Detalle de cada uno de los proyectos que se tratará hoy en el recinto

Río Grande.-Entre los mismos se encuentran la emergencia de la administración pública, el proyecto de ley para atender la salud pública en situación sumamente crítica, la emergencia de la infraestructura educativa que permitirá una rápida intervención en las escuelas, como así también la declaración de Emergencia de Infraestructura, Equipamiento y Seguridad Portuaria en el ámbito de la Dirección Provincial de Puertos por el lapso de un año. Tras la suspensión de la sesión extraordinaria que se iba a llevar adelante el pasado viernes, finalmente hoy los Legisladores trataran los diferentes proyectos de ley de emergencia que fueron elevados desde el Ejecutivo provincial.

A través de la red social Twitter, el gobernador Gustavo Melella señaló que “hemos presentando cada punto de la Ley de Emergencia de forma clara a los vecinos, sindicatos, sectores sociales, políticos e institucionales y atendimos a las observaciones de todos”.
Además remarcó que “los proyectos presentados no atentan contra la autonomía de los Municipios, ni contra los trabajadores o los jubilados. Son herramientas para poder superar la crisis estructural en la que se encuentra la provincia de Tierra del Fuego”.

Emergencia de la Administración Pública

El proyecto de Ley de Emergencia de la Administración Pública Provincial, tiene como objetivo central dotar al Ejecutivo de las herramientas necesarias “para equilibrar y restablecer el orden de las cuentas públicas, ante la compleja situación económica, financiera, laboral y social” que heredó la gestión Melella.
Autoriza al Ejecutivo Provincial a disponer la readecuación y/o renegociación de aquellos contratos de obra pública, prestación de servicios y provisión de bienes que se encuentren adjudicados o en curso de ejecución.
Además autoriza al Ejecutivo Provincial destinar el 25% de las utilidades del Banco de Tierra del Fuego al desarrollo económico de la Provincia por medio del Fondo de Garantía para el Desarrollo Fueguino, y un 25% al otorgamiento de préstamos no bancarios.
El 50% de las utilidades remanentes, propiedad del Gobierno Provincial se enviará en forma directa a la Caja de Previsión Social de la Provincia, destinado a cubrir déficit transitorios de caja.
Se suspenden las ejecuciones de las sentencias y laudos arbitrales que condenen al Estado Provincial al pago de sumas de dinero o al cumplimiento de obligaciones que se resuelvan en dar sumas de dinero
Autoriza también al Ejecutivo Provincial a realizar durante el ejercicio 2020 las reestructuraciones presupuestarias que considere pertinentes a la Ley Provincial N° 1191.
El proyecto plantea un estado seriamente comprometido de las arcas públicas con un nivel de endeudamiento externo e interno muy alto. Iniciando con la emisión de títulos públicos en el mercado de capitales internacionales por 200 millones de dólares, sin duda la operación de endeudamiento más importante de la historia de la provincia.
A la par de esto, aparece un plan de obras determinadas unilateralmente por el Ejecutivo, las que no parecen ser las prioritarias para este momento de la provincia, como el Programa de Desarrollo Costero Canal Beagle por 1.593 millones de pesos, quizás la obra más cuestionada en la historia provincial.
En particular, el stock de deuda interna directa el día 13/12/2019 supera los 20.278 millones de pesos, conformada por:

• Deuda con el Gobierno Nacional: 4.521 millones de pesos.
• Deuda con Organismos Internacionales: 34,2 millones de pesos.
• Deuda Consolidada: 1.308 millones de pesos.

En cuanto a deuda flotante, se destacan las sumas generadas durante 2019:

- Transferencias a Municipios: Se generó mayormente durante 2019 y totaliza poco más de 500 millones de pesos.
- Subsidios: Uno de los más importantes subsidios que asume el Estado Provincial tiene que ver con el servicio de gas envasado. En este caso, al momento de asumir, la deuda con los dos proveedores es de aproximadamente 400 millones de pesos.
- Con los organismos de previsión social: La deuda por Contribuciones a la Seguridad Social asciende a poco menos de 600 millones de pesos.
- Proveedores y contratistas: Deuda aproximada de 1.200 millones de pesos
Junto a todo esto, en diciembre de 2018 se aprobó un nuevo endeudamiento por 10 millones de dólares con el objeto de adquirir el inmueble en el que funcionó el Casino Club Ushuaia. A poco de dejar la gestión, Bertone ordenó abonar 124,5 millones de pesos como primer pago parcial, quedando pendiente una obligación de pago por parte del Estado Provincial por más de 480 millones de pesos.
Dentro de esta deuda interna existió una indiscriminada utilización del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO), fondo autorizado que tiene por finalidad cubrir “necesidades transitorias del Tesoro Provincial”. Sin embargo, se utilizaron sumas materialmente imposibles de restituir dando un uso no autorizado por las normas legales, ya que esta herramienta se utilizó abiertamente como un sistema financiamiento de gastos corrientes en forma permanente.
La utilización del FUCO se fue incrementando año tras año de la siguiente manera, siendo el último el más evidente dentro de uso:

- A Diciembre 2017: 440 millones de pesos
- A Diciembre 2018: 550 millones de pesos
- A 12 de Diciembre 2019: 1.260 millones de pesos

A todo este panorama se le agrega el congelamiento salarial de estos últimos cuatro años sin mesas de discusión salarial, solamente con paliativos consistentes en sumas fijas no remunerativas, denotando además una pérdida real en el salario de los trabajadores estatales en relación a la inflación acumulada en idéntico período.
La norma autoriza la emisión de Letras del Tesoro por el monto de hasta 2 mil millones de pesos para cumplir con las obligaciones financieras de carácter urgente o impostergable.

Proyecto de ley para atender la salud pública en situación sumamente crítica

El proyecto pretende declarar la Emergencia del Sistema Sanitario en Tierra del Fuego por el término de un año, ante un estado "sumamente crítico" de la salud pública, un sistema sin ningún tipo planificación, lo que hace imprescindible contar con un Plan de Emergencia para todos los niveles prestacionales.
El Ministerio de Salud deberá elaborar este Plan, priorizando la continuidad de acciones preventivas y de promoción de programas de salud, maternidad e infancia, atención primaria, pre y post hospitalaria y de salud mental, garantizando la distribución equitativa de recursos financieros, materiales y humanos.
Actualmente la deuda del Ministerio de Salud asciende aproximadamente a 100 millones de pesos, aunque esto es estimativo por lo que se ha iniciado una auditoría interna. En principio, la deuda se distribuiría en 43 millones de pesos en bienes de consumo; 20 millones de pesos en bienes de uso; 23 millones de pesos en servicio no personales, otros 14 millones de pesos en transferencias (Fondo de Atención de Personas para Pacientes sin Obra Social) y 500 mil pesos en construcciones.
Además, el informe ratifica que los espacios físicos, tanto los utilizados por los empleados como los destinados a la atención propia de salud, se encuentran totalmente saturados, a lo que se suma y agrava la compleja situación de la obra de ampliación del Hospital de Ushuaia, por lo que se promoverá un ordenamiento y adecuación de espacios.
Se designará una Comisión Interministerial con representantes de Salud, Obras y Servicios Públicos y Finanzas, para la elaboración de un Plan Director de Infraestructura para el mejoramiento, refuncionalización y ampliación de los Hospitales y Centros de Atención Primaria de las tres ciudades.
El proyecto de ley sostiene que existe actualmente un serio compromiso de los procesos de contratación, especialmente los de recursos humanos, con pagos mediante reconocimiento de gasto o a través de legítimos abonos ya que no tienen contrato alguno, están vencidos o directamente observados por los organismos de control por imposibilidad técnica de conducir la contratación, lo que ponen al recurso profesional y técnico también en una situación crítica que demanda medidas urgentes.
A esto hay que agregar una enorme cantidad de ingresos de personal en los últimos meses sin ninguna planificación e incluso sin tareas específicas.
Frente a este panorama y un claro déficit de profesionales y técnicos, la ley establece la posibilidad de la contratación también directa por fuera de cualquier convocatoria, toda vez que la idoneidad y la habilitación profesional hayan sido debidamente acreditada.
Se establece un procedimiento de excepción para las licitaciones públicas durante el plazo de la emergencia y siempre que la situación lo amerite, para abreviar los plazos para la contratación de las obras, servicios o insumos; e incluso el recurso humano y profesional necesario.


Emergencia de la infraestructura educativa permitirá una rápida intervención en las escuelas

Un informe del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS ratificó que el estado de los más de 140 edificios escolares en la provincia obliga a un “urgente” programa de trabajos en servicios e infraestructura.
La vicegobernadora Mónica Urquiza sostuvo sobre esto que “buscamos que los establecimientos educativos estén en condiciones para iniciar las clases en marzo. Hablé con la Ministra de Educación y ya se culminó el relevamiento del estado de las escuelas para poner en marcha el plan de trabajo. Hay inconvenientes de servicios y edilicios que debemos solucionar rápidamente para dejar las escuelas en condiciones”.
Se habla de una necesaria y rápida intervención en los edificios escolares en todos los niveles con el objetivo de “garantizar el normal desarrollo de las actividades pedagógicas y asegurar la plena capacidad y funcionalidad del servicio educativo”, dice el proyecto.
La situación actual de los más de 140 edificios escolares “expone la imperiosa necesidad de contar de manera urgente con la intervención en los servicios básicos y de infraestructura edilicia y con un plan de acción que permita mayor celeridad en los procedimientos, para que en un plazo perentorio pueda restablecerse el funcionamiento de los establecimientos educativos en su totalidad”.
El proyecto pone en referencia el resultado del relevamiento llevado a cabo por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, junto al área de Mantenimiento y Servicios de apoyo del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a los que se suman los informes elevados al área de planeamiento y servicios en el mes de noviembre de 2019.
“Se han encontrado numerosas falencias e incumplimientos en cuestiones vitales para la habitabilidad de los edificios escolares -amplía-. Estas situaciones han sido expresadas de forma reiterada y sostenida por los directivos de las instituciones, denunciadas por los sindicatos y de público conocimiento”.
Además insiste que “la ejecución de obras de mantenimiento, embellecimiento y ampliación no han solucionado las cuestiones centrales de servicios básicos y de seguridad e higiene”.

Emergencia de Infraestructura, Equipamiento y Seguridad Porturaria

La declaración de Emergencia de Infraestructura, Equipamiento y Seguridad Porturaria en el ámbito de la Dirección Provincial de Puertos por el lapso de un año, es otro de los proyectos de ley que el Ejecutivo provincial está enviando a la Legislatura para ser tratado.
El proyecto se apoya en un estado de situación actual de la infraestructura y servicios portuarios de la provincia con serias dificultades por una desinversión, desactualización de equipamiento, desarticulación con empresas y prestadores privados e inadecuada prestación de algunos servicios, como consecuencia de la política nacional y provincial que fueron en desmedro de la competitividad a nivel internacional.
Por eso, la ley busca autorizar un sistema de contrataciones más ágil de acuerdo a la necesidad de la actividad portuaria fueguina, clave en la región, como contrataciones mediante el procedimiento de licitación privada, de compras y obras, siempre de acuerdo a la normativa vigente; o bien establece procedimientos de excepción para las licitaciones públicas, durante el plazo de la emergencia y siempre que la situación lo acredite, para abreviar los plazos para la contratación de obras.
Junto con esto se plantea, en otro proyecto, la modificación de la Ley Provincial 69, de creación de la Dirección Provincial de Puertos. Puntualmente el proyecto busca reemplazar el articulo 5° de la mencionada ley, estableciendo que la presidencia de la entidad tendrá rango equivalente a ministro, e incluso el plazo de su mandato no podrá exceder el de la autoridad que lo designó.
Para lograr el incremento sostenido de la actividad portuaria marítima-lacustre es imprescindible jerarquizar la estructura organizativa provincial, de manera de gestionar el crecimiento sustentable de la actividad portuaria de la provincia.

Fuente: CONSENSO PATAGONICO