La Secretaría de Energía a cargo de Darío Martínez avanza con el llamado a explotaciones off shore de la plataforma submarina argentina

La pesca y los hidrocarburos se convertirán en lo inmediato en el nuevo caballito de batalla del Gobierno para esmerilar la economía de las islas Malvinas y apuntalar la política exterior de la Argentina por el reclamo de soberanía en el archipilelago.

En paralelo al proyecto de ley de pesca que tratará la Cámara de Diputados la semana que viene para reforzar las sanciones a la pesca ilegal, el Gobierno ya avanzó con el armado de las licitaciones internacionales para la exploración y explotación de hidrocarburos en la zona de ampliación de la plataforma submarina.

Según explicaron a Infobae fuentes de la Cancillería y la Casa Rosada, la Secretaría de Energía, ahora a cargo de Darío Martínez, abrirá un paquete de licitaciones para la explotación off shore de petróleo en la zona que la ONU habilitó a la Argentina en el Atlántico Sur al ampliar en 1.600 kilometros cuadrados de plataforma continental.

Las licitaciones de hidrocarburos convocadas por el Gobierno no comprenderán la zona de las aguas aledañas a Malvinas que están en conflicto con Gran Bretaña, porque ello generaría un enfrentamiento directo con los isleños y con Londres.

Sin embargo, con el llamado a licitaciones en la zona de ampliación de la plataforma submarina la Argentina busca marcar una mayor presencia en el Atlántico Sur y al mismo tiempo abrir la posibilidad de que los empresarios petroleros que hoy están operando en Malvinas se trasladen a las aguas argentinas.

“La demarcación de la plataforma continental permite tener certeza y seguridad jurídica respecto de las áreas en las cuales se puede desarrollar la potencialidad de la explotación off shore. Seguramente la reciente aprobación de la ley permitirá ampliar las posibilidades de la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur”, dijo a Infobae el secretario de Islas Malvinas de la Cancillería, Daniel Filmus.

Este tema fue abordado la semana pasada por el presidente Alberto Fernández con el canciller, Felipe Solá, y Filmus. Así, la Secretaría de Energía tiene instrucciones para avanzar con las licitaciones en la zona de la ampliación de la plataforma submarina establecida por ley. No sólo esto. También se habló de la posibilidad de explotación de la llamada “pesca sedentaria” y minerales ya que la Argentina tiene ahora la posibilidad de extraer recursos del suelo que se encuentra en ese espacio de ampliación de la plataforma continental submarina.

Filmus recordó a Infobae que actualmente hay cinco empresas petroleras que operan en Malvinas y que tienen pedidos de embargo de la Argentina por trabajar en una zona reclamada por el país. Entre ellas se encuentran empresas de origen británico, de Italia, Francia y Estados Unidos.

Sin embargo, en el Gobierno evalúan que al abrir la posibilidad de licitaciones de off shore en la zona de la plataforma continental estas empresas podrían desistir de operar en Malvinas por medio de una declaración jurada y trasladarse a la zona de la plataforma continental de la Argentina.

El caso histórico que sentó precedente en este campo fue el de British Petroleum, que envió una carta a la Cancillería en el 2014 para desistir de sus operaciones en Malvinas y empezar a operar en Vaca Muerta. El resto de las empresas que operan en la zona de Malvinas tienen la mira puesta de los reclamos jurídicos argentinos, por lo que en el Gobierno creen que al habilitar a esas compañías a operar en la zona de la ampliación de la plataforma submarina les dará mayor seguridad jurídica.

La ley establece una nueva demarcación del límite exterior de la plataforma continental del país y que permitirá afianzar su soberanía sobre las Islas Malvinas y su espacio marítimo circundante sobre el lecho del mar. Con esa ley la Argentina confirma las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar (Convemar) y gana 1.633 kilómetros cuadrados más de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo de nuestra plataforma continental. Allí se cuenta la explotación de minerales, hidrocarburos y especies sedentarias, vieiras, esponjas, langostinos y mejillones, entre otros.

La pesca ilegal

Por otra parte, el Gobierno instó al Congreso a apurar el proyecto de ley de modificación de la ley de pesca que impone mayores sanciones y actualiza los mecanismos de control por la pesca ilegal en el Atlántico Sur.

Como adelantó ayer Infobae, este proyecto de ley será tratado el martes que viene en la Cámara de Diputados. La iniciativa propone establecer un régimen de sanciones a la pesca ilegal variable sobre la base de unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP) cuyo monto será equivalente a un litro de combustible gasoil conforme lo que determine la Autoridad de Aplicación, a los fines de establecer el procedimiento de fijación del valor en moneda de curso legal.

En este sentido, Filmus explicó a Infobae: “El proyecto de actualización de los montos de las multas a la pesca ilegal significara un factor disuasivo de la intrusión de buques pesqueros extranjeros que depredan nuestras riquezas en las 200 millas de zona económica exclusiva. Las actuales multas datan de 1998 y están totalmente desactualizadas. La votación de esta ley significa que es posible construir políticas de estado sobre las Malvinas y la defensa de nuestros recursos naturales”.

[Daniel Filmus (Christian Heit)]
Daniel Filmus (Christian Heit)

En este proyecto de ley que se tratará en Diputados está contemplado que en función de la gravedad del delito y los antecedentes del infractor puede existir un apercibimiento en el caso de infracciones leves; una multa de acuerdo al nuevo esquema de pago por litro de gasoil; la suspensión de la inscripción en los registros llevados por la Autoridad de Aplicación al buque y el decomiso de la captura obtenida en forma ilícita o del buque.

Este es un tema crucial para el Gobierno ya que entienden que en los últimos años se incrementó sustancialmente la pesca ilegal en el Atlántico Sur pero al mismo tiempo un mayor control y penas más severas en este plano implicarán una mayor presencia de soberanía en la zona cercana a Malvinas.

Vuelos humanitarios

Por otra parte, en la Cancillería aclararon que la decisión del Gobierno de fortalecer el reclamo de soberanía en Malvinas no quita que se siga adelante con los isleños el programa de identificación de soldados sin nombre enterrados en el cementerio de Darwin o la aprobación de vuelos humanitarios de las islas al continente.

De hecho, ayer, la Cancillería aprobó un nuevo vuelo humanitario desde Malvinas a Chile para atender personas en situación de riesgo por el COVID-19.

Por medio de una resolución que firmó la Cancillería, la ANAC habilitó el vuelo de Malvinas a Chile pasando por cielo argentino.

“Esta es una forma más de demostrar que estamos dispuestos al diálogo y al buen trato con los isleños”, expresó un funcionario de la Cancillería.

Así, Gobierno intentó contrastar esta actitud con la polémica que se desató hace 10 días cuando la Argentina prohibió el sobrevuelo por el espacio aéreo argentino de un charter especial de una empresa uruguaya que había pedido autorización para volar desde Montevideo a Mount Pleasant.

La Cancillería sugirió que no se lo permitiera y fue la Administración Nacional de Aviación (ANAC), la que comunicó la decisión. Se adujo en su momento que en la misma aeronave que viajaban tres isleños por “razones humanitarias” querían embarcar de regreso a Uruguay entre 22 y 29 pescadores extranjeros.

Según explicó después la Cancillería, ese vuelo no reunía las características “humanitarias” ya que los pescadores supuestamente pertenecían a empresas cuyas embarcaciones habían incurrido en la pesca ilegal en el Atlántico Sur.

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Fuente: CONSENSO PATAGONICO