Para el Dr. Federico Rauch no hay impedimentos legales para avanzar con la expulsión

Inmigrantes y narcotráfico

Río Grande.- El abogado y constitucionalista de la ciudad de Ushuaia tomó posición frente a la política tanto nacional como provincial que plantea la expulsión de extranjeros que cometen delitos. Afirmó que hay herramientas en la provincia, como la flagrancia, que permite juicios sumarísimos y la expulsión en cuanto se dicta la condena. La figura no existe a nivel nacional y, a su criterio, debería ser materia de abordaje en el Congreso nacional. También opinó sobre el aumento del narcotráfico en la Patagonia y en Tierra del Fuego en particular, y marcó como principal punto débil el puerto de Ushuaia, que todavía no cuenta con un escáner de contenedores. Recordó que está considerado por las agencias internacionales como un “puerto de alto riesgo”, por donde pueden ingresar volúmenes de droga muchos mayores que los que transportan las “mulas” por vía aérea.

El Dr. Federico Rauch fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre la preocupación del gobierno por los inmigrantes de República Dominicana, vinculada con la política nacional a la que adhiere la provincia, de expulsar a los extranjeros que cometen delitos, sobre todo delitos complejos como los que se le imputan a la comunidad de ese país.
“La actividad de narcotráfico es un delito asociado a la trata de personas con o sin fines sexuales y las sociedades deben aprender a defenderse de estos delitos, que carcomen rápidamente las instituciones democráticas de la Argentina”, aportó como definición.
“En todos los países donde se instaló el narcotráfico, el estado de derecho se debilitó. Hay ejemplos históricos de países que han salido de eso después de veinte o treinta años de sufrir situaciones sumamente difíciles para la vida diaria. El ejemplo clásico es Colombia, también Honduras ha pasado por situaciones de ese tipo, lo mismo pasó con sectores de México. Y la mayor potencia mundial, que es Estados Unidos, tiene zonas completas con un grado de inserción importante. No hay ninguna duda de que debe haber una política de prevención, de inteligencia y de represión de estos delitos. No se debe dejar crecer esto porque tenemos a nuestras familias en juego”, expresó.
No obstante, advirtió que “hay que ver qué tipo de droga circula, las bandas organizadas y demás. Yo no comparto prácticamente nada de las políticas nacionales, pero creo que en este punto son correctas. En lo que hace a nuestra zona, Patagonia y Tierra del Fuego, las estadísticas federales muestran un incremento. Esas estadísticas son parciales porque no todos los delitos se denuncian ni se investigan, pero se observa un incremento importante. Acá se ha propuesto la expulsión de extranjeros, en este caso serían los dominicanos. A nivel nacional se propone la expulsión de cualquier tipo de extranjeros, y a nivel local Bertone adhirió a la política macrista en ese punto y están proponiendo proceder a la expulsión”, indicó.
Si bien hay cuestionamientos del orden constitucional desde algunos sectores, dijo que “dependen del país donde se tenga que aplicar esta política de expulsión. En la provincia de Tierra del Fuego hay algunos instrumentos legales que pueden ser utilizados y hay que ver si el gobierno de Bertone los utiliza. Por ejemplo, el régimen de flagrancia que está vigente hace algunos años y permite efectuar un juicio sumarísimo cuando se dan las condiciones, que suelen ser las que se dan cuando hay procedimientos de incautación efectivos. Cuando se los encuentra con la droga, el dinero, hay una situación de flagrancia prevista en el código de la provincia, con un juzgamiento muy rápido”.
“Esto se aplica a delitos de incumbencia provincial o que hayan sido delegados, porque el delito de trata de personas y de narcotráfico es de competencia federal, pero hay un convenio que permite a la nación delegar parte de la investigación. A nivel federal no existe todavía un régimen de flagrancia abierta. Eso está faltando y se deberían presentar los proyectos respectivos en el Congreso nacional para reglamentar la flagrancia respecto de estos delitos”, opinó.
Luego contempló “la cuestión migratoria directa, es decir la administrativa. Algunos sostienen que la expulsión de extranjeros no es compatible con nuestra Constitución y yo no lo comparto. No hay ninguna disposición en la Constitución nacional que impida a la Argentina sacar de su territorio a las personas que no cumplen con los requisitos migratorios correspondientes, que son venir a trabajar de buena fe y no delinquir. Eso está en la Constitución, que asegura el tratamiento de los extranjeros en igualdad de condiciones con los argentinos, con la condición de que vengan a aportar algo de buena fe y a no delinquir. Si estas condiciones no se cumplen, el Estado está habilitado a expulsar de su territorio a los extranjeros”, aseguró.
“Este es un procedimiento que tiene que estar judicializado, y debe haber un juez que resuelva la cuestión de manera sumarísima. No veo problemas para implementarlo, siempre y cuando haya un efectivo ejercicio del derecho de defensa del acusado, para que no sea una decisión arbitraria de algún funcionario del ejecutivo”, indicó.

