Caputo juega con fuego: el Estado se autofinancia con su caja chica y pone en jaque la sostenibilidad.

 

Caputo juega con fuego: el Estado se autofinancia con su caja chica y pone en jaque la sostenibilidad.

 

En una jugada que revela más urgencia que estrategia, Luis Caputo forzó a los organismos públicos a invertir sus excedentes de caja en títulos de deuda del Tesoro. Lo que parece una solución técnica es, en realidad, una maniobra con riesgos profundos: autodeuda, pérdida de autonomía institucional y un escenario fiscal cada vez más frágil. ¿Estamos frente a un nuevo experimento de contabilidad creativa o ante un síntoma de agotamiento político?

 

 

A veces, las decisiones económicas más arriesgadas se visten de tecnicismos. El decreto 425/2025, firmado por el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, establece que todos los organismos públicos —con algunas excepciones— deben destinar sus excedentes de caja a títulos del Tesoro Nacional. La medida, presentada como una “optimización del uso de recursos públicos”, es en realidad una estrategia de financiamiento que tensiona la frontera entre pragmatismo fiscal y deterioro institucional.

 

De la caja chica al financiamiento forzoso

En cualquier Estado moderno, los entes descentralizados o autónomos gestionan su liquidez con ciertos márgenes de maniobra. Sin embargo, esta resolución transforma esos saldos en materia prima obligatoria para sostener el endeudamiento del Tesoro. No es nuevo: Argentina lleva años utilizando mecanismos de deuda intraestatal. Pero lo que cambia es la intensidad y el carácter compulsivo del nuevo esquema.

 

El espejismo de la sostenibilidad

Desde el punto de vista contable, estas medidas alivian la necesidad inmediata de financiamiento externo o emisión monetaria. Pero en términos reales, no cambian la ecuación macroeconómica: la deuda sigue creciendo, aunque ahora esté escondida en pasivos cruzados entre organismos estatales. Es el “cuentapropismo” financiero del Estado.

 

 Riesgos institucionales: autonomía bajo amenaza

Cuando se obliga a organismos como la ANSES, PAMI, universidades o empresas públicas a colocar su liquidez en instrumentos del Tesoro, se erosiona su capacidad de acción. ¿Qué pasará si esos fondos son necesarios para pagar salarios, jubilaciones o mantener operaciones esenciales? Se somete la solvencia de estas instituciones a la incertidumbre de la política fiscal.

 

Advertencias internacionales: el espejo de Sri Lanka

El uso de mecanismos extrapresupuestarios y la opacidad en la contabilización del endeudamiento estatal ya fue alertado por el FMI y el Banco Mundial. En varios países emergentes, este tipo de estrategias desembocaron en crisis silenciosas que luego estallaron de forma abrupta. Argentina parece haber tomado ese camino, una vez más.

 

Riesgo sistémico: default interno y su efecto dominó

Una pregunta se vuelve inevitable: ¿qué ocurre si el Tesoro no puede honrar sus compromisos con los entes estatales? Más allá del daño económico, el impacto institucional sería devastador. El Estado se volvería “moroso consigo mismo”, y los servicios públicos podrían resentirse por falta de liquidez. La caja del Estado no es infinita, aunque se recicle a sí misma.

 

 La narrativa oficial: épica del ajuste, retórica del orden

El Gobierno intenta presentar esta medida como parte de una cruzada por el equilibrio fiscal. Pero más que una estrategia ordenada, parece un acto reflejo frente al colapso del financiamiento tradicional. Hay ajuste, sí. Pero también improvisación.

 Impacto federal: las provincias como financiadoras forzosas del ajuste Aunque el decreto no lo menciona explícitamente, muchas cajas provinciales y organismos descentralizados tienen vínculos con el Tesoro nacional o forman parte del ecosistema financiero del Estado. Al restringir su liquidez, la medida ahoga silenciosamente a los gobiernos subnacionales, dificultando el pago de salarios, obras públicas o programas sociales.

 

 El dilema de los municipios: entre la caja retenida y la caja vacía Los gobiernos locales, que dependen en parte de transferencias nacionales y de fondos propios que muchas veces descansan en bancos estatales, podrían ver comprometidos sus giros y recursos. El ajuste se filtra en cascada, pero sin debate federal.

 ¿Qué dicen los organismos de control? La Auditoría General de la Nación y la Oficina de Presupuesto del Congreso han sido hasta ahora espectadores de la medida. La falta de control externo sobre el endeudamiento interno consolida una lógica de opacidad que debilita la fiscalización democrática.

¿Y si el plan falla? Si las metas fiscales no se cumplen o la refinanciación no logra los niveles esperados, el margen de maniobra del Gobierno se reducirá aún más, dejando sólo dos caminos: más ajuste o más emisión. Cualquiera de los dos tensionará la estabilidad y la gobernabilidad.

 

Conclusión: el límite invisible entre la técnica y la política.

Las decisiones fiscales no ocurren en el vacío. Cada vez que el Gobierno juega con la estructura del Estado para sostener su programa económico, transforma lo técnico en político. Y lo que está en juego no es sólo la deuda: es la confianza, la gobernabilidad y la promesa de un Estado funcional.

Fuente: CONSENSO PATAGONICO