Victoria Vuoto aseguró que es un lavado de cara de la megaley que fue retirada

Río Grande.- Sostuvo que se pretende disfrazar de emergencia la pretensión de otorgar superpoderes al gobernador por dos años, para comprar “en forma directa, sin publicidad y sin importar el monto”.La legisladora del Partido Verde Victoria Vuoto adelantó por Radio Provincia la oposición del bloque al paquete de leyes de emergencia que se trata hoy en sesión especial. “Claramente no hay una emergencia y no es que uno tenga una percepción subjetiva de la situación. En realidad una situación de emergencia es extraordinaria y excepcional, que se puede dar en un ámbito social o económico, y requiere de medidas extraordinarias del Estado para su intervención. Lo que han presentado es una autorización para que el Ejecutivo pueda contratar de manera directa, sin publicidad en los procedimientos, las obras de educación, de salud, del puerto, y una autorización general con la emergencia administrativa”, dijo.
“Eso no es una emergencia –sentenció-. La emergencia requiere adoptar medidas de carácter excepcional para proteger a un sector de la población, no para otorgar superpoderes a un Ejecutivo. Eso no es una emergencia ni es el objetivo de una ley de ese tipo”, fustigó.
“De entrada tenemos que discutir qué es una emergencia. Quienes no están en la discusión fina y el vecino de a pie, no saben lo que es una emergencia. Están proponiendo en el debate, no proteger a la población, sino otorgar superpoderes al gobernador. Ese es el debate que nos proponen hoy y no es una ley de emergencia”, reiteró.
Aclaró que esta postura “no implica desconocer que haya urgencias que el Estado tenga que resolver, pero no es lo mismo que una emergencia. Comparto que los arreglos en materia de infraestructura educativa, la provisión de insumos en materia sanitaria y los medicamentos, son siempre urgencias que tiene el Estado; y a veces se puede acumular la cantidad de arreglos o la inversión que hay que hacer en infraestructura, pero eso se resuelve con las facultades normales que el gobernador tiene para poder llevar adelante los procedimientos”, afirmó.
“Hoy se pone como un eje central en la discusión la necesidad del arreglo de la infraestructura educativa. Cuando yo pedí la información sobre el tipo de trabajos públicos a desarrollarse, la Ministra de Educación me respondió el 24 de diciembre. Yo necesitaba esa información para seguir estudiándola y me parece destacable, porque es abrir la información, pero en el análisis del detalle, en primer lugar se advierte un informe que no permite salir a contratar en forma directa. No tenemos todavía hechos los procedimientos en el ámbito Ejecutivo para poder garantizar los arreglos y hay sólo algunas estimaciones en términos generales de las escuelas de Río Grande y de Tolhuin. Me llamó poderosamente la atención que no hubiera tenido la misma prioridad la ciudad de Ushuaia, donde se necesitan arreglos en los distintos establecimientos educativos”, lamentó.
“Cuando vemos la cantidad de arreglos y los montos, el 90% de los procedimientos pasa por contratación directa con un período de 3 días, a lo sumo de 5 días hábiles como mucho. En vez de enviar el primer proyecto de ley de emergencia y luego el segundo proyecto de ley, quizás hoy o el lunes estarían adjudicando los procedimientos de contratación directa para poder empezar a arreglar las escuelas. Hay una emergencia que no es tal y están buscando una respuesta que la Legislatura no puede dar, porque al Ejecutivo le corresponde agilizar los procedimientos, no a la Legislatura, y en el medio están perdiendo tiempo”, criticó.

Sin cambios ni correcciones

Consultada sobre este paquete de leyes que en teoría es una reformulación de la megaley que fue retirada, aseguró que “no varió mucho el proyecto. Al retirar la emergencia se habían comprometido a evaluar algunos aspectos que habían reconocido como un error y al incorporar los nuevos proyectos lo que hicieron fue dividir en cinco distintos el proyecto original, pero el contenido es exactamente el mismo. No hay mayores modificaciones”.
“En su momento el proyecto de ley de emergencia desató críticas de los municipios porque permitía cancelar deudas de coparticipación en cuotas o con letras. Ahora se saca la palabra ‘municipios’ pero la facultad se otorga igual, entonces en la interpretación también podrían pagar la deuda con los municipios en cuotas. Hay una lavada de cara y en términos generales representa el mismo peligro para los municipios”, advirtió.
“También despertó preocupación en los trabajadores bancarios, porque se dispone del 50% de las utilidades del banco para ser remitidas a la caja de previsión y el 50% restante se destina a dos programas de desarrollo económico del gobierno de la provincia. Vale decir que se dispone del 100% de las utilidades del banco de la provincia, sin aclarar en la ley qué sucede con los créditos de reserva legal que sí o sí debe tener el banco por exigencia del Banco Central; ni qué sucede con el porcentaje de utilidades de las que el banco disponía para poder hacer reinversiones; ni el porcentaje de utilidades para el fondo estímulo de los trabajadores bancarios. Sigue estando esa cláusula de la misma manera que se presentó en el proyecto original”, aseveró.