El punto débil

Además se lo consultó sobre el cambio de modalidad en el ingreso de droga a la provincia del que dan cuenta los funcionarios del gobierno, con la introducción de mulas, y en este punto marcó disidencias. “No me resulta tan claro porque oficialmente no hay informes estadísticos publicados que muestren este cambio. Los casos aislados no permiten determinarlo con precisión, porque hay varios ingresos en Tierra del Fuego, por tierra, por vía marítima con los cargueros del exterior y por la vía aérea. En el ingreso terrestre se suma el control chileno y eso reduce significativamente la posibilidad de transporte de droga en grandes cantidades. La vía marítima ingresa exclusivamente por el puerto de Ushuaia y son barcos que muchas veces vienen del oriente. En el puerto de Ushuaia no hay instalaciones adecuadas, como un escáner de contenedores. Esto no es un problema de presupuesto, porque no son extremadamente caros ni imposibles de pagar, siendo responsabilidad del gobierno nacional y provincial. Lo cierto es que no se han colocado y en la práctica no es posible detectar si hay droga con un mínimo de seguridad, ante la inmensa cantidad de contenedores que mueve la industria electrónica en la isla. Esta me parece la falencia más importante”, remarcó.
“Yo he tenido varios casos que han involucrado al puerto muchos años atrás y conozco la operatoria. Desde este punto de vista, el puerto de Ushuaia está marcado por las agencias extranjeras como un puerto de alto riesgo, y desde hace muchos años, precisamente por la carencia de escáneres de contenedores. Hasta no tener estas herramientas tecnológicas, no es posible afirmar con seguridad de qué manera ingresa el grueso de la droga, qué tipo de droga ingresa, más allá de la que se encuentra”, sostuvo.
“La droga que se encuentra pareciera ser que proviene del norte del país, de la Capital Federal y otros centros de distribución, y que viene efectivamente por mulas. Eso entra por vía aérea en ambos aeropuertos. La PSA está haciendo un buen trabajo en este sentido, pero faltan elementos en ambos aeropuertos, como los laboratorios que requieren las normas internacionales. Hace un año y medio o dos yo tuve una causa federal y esto se probó, porque se trataba de un empresario que traía una prescripción médica de una serie de productos homeopáticos, y justamente por carecer del laboratorio que debe existir en los aeropuertos internacionales, utilizaron un kit que se puede comprar por Amazon y tiene muy poca precisión, y en este caso dio equivocado”, recordó.
“Esta carencia es un problema de políticas, no de presupuesto. Falta el laboratorio en el aeropuerto de Ushuaia y también eventualmente en Río Grande, aunque es de cabotaje, pero no estaría demás que el personal de la PSA contara con estos equipos que permiten rápidamente y con precisión determinar el tipo de sustancia que se lleva en el equipaje”, sugirió.
“Estas son medidas concretas y los políticos tienen que sacar la chequera de los impuestos que pagamos, y en vez de usarla en licitaciones sobrevaloradas, tienen que gastar el dinero en cosas efectivas como esta”, reclamó el letrado.
“El problema del narcotráfico en Tierra del Fuego y en la Patagonia es serio, creciente y debe ser atendido. Las agencias judiciales y las policiales tienen que trabajar en forma coordinada con el objeto de evitar la proliferación de estos delitos, y no atosigar a las agencias judiciales con delitos menores, porque normalmente se termina encausando a los pequeños dealers, a los llamados perejiles que venden en la calle pequeñas cantidades de droga y eso no resuelve el problema. Hay que trabajar sobre los que distribuyen y los que ingresan la droga”, enfatizó.
“Cuando los extranjeros están incursos en este tipo de delitos, corresponde un juzgamiento sumario en caso de flagrancia, y no es cierto que tengan que cumplir la condena acá. Se puede juzgar, condenar, e inmediatamente expulsar. La condena puede ser cumplida en el país de origen, para eso hay que ver los convenios que hay. El país de origen también tiene que colaborar y tiene que haber un proceso de reciprocidad”, sentenció.

Salud arancelada

Finalmente se le pidió opinión sobre la propuesta de arancelar la salud pública para los extranjeros en tránsito. “Acá hay una dicotomía importante, porque la Argentina siempre fue considerada la Suiza rica, el primo rico de Latinoamérica, y resulta que no somos ni Suiza ni somos más el primo rico de América. Esto de tirar manteca al techo y creernos multimillonarios, es una fantasía. Hoy somos un país pobre, con un problema muy serio, porque tenemos un 32% de pobreza y claramente no estamos en condiciones de darnos el lujo de dar salud y medicación gratuita a quienes no viven en la Argentina ni pagan impuestos, y se cruzan con el único objeto de obtener lo que no pueden en sus países de origen”, expresó.
“No estamos en condiciones de haber beneficencia, sino que es al revés, porque tenemos que hacer beneficencia sobre el 32% de pobres que tiene nuestro país y carece de las mínimas condiciones para tener una vida digna. Además, del punto de vista jurídico internacional, hay un principio de reciprocidad entre países que es mandatorio. Si el país vecino aplica aranceles a la salud, la Argentina puede y debe aplicar aranceles equivalentes a los ciudadanos de ese país”, concluyó.

Fuente: Provincia 23