Milei confesó: Yo la mandé presa. Denuncias por abuso de poder y el fantasma del lawfare en la Argentina profunda

Milei confesó: Yo la mandé presa. Denuncias por abuso de poder y el fantasma del lawfare en la Argentina profunda

El presidente Javier Milei admitió haber decidido personalmente la prisión de Cristina Kirchner. La frase desató denuncias penales por intromisión en la Justicia y reavivó el debate sobre el lawfare. ¿Quién decide en la Argentina quién va preso?

“Soy el primer presidente que tomó la decisión de que Cristina Kirchner vaya presa”.

La frase, lejos de ser una opinión política, fue leída como una confesión institucional. En un país donde la división de poderes es la piedra angular del sistema democrático, el presidente se adjudicó una atribución que no le corresponde: decidir sobre la libertad de una ciudadana, exmandataria y figura central del escenario político argentino.

Denuncias penales y el artículo 248

Las reacciones no tardaron. Los abogados Gregorio Dalbón y Valeria Carreras presentaron denuncias por “abuso de autoridad”, figura contemplada en el artículo 248 del Código Penal. Este prevé penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación para funcionarios que ejerzan atribuciones que no les competen.

Dalbón, representante legal de Cristina Kirchner en causas civiles, fue contundente:

“Esta declaración institucional compone un relato de justicia subordinada al poder político”.

Carreras, por su parte, denunció una “intromisión explícita del Poder Ejecutivo sobre el Judicial”.

Lawfare: el fantasma que vuelve

El término “lawfare” —guerra judicial con fines políticos— volvió al centro del debate. La causa Vialidad, que terminó con la condena firme de Cristina Kirchner, ya había sido cuestionada por sectores que denunciaban parcialidad judicial. Ahora, con las palabras de Milei, ese relato cobra nueva fuerza.

La metáfora es clara: si la Justicia es un tablero, ¿quién mueve las piezas? ¿El juez o el presidente?

Impacto territorial: ¿qué significa esto en la periferia?

En regiones como la Patagonia, donde la institucionalidad suele sentirse lejana y la desconfianza hacia el poder central es histórica, este tipo de declaraciones resuenan con fuerza. La idea de que “todo se decide en Buenos Aires” se refuerza cuando el presidente admite haber tomado decisiones que deberían ser judiciales.

En Tierra del Fuego, por ejemplo, donde las causas por soberanía y persecución política tienen un peso simbólico, el caso genera inquietud. ¿Puede un presidente decidir quién va preso sin pasar por la Justicia? ¿Qué garantías quedan para los ciudadanos comunes?

Datos duros transformados en relato

• Según CIPPEC, el 72% de los argentinos desconfía del Poder Judicial.
• En encuestas recientes, más del 60% considera que la Justicia está influenciada por el poder político.
• En la Patagonia, esa cifra asciende al 78%, según un relevamiento de Consenso Patagónico.
• La frase de Milei no solo refuerza esa percepción: la institucionaliza.

Reacciones políticas y sociales

Desde el arco opositor, las críticas fueron inmediatas. Axel Kicillof calificó la declaración como “gravísima” y denunció una “persecución institucionalizada”.

Fuente: CONSENSO PATAGONICO