El combustible de la campaña: el Gobierno frena el aumento hasta después de votar

El combustible de la campaña: el Gobierno frena el aumento hasta después de votar

En plena cuenta regresiva electoral, el Gobierno Nacional decidió postergar el aumento de impuestos a la nafta y el gasoil. ¿Medida anticrisis o estrategia de campaña? El bolsillo patagónico, la soberanía energética y el termómetro social entran en juego. Tierra del Fuego y la periferia observan con lupa.

El surtidor como termómetro político

El 1° de octubre, mientras los argentinos ajustan el cinturón y los candidatos afinan sus discursos, el Gobierno Nacional anunció la postergación del aumento de impuestos a los combustibles. La medida, que debía aplicarse este mes según la Ley 23.966, fue trasladada al 1° de noviembre, justo después de las elecciones generales. ¿Casualidad? ¿Táctica? ¿Alivio temporal?

En un país donde el precio del litro de nafta puede definir el humor social, esta decisión no pasa desapercibida. Y menos en regiones como la Patagonia y Tierra del Fuego, donde el costo del transporte y la logística impacta directo en la vida cotidiana.

 Qué se postergó y por qué importa

La resolución oficial aplaza la actualización de dos tributos clave: el impuesto a los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono. Ambos deben ajustarse trimestralmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero esta vez el Ejecutivo optó por frenar el cronograma.

La justificación formal habla de “estimular el crecimiento económico en el marco de un sendero fiscal sostenible”. Pero en la práctica, significa que los surtidores no reflejarán el aumento previsto… al menos hasta que pase la elección.

 El impacto territorial: Patagonia y Tierra del Fuego en foco

En la periferia sur del país, donde los costos logísticos son estructuralmente más altos, cualquier variación en el precio del combustible se multiplica. No solo afecta el transporte personal, sino también el abastecimiento, la producción local y el turismo.

En Tierra del Fuego, por ejemplo, el combustible es clave para sostener la conectividad terrestre y marítima. La postergación puede ser vista como un alivio momentáneo, pero también como una maniobra que posterga el debate de fondo: ¿cómo se construye una política energética federal y equitativa?

 Micropricing y la estrategia de YPF

Mientras el Gobierno congela los impuestos, YPF sigue aplicando su sistema de “micropricing”, que permite ajustar precios de forma dinámica según demanda, competencia y flujo vehicular. Este modelo, más flexible y menos previsible, genera una sensación de volatilidad constante en los consumidores.

En zonas como Ushuaia o Río Grande, donde el flujo vehicular tiene picos estacionales, el micropricing puede generar aumentos silenciosos, sin necesidad de anuncios oficiales. ¿Es una forma de compensar la postergación fiscal? ¿O una estrategia para mantener márgenes sin agitar el clima electoral?

Lectura política: el combustible como variable electoral

No es la primera vez que el precio del combustible se convierte en una herramienta electoral. En años anteriores, distintos gobiernos han utilizado congelamientos, subsidios o postergaciones para evitar que el malestar económico se traduzca en votos opositores.

La decisión de aplazar el aumento hasta después de las elecciones refuerza esta lógica. El Gobierno busca evitar que el bolsillo sea protagonista del voto. Pero también corre el riesgo de que la ciudadanía perciba la maniobra como oportunista o cosmética.

Soberanía energética y modelo de país

Más allá del impacto inmediato, la postergación del aumento reabre el debate sobre el modelo energético argentino. ¿Qué rol juega el Estado en la regulación de precios? ¿Cómo se equilibran los intereses fiscales, ambientales y sociales?

El impuesto al dióxido de carbono, por ejemplo, tiene una dimensión ambiental que queda relegada en esta postergación. ¿Se puede hablar de transición energética si se frena el tributo que penaliza las emisiones?

En la Patagonia, donde se produce gran parte del gas y petróleo del país, estas preguntas tienen peso específico. La soberanía energética no es solo una consigna: es una necesidad territorial.

 El bolsillo como campo de batalla

En un contexto de inflación persistente, caída del poder adquisitivo y aumento de la pobreza, cualquier decisión que afecte el precio del combustible tiene repercusiones amplias. El transporte público, los alimentos, los servicios: todo se encarece cuando sube la nafta.

Por eso, la postergación puede ser vista como una tregua. Pero también como una bomba de tiempo. El 1° de noviembre, cuando se actualicen los impuestos, el impacto será doble. Y el humor social, ya sin urnas de por medio, puede volverse más crítico.

 ¿Y después de votar qué?

La gran incógnita es qué pasará después de las elecciones. ¿Se aplicará el aumento de forma escalonada? ¿Habrá nuevos congelamientos? ¿Se abrirá el debate sobre una reforma fiscal energética?

Fuente: COSENSO PATAGONICO