Gobierno desestimó una recomendación del Observatorio Malvinas, vinculada a la declaración de «Personas No Gratas» a funcionarios nacionales

Las personas e instituciones que componen el CAOCM y que votaron por la afirmativa, argumentaron que las personas mencionadas habían tenido una participación activa en la redacción del conocido “Acuerdo Foradori-Duncan”, del 13 de septiembre de 2016.

Sobre el particular, el Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Mg. Andrés Dachary, aclaró que “la decisión por parte del Gobierno de la Provincia en cuanto a esta recomendación del CAOCM es desestimarla en todos sus términos y alcances, por infundada e improcedente por injuriosa, decisión que ya ha sido oficialmente comunicada por mi persona a los integrantes del CAOCM el pasado 2 de noviembre, Sesión en la cual los miembros presentes resolvieron archivar tal recomendación".

Esto también ha sido comunicado oficialmente a los funcionarios afectados. A su vez detalló que “las Resoluciones y Recomendaciones que emanan del CAOCM, amén de no ser vinculantes, según el artículo quinto del Estatuto del cuerpo colegiado, no expresan de modo alguno la posición del Estado Provincial”.

Dachary agregó que "las personas e instituciones que conforman el CAOCM pueden tener miradas críticas respecto a la forma en la cual fue administrada la Cuestión Malvinas a lo largo de las distintas gestiones nacionales, pero esto no puede traducirse en una especie de caza de brujas hacia funcionarios profesionales de la Cancillería argentina, jugando livianamente con su honorabilidad”. 

La recomendación parte de un desconocimiento respecto a la forma en la cual se toman las decisiones estratégicas para la formulación de este tipo de políticas, y, en este caso, además, las acusaciones han sido realizadas sin el menor sustento fáctico respecto a las supuestas acciones y la alegada participación de tales funcionarios en los hechos que se pretendían visibilizar.

Finalmente, el Secretario de Malvinas, AIASyAI, resaltó que la Cuestión Malvinas es una política de Estado y debe unir a todos los argentinos en pos del objetivo común reflejado en la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional. En ese marco, el respeto de las instituciones y de su funcionamiento democrático y republicano no puede ser avasallado para instaurar prácticas persecutorias que afecten, de manera discrecional e infundada, el buen nombre y honor de cualquier compatriota como una supuesta medida reivindicatoria”.

Fuente: Consenso Patagónico