El gobierno de Tierra del Fuego deja sin subsidios al GLP a 13 barrios completos en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia.

Concluida la reunión en las oficinas de la empresa prestadora de la distribución de gas envasado, Gas Austral, en la Ciudad de Río Grande en donde los referentes barriales fueron convocados, la desilusión de al menos una veintena de ellos, de la ciudad de Río Grande, se va a canalizar en un plan de lucha y advierten:

«El gobernador y castillo nos están dando la espalda a los barrios populares en momentos en donde necesitamos de la solidaridad y el acompañamiento, no el de ajuste y mas quita de subsidios.»

«Deberían tener la valentía de habernos convocado los ministros de Melella, esos que mando a mentir una y mil veces a los barrios par que lo votemos, pero como no les da la cara ponen a Gas Austral como escudo, eso es de cobardes declarándonos la guerra»

Efectivamente, la empresa Gas Austral hace de «Barrera de contención» para mantener su negocio con el Estado y se presta para operaciones politícas para mantener su posición monopolica que el propio gobierno permite al no concluir las redes de gas natural en la provincia.

Los barrios sin ayuda del Estado y que pierden el subsidio

En un giro que evidencia una alarmante cobardía política, el Ministerio de Energía de Tierra del Fuego, bajo la cuestionable conducción de Gabriela Castillo, ha decidido ejecutar una maniobra de distracción que deja al descubierto la falta de coraje institucional.

Al mejor estilo de la doctrina de desentendimiento que pregona Javier Milei a nivel nacional, el gobierno de Gustavo Melella y sus funcionarios han optado por delegar en una empresa privada —Gas Austral— la tarea de comunicar y enfrentar la crisis que ellos mismos provocaron. En lugar de dar la cara ante los referentes barriales por la quita masiva de subsidios, el ministerio envió a la prestadora del servicio como «escudo humano», una táctica de tercerización de la responsabilidad estatal que abandona a los más vulnerables a su suerte.

El Tarifazo como herramienta de exclusión

La Resolución 205/26 una sentencia de pobreza energética. Al delegar la explicación de estos aumentos en las oficinas de una empresa privada, el oficialismo fueguino adopta el manual de la «mano invisible», pretendiendo que un derecho básico sea regulado únicamente por el mercado. Para diciembre de 2026, el precio del kilo de GLP subirá un 275%, pero la orden de esta asfixia económica no nació en una gerencia comercial, sino en los despachos de un ministerio que hoy se esconde.

Esta espalda al pueblo recuerda las peores épocas de privatización de la sensibilidad social, donde el Estado solo aparece para firmar el decreto y desaparece a la hora de las explicaciones.

Resolución 209/26: La segmentación del abandono

Mientras el Gobierno provincial se jacta de un discurso nacional y popular, la aplicación de la Resolución 209/26 demuestra lo contrario: una gestión que, mimetizada con el ajuste nacional, castiga al que menos tiene. La decisión de convocar a los referentes barriales a través de la empresa prestadora, y no desde la cartera de Energía, es un acto de rendición. Se le entrega a la lógica del lucro privado la potestad de decidir quién califica para el calor y quién no, segmentando barrios enteros como «excluidos» sin mediar un análisis humano de la precariedad habitacional. Es el triunfo de la burocracia sobre la empatía; un gobierno que «terceriza» el conflicto para no mancharse las manos con la realidad de los asentamientos.

El «Relato» de la Red y el Fin de la Gracia

La crueldad de la medida se potencia con la desidia en las obras públicas. Bajo el mandato de Castillo, se delegó en la desesperación de los vecinos la conexión a redes que, en muchos casos, no tienen la presión suficiente o están incompletas. Al establecer un plazo de apenas 90 días antes de quitar el subsidio por completo, el Estado provincial se lava las manos cual Poncio Pilato, dándole la espalda a familias que no pueden costear instalaciones internas de millones de pesos. Esta política de «sálvese quien pueda» es el fiel reflejo de una gestión que ha decidido que su responsabilidad termina donde empieza el costo político, transfiriendo la carga de la crisis energética a las espaldas de los fueguinos que hoy deben mendigar información en una ventanilla privada.

INVIERNO BAJO CERO Y BOLSILLOS AL LÍMITE EN EL FIN DEL MUNDO

La «Trampa del Gas»: Miles de familias fueguinas atrapadas entre el frío extremo y una quita de subsidios asfixiante

El Cronograma del Tarifazo: De la subsistencia a la exclusión

La Resolución 205/26 establece una escala de incrementos mensuales que no da respiro. Si en marzo de 2026 el usuario pagaba $80 por kilo, para diciembre ese valor se habrá triplicado, alcanzando los $300.

Para una familia tipo en los barrios altos de Ushuaia o en los asentamientos de Río Grande, un tubo de 45kg pasará de costar $3.600 a $13.500 al finalizar el año. Un lujo imposible en una provincia donde el gas no es una opción, sino una condición de supervivencia.

Resolución 209/26: La «Lupa» que achica el cupo

No solo aumenta el precio; la Resolución 209/26 introduce una segmentación territorial que recorta los kilos subsidiados.

• Zonificación Discrecional: Se divide a las ciudades en zonas Alta, Media y Baja. Los usuarios en «Zona Baja» verán sus cupos invernales reducidos a apenas 200kg, una cifra que resulta irrisoria para calefaccionar viviendas precarias que pierden calor rápidamente.
• La «Sentencia» de la Red: Aquellos que tengan red de gas frente a su domicilio pero no hayan podido realizar la conexión interna (por falta de recursos), solo tendrán 90 días de gracia. Pasado ese plazo, el subsidio será $0, condenando a cientos de familias a la desconexión total o al uso de peligrosas estufas eléctricas que disparan las facturas de luz.
• Barrios Excluidos: Localidades enteras como Costa Susana (Ushuaia), Eco Pueblo (Tolhuin) y Country San Justo (Río Grande) han sido borradas del mapa de beneficios, obligando a sus habitantes a pagar el precio de mercado en una economía ya castigada.

El Silencio Oficial y la Desidia de las Obras

Lo más grave de este escenario no es solo el número frío de la resolución, sino la realidad que oculta. Organizaciones vecinales denuncian que se han administrado más de $900 millones destinados a redes de gas que nunca se terminaron.

«Estamos pagando el precio de la ineficiencia estatal. Nos quitan el subsidio porque ‘hay red’, pero la red son solo caños vacíos frente a casa. No tenemos los dos millones de pesos que cuesta hoy una conexión interna», afirma un vecino del barrio Dos Banderas.

Mientras el Gobierno justifica la medida en la necesidad de «garantizar la sostenibilidad del sistema» y culpa a la Nación por el congelamiento de aportes, la realidad en las calles es de incertidumbre y temor.

Un escenario de emergencia social

La quita de subsidios al GLP en Tierra del Fuego no es una simple «adecuación tarifaria». Es una medida que ignora la geografía y la vulnerabilidad social. Con un recorte que baja el beneficio total de 2580kg a 1100kg anuales, el Estado provincial parece retirarse de su rol protector en el momento de mayor necesidad.

El invierno 2026 se perfila como uno de los más duros, no por el clima, sino por la frialdad de los decretos que dejan a miles de fueguinos al borde de la emergencia energética.