Salud mental y violencia de género: Un llamado urgente a la acción en América Latina

 Salud mental y violencia de género: una problemática de salud pública y derechos humanos en América Latina y el Caribe que requiere un enfoque multidimensional.

 

“Las mujeres que padecen afectaciones de salud mental tienen el doble de riesgo de ser víctimas de violencia de género”.

“Los presupuestos para salud mental corresponden solo al 2% del presupuesto para salud en los países de la región”.

En el marco de la 58 Comisión Internacional sobre Población y Desarrollo  (CIPD), la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC), el Mecanismo de Seguimiento a la Convención Belém do Pará (MESECVI) y el Gobierno de Colombia realizaron el evento paralelo oficial: “Salud mental y violencia de género. Rompiendo el círculo de la vulnerabilidad”  en el  Church Center, en Nueva York, en el marco de la reunión que se celebra cada año en Naciones Unidas y que en esta ocasión tuvo como tema  "Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades”.

El evento tuvo como panelistas a María Inés Re, Consejera directiva de la RSMLAC y Coordinadora del programa de Justicia en salud; a  Luz Patricia Mejía, Secretaria Técnica del MESECVI-OEA y a Arlene B. Tickner, Embajadora Itinerante para Asuntos de Género y Política Global Feminista del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Así mismo, contó con la moderación de Sandra Castañeda, Coordinadora general de la Rsmlac y con una intervención política de Guadalupe Pérez, Consejera directiva de la misma organización.

María Inés Re,  destacó que las mujeres que padecen afectaciones de salud mental tienen el doble de riesgo de ser víctimas de violencia de género y que los presupuestos para salud mental corresponden solo al 2% del presupuesto para salud en los países de la región por lo  que es necesario abordar la problemática de la violencia de género como un asunto de salud pública, poniendo énfasis en la necesidad integrar la interseccionalidad y los sesgos de género en el diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales, así como la importancia de mejorar los sistemas de atención para mujeres víctimas de violencia.

Por su parte, Luz Patricia Mejía abordó la importancia de garantizar el derecho a la salud mental de las mujeres víctimas de violencia, destacando la brecha entre los derechos reconocidos y la realidad en América Latina. y enfatizando en la obligación de los Estados de proporcionar atención integral, incluyendo apoyo psicológico a las sobrevivientes de violencia. También enfarizó en la necesidad de implementar protocolos claros y mejorar las capacidades estatales en la atención a la violencia contra las mujeres.

La embajadora Arlene B. Tickner destacó la importancia del acuerdo de paz colombiano de 2016, que incorporó consideraciones de género y reconoció las violencias sexuales como crímenes atroces. También señaló la necesidad de mejorar la atención psicosocial a sobrevivientes, desarrollar políticas públicas basadas en evidencia y promover la educación integral en sexualidad y masculinidades positivas. Enfatizó, además, en  la importancia de la cooperación regional para compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas en la prevención y atención de violencias basadas en género y destacó los esfuerzos del gobierno de Colombia en la recolección de datos desagregados sobre violencias hacia las mujeres.

Las panelistas plantearon estrategias efectivas para la promoción de la salud mental de las mujeres y niñas en toda su diversidad, entre las que se destacan: incorporar la educación integral en sexualidad y masculinidades no violentas en los currículos escolares; aumentar el presupuesto destinado a la salud mental, especialmente, para la prevención y promoción; desarrollar un modelo de atención psicosocial para sobrevivientes de violencias basadas en género; mejorar la recopilación de datos desagregados sobre salud mental de las mujeres víctimas de violencia de género; desarrollar estrategias para contrarrestar los discursos de odio y ataques a los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+; fortalecer los servicios de atención psicosocial para familias de víctimas de feminicidio y transfeminicidio; instar a los medios a adoptar un rol más constructivo en la condena de la violencia contra las mujeres.

Fuente: CONSENSO PATAGONICO