Boudou vuelve a la cárcel:Una sentencia que no necesita confirmación

Amado Boudou quedó detenido luego de ser condenado a cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone.Boudou, su amigo Núñez Carmona y el empresario Nicolás Ciccone quedaron detenidos apenas se leyó el veredicto, sin que se espere la sentencia firme. Algo que el TOF 4 nunca había hecho. Argumentaron que se trataba de un caso “bisagra”.

“Cambiamos. Este caso será una bisagra”, era la explicación que manejaban en el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) para justificar por qué Amado Boudou, José María Núñez Carmona y Nicolás Ciccone quedaron detenidos apenas se les leyó el veredicto, sin aguardar una sentencia firme. Es algo que ese mismo tribunal nunca antes había hecho. Después están los argumentos formales: posible peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El ex vicepresidente fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el caso Ciccone, acusado de cohecho y de negociaciones incompatibles con la función pública. Su amigo José María Núñez Carmona recibió una pena de 5 años y 6 meses, mientras que el dueño de la empresa fue condenado a 4 años y 6 meses y tendrá prisión domiciliaria. Los dos primeros quedarán presos en Ezeiza. Alejandro Vandenbroele, de la firma The Old Fund que aparece en escena para el levantamiento de la quiebra de la imprenta, funcionó como una especie de colaborador (aunque no era arrepentido en este juicio) y logró una pena baja: 2 años de prisión en suspenso. Lo más paradójico quizá es que en su declaración, que sostuvo buena parte del proceso, descartó que Boudou fuera su testaferro. Siempre se mantuvo en que los que pusieron dinero  para reflotar Ciccone fueron los banqueros Raúl Moneta y Jorge Brito. Rafael Resnik Brenner, ex jefe de asesores de la AFIP, y Guido Forcieri  ex funcionario de Economía, recibieron 3 años y 2 años y medio en suspenso respectivamente.   

La decisión del tribunal fue dividida, tanto en la calificación legal y los montos de las penas como en relación a las detenciones. La mayoría estuvo conformada por Pablo Bertuzzi y Néstor Costabel. Con voto propio y disidencias, María Gabriela López Iñíguez. La detención de Boudou había sido pedida especialmente por la Unidad de Información Financiera (UIF), el órgano antilavado del Poder Ejecutivo a través del cual el Gobierno de Cambiemos pone un pie en numerosas causas contra ex funcionarios del kirchnerismo, como también lo hace la Oficina Anticorrupción (que, en cambio, no querella contra los propios). Ni siquiera el fiscal Marcelo Colombo había solicitado esa medida extrema a pesar de que requirió penas elevadas, pero que el tribunal oral también superó en el caso de los detenidos.  Lo habitual  es que “quien transita el debate en libertad y a derecho no sea detenido hasta que tenga sentencia definitiva de la Corte Suprema”,  explican en la Cámara de Casación, tribunal que revisa las decisiones de los tribunales orales. En este caso le tocará a la sala IV (Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Gemignani). El ex vicepresidente y Núñez Carmona  ya habían sido detenidos el año pasado en una causa conectada con el caso Ciccone, por decisión del juez Ariel Lijo. Fue el famoso episodio en que se hicieron públicas las imágenes del momento del arresto, cuando estaba en jogging y descalzo. Luego la Cámara Federal revocó esa medida por arbitraria.    

Quizá uno de los antecedentes más significativos están en el propio TOF4, que emitió célebres condenas en casos de corrupción y narcotráfico, y al momento del veredicto no mandó a detener a nadie: a Carlos Menem, Domingo Cavallo y el ex ministro Raúl Granillo Ocampo les impuso penas de cumplimiento efectivo por los sobresueldos de los noventa en 2015, pero no los detuvo; tampoco apresó a los empresarios condenados por tráfico de efedrina que recibieron penas de hasta 11 años de prisión en 2014. Otros casos del mismo TOF4,  con condenas altas y sin detención en el momento: María Julia Alsogaray (enriquecimiento ilícito) y el ex juez Carlos Liporace (por favorecer a la curtiembre Yoma). En otros casos de otros tribunales el criterio fue el mismo: Juan Pablo Schiavi (por el accidente de Once), Felisa Miceli (por la bolsa con dinero en su despacho), los acusados del incendio y muertes en Cromañon (fueron detenidos con posterioridad), entre otros tantos. La semana pasada siete policías fueron condenados a prisión perpetua por el homicidio de Daniel Solano, trabajador golondrina en Choele Choel, y siguen en libertad.

“Revancha de clase”

Boudou, el funcionario más alto del kirchnerismo que recibe una condena, era consciente de la noticia que se le venía encima. Cuando el tribunal le ofreció decir unas “últimas palabras”, habló. “Jamás negocié por mí ni a través de terceros la compra del 70 por ciento del paquete accionario”, aludió a la acusación central. “La situación del cohecho no tiene correlato con ninguna de las pruebas que se dieron”, enfatizó, mientras repasaba las afirmaciones de Vandenbroele. Atribuyó al juicio “cuestiones extrañas desde un inicio” y  relacionó las denuncias iniciales sobre el caso con su impulso a la estatización de las AFJP en su gestión en la Anses. “Acá también hay una cuestión de revancha de clase, de aleccionar, de que nadie se tiene que animar a cambiar las cosas. Los políticos que deciden cambiar la realidad son perseguidos. Primero desde el punto de vista mediático, luego desde el sistema de justicia”, se quejó. A Núñez Carmona se le quebró voz cuando les pidió disculpas en voz alta a Vandenbroele y a Forcieri, sus amigos. “Están acá por mi culpa”, dijo. También incluyó a Ciccone: “no estaba dentro de nuestras posibilidades manejar todo lo que pasó desde 2012 para acá”. Cuestionó el pedido de la UIF, que atribuyó a “un acto político”: “Estamos a derecho, tengo a  mi familia acá, mi patrimonio, no hay ninguna justificación para un pedido de detención”. “Cómo puedo haber cometido cohecho si yo no recibo nada; yo podría haber sido propietario en primera fase, podría haber comprado Ciccone Calcográfica tranquilamente, lo único que tendría que hacer es haber justificado los fondos. Pro no puse en peso en la compra”, aseguró.

Uno de los abogados del ex vicepresidente, Alejandro Rúa –quien comparte la defensa con Graciana Peñafort– pidió la suspensión de la audiencia porque sostuvo que todavía debía revisar la participación de Bertuzzi en el juicio como última instancia la Corte Suprema. Bertuzzi había