Oposición en contra

Dado que “la mayoría de los aspectos que presentaron preocupación en los distintos sectores siguen estando de la misma manera”, según Vuoto, los legisladores de la oposición no van a acompañar. “He tenido contacto con casi todos los legisladores, incluso con quienes forman parte del oficialismo. Yo pedí la información sobre las escuelas de la provincia, que es un ámbito que me preocupa profundamente, porque además de discutir infraestructura tenemos que discutir cómo el estado nacional y provincial garantizan el incremento en el financiamiento educativo, qué rol van a tener los espacios educativos como contención social de sectores vulnerables en este momento tan complejo, como un ámbito de socialización. Hay dos ejes centrales que tendríamos que estar discutiendo y sin embargo pedí la información para ver qué herramienta podemos generar desde la Legislatura que agilice los plazos, para que puedan tener las escuelas en condiciones de infraestructura y de insumos para iniciar dignamente las clases en marzo. De esa manera me comuniqué con todos los legisladores del oficialismo y de la oposición para poder elaborar una herramienta que realmente sirva y que no sea otorgar la suma del poder público al gobernador de la provincia por dos años, con el objetivo que se declara, que es iniciar las clases en marzo. El objetivo que se declara nada tiene que ver con las medidas que se proponen, porque todas tienen que ver con otorgarle amplias facultades al Ejecutivo, reduciendo los controles de la Legislatura y de la sociedad sobre el manejo de los fondos públicos. Por eso mi principal preocupación fue buscar una alternativa y el diálogo con todos los legisladores, tanto de la oposición como del oficialismo”, explicó.
De ese cruce de opiniones, surgen “distintas posturas pero creo que hay una preocupación compartida en la mayoría de los bloques que es la discusión respecto de qué facultades están pidiendo que otorguemos. Mejorar los procedimientos administrativos es una facultad del gobernador, y no veo por qué tenemos que intervenir como Legislatura. Si lo que requieren es esta autorización amplia por dos años para la contratación directa sin publicidad, nos están pidiendo que les liberemos las manos, que se contrate sin respetar el principio de concurrencia de publicidad y transparencia en el manejo de los fondos públicos, y bajo ningún punto de vista los bloques de oposición con los que dialogué estamos dispuestos a entregar esta herramienta tan preocupante para el manejo de los fondos públicos de la provincia”, sentenció.
“Los bloques con los que hablé no estamos de acuerdo en otorgar estas facultades amplias de contratar discrecionalmente sin respetar procedimientos ni publicidad, que es lo que proponen en la mayoría de las emergencias”, ratificó Vuoto.

Suspensión de juicios

La legisladora además analizó uno de los puntos contenidos en el paquete que impactaría en los municipios y se refiere a la suspensión de pagos de juicios. “Esto incluye la suspensión del pago de todas las sentencias condenatorias que tenga la provincia y creo que en esa interpretación están incluidos los municipios, porque tienen varias sentencias ganadas contra la provincia. Además hay otra preocupación ahí, porque se suspende el cobro de todos los juicios, incluidos los honorarios de los abogados. Los abogados no son los responsables de que el Estado provincial esté en una crisis económica insuperable, según la plantean ellos. De los abogados de la matrícula de Río Grande y Ushuaia solamente un 10% litiga contra el Estado y no creo que el número de honorarios que se adeuda sea significativo, porque conozco la profesión y sé que los honorarios que se regulan muchas veces son muy bajos. Se toma una medida de estas características de no pagar los honorarios cuando tienen un carácter alimentario, porque muchos abogados en esta situación de crisis económica han reducido su trabajo notablemente, y no se puede suspender por dos años el cobro de acreencias que les corresponden. Esto no tiene incidencia en el presupuesto de la provincia y la medida me parece absolutamente desproporcionada”, calificó.
“Desde el Partido Verde no estamos de acuerdo con que se pretenda usar necesidades urgentes como el arreglo de la infraestructura educativa o la provisión de insumos sanitarios para disfrazar una emergencia que termina otorgando superpoderes al gobernador de la provincia. No hay una medida que garantice la protección de los sectores más vulnerables en este contexto tan difícil, como sí tiene la ley de solidaridad nacional, que tiene la implementación del programa Remediar, para garantizar el acceso de medicamentos críticos a la población; tiene el incentivo de generar incrementos salariales en el sector privado; un impuesto al dólar destinado al desarrollo y la lucha contra el hambre. Esas son medidas que protegen a sectores mayoritarios y minoritarios de la sociedad. En esta emergencia estamos discutiendo si el gobernador durante dos años va a poder comprar de manera directa, sin publicidad y sin importar el número, cuando estamos hablando de 124 millones de pesos para edificios de Río Grande. No es un número menor y el Estado no funciona así. Necesitamos generar procedimientos transparentes, para que el Estado compre bien y barato, y se realice la obra en las condiciones que se necesita”, enfatizó.
Consultada acerca de si los juicios de beneficiarios de pensiones por discapacidad entran en este caso, explicó que “hay una enumeración específica de juicios que quedan excluidos de la suspensión durante la emergencia. Para los juicios que tengan que ver con aportes previsionales o con las pensiones de discapacidad, donde la caja de previsión afronta el pago, se establece que las costas serán por su orden. Esto quiere decir que los costos del procedimiento judicial se van a imponer más allá de quién gane el juicio y quién pierda. Esto es absolutamente despiadado, porque si el jubilado debe iniciar una acción de amparo para poder cobrar lo que le corresponde y el beneficiario de una pensión por discapacidad tiene que hacer un juicio para cobrar la pensión tal como le corresponde, y gana el amparo, encima tiene que correr con las costas”, concluyó.

Fuente: CONSENSO PATAGONICO