estado era una causa de liberación nacional. Los trabajadores patagónicos no nos vamos a dejar arrebatar la esperanza ni a resignar nuestras conquistas.
Con la misma energía y contundencia que defendemos nuestros derechos soberanos sobre las islas Malvinas, las islas y territorios australes y Antártida, defendemos la permanencia de argentinos y argentinas de todas las edades que pueblan la provincia de Tierra del Fuego. Defendemos su permanencia y las fuentes laborales que permiten sostener y consolidar el polo industrial y tecnológico más importante del País.
Más vigente que nunca, reclamamos el mantenimiento de todas aquellas políticas públicas que garanticen el proceso de poblamiento y la puesta en marcha de todas aquellas que las profundicen, ya que cualquier acción en contrario, corre a favor de los intereses coloniales de los británicos y en detrimento de generaciones de argentinos que han invertido en un proyecto de Nación que se extiende y se ocupa de su destino de País bicontinental y bi-oceánico.
Los trabajadores y el Pueblo no dudamos que pronto se nos presentará la revancha y seguimos atentos, organizados y sobretodo trabajando en la máxima unidad a través de una sola consigna: la continuidad de todos los puestos de trabajo para conservar nuestro derecho a vivir en la Tierra del Fuego con dignidad, haciendo patria, defendiendo nuestra Soberanía con la experiencia de nuestros trabajadores, la energía de nuestros jóvenes y estudiantes, la creatividad de nuestros artistas y con la fortaleza de nuestros combatientes hasta lograr la victoria siempre”.

Fuente :Provincia23

Fuente: Consenso Patagonico