El oficialismo se encamina a derogar la ley que protege las acciones de la ANSES se transferia los activos del estado con ayuda de Massa y Bossio.

El oficialismo selló ayer con el massismo y, en parte, con el bloque Justicialista, un amplio acuerdo para garantizar la media sanción en Diputados de la ley ómnibus que contiene el blanqueo de capitales y el pago de juicios por actualización de haberes previsionales.

Ese pacto incluye la derogación de la ley que impide la venta de acciones en empresas privadas que componen el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), aunque con límites para su enajenación; la orden de avanzar en un acuerdo entre la Nación y las provincias por los déficit de las cajas previsionales; y, como novedad, incorpora la eximición del pago del Impuesto a las Ganancias para el aguinaldo que los trabajadores en blanco y de salarios más altos.

Increíblemente, tanto Bossio como Massa estuvieron a cargo de la ANSES y defendieron con uñas y dientes el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y las acciones que la agencia tiene luego de la expropiación de las AFJP. Ahora, ambos entregan en bandeja los activos que tiene el Estado para dejarlos en manos del mercado de capitales.

El proyecto extenso que envió el Poder Ejecutivo sufrió una avalancha de modificaciones, agregados y borrones, todos los necesarios para asegurarse los votos necesarios para conseguir la media sanción el próximo miércoles. En el oficialismo confiaban en que con esto queda saldado el capítulo más difícil del tránsito parlamentario del expediente. En el Senado, entienden, la inclusión en la iniciativa del acuerdo con los gobernadores por el reintegro progresivo del 15% de Coparticipación que retiene la Anses, a lo que sumaron la apertura de una negociación entre la Nación y las provincias por las deudas de las cajas previsionales, alcanzará para que el peronismo aporte la mayoría necesaria.

AÚN CON LÍMITES, SE ABRE EL CAMINO A LA VENTA DE ACCIONES DE PRIVADOS QUE INTEGRAN EL FGS

La clave para destrabar las negociaciones, que se dieron entre el oficialismo y la oposición toda la semana, lo dio la exención de Ganancias para el inminente medio aguinaldo, que sólo alcanzará a aquellos empleados registrados que no paguen Bienes Personales. Los que tributan por sus propiedades y que hayan cumplido con sus obligaciones los últimos dos años, ya estaban exentos en la redacción original para los períodos 2016, 2017 y 2018. También se sacó el artículo que eliminaba Bienes Personales a partir de 2019.

El acuerdo de PRO y Massa alcanzó también para frenar la resistencia del kirchnerismo y el bloque Justicialista de Diego Bossio a la venta de las acciones que la Anses tiene en varias e importantes compañías. Con la redacción final se eliminará la ley que exigía un aval parlamentario de dos tercios de ambas Cámaras para desprenderse de cualquiera de esos títulos. Lo que se agregó fue una cláusula que fijo un mínimo de 7% del total del FGS, que deberá estar conformado por acciones u obligaciones negociables de empresas privadas que coticen en el mercado de valores. Para perforar ese piso y vender más de esos títulos necesitará autorización del Congreso, aunque ahora con mayoría simple. Incluso podrá bajar de ese tope mínimo sin siquiera pasar por el Parlamento, en casos de Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) o canje de acciones por “fusión, escisión o reorganización societaria”.

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Provincias

Entre Massa y Bossio lograron introducir a la ley parámetros para que la Nación y las provincias que mantuvieron el control de sus cajas previsionales acuerden, en un plazo máximo de 120 días, cómo será la transferencia de fondos para cubrir su déficit. En cambio, las provincias que sí transfirieron al sistema nacional el pago de sus jubilados deberán ingresar a una moratoria de 90 meses para ponerse al día con sus deudas por aportes patronales, estimado en una cifra cercana a los 35 mil millones de pesos. Para acceder a este régimen deberán pagar, inicialmente, un mínimo del 10% del total de su deuda.

Entre los puntos acordados se decidió extender la moratoria previsional por tres sólo para mujeres, pero se dejó el mínimo de 65 años para acceder a la pensión a la vejez que crea la ley para ambos sexos. También se excluyó a los periodistas del alcance de las penas por divulgar información de los evasores que ingresen al blanqueo, lo que generó duras críticas al Gobierno, y los jubilados que ya cuenten con sentencia firme podrán optar por atenerse a ese fallo o ingresar al programa diseñado por Casa Rosada, que busca cerrar los litigios por actualización de haberes con un plan de acuerdos entre jubilados y la Anses, con fuertes quitas sobre lo que establecen los fallos de la Corte Suprema que hoy se utilizan para liquidar esos juicios.

Fuente: CONSENSO PATAGONICO