BUENOS AIRES – La Cámara de Diputados busca sancionar este miércoles el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares (N° 26.639), una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional y gobernadores aliados que modifica los criterios de protección del ambiente periglacial y permite actividades mineras en zonas hasta ahora estrictamente resguardadas.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, responde a un pedido de mandatarios provinciales que buscan captar millonarias inversiones mineras a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) , incluido en la Ley Bases sancionada en 2024.
¿Quiénes impulsan la reforma?
Respaldan la iniciativa los gobernadores de Catamarca (Raúl Jalil), San Juan (Marcelo Orrego), Salta (Gustavo Sáenz) y Mendoza (Alfredo Cornejo) , esta última provincia con el mayor desarrollo minero del país.
¿Qué cambia con la reforma?
Uno de los puntos centrales es que se elimina la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales. A partir de la reforma, se podrá autorizar el desarrollo minero siempre que cuente con una evaluación de impacto ambiental favorable.
Además, la iniciativa transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central. Los gobernadores podrán definir cuáles son las áreas periglaciares donde se permitirán inversiones mineras.
El contexto: la Ley de Glaciares vigente
La Ley 26.639, sancionada el 30 de septiembre de 2010, establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. También dispuso la creación del Inventario Nacional de Glaciares, que identifica glaciares a lo largo de 3.500 kilómetros de la cordillera de los Andes.
Los gobernadores críticos del inventario argumentan que está desactualizado y que atravesó problemas económicos por falta de financiamiento. Sus defensores, en cambio, sostienen que el inventario es una herramienta clave de protección.
El criterio científico como llave
Hasta ahora, la protección de un área periglacial depende de estudios técnicos que demuestren si cumple una función hídrica relevante. Con la reforma, si no se demuestra científicamente que el área aporta agua, podría quedar habilitada para su explotación minera.
Posturas enfrentadas
Organizaciones ambientalistas advierten que la reforma debilita la protección de los glaciares, fundamentales para el abastecimiento de agua en regiones como Cuyo y el norte argentino. Desde el oficialismo y las provincias mineras, en cambio, sostienen que la modificación permite un desarrollo económico responsable con evaluación de impacto ambiental.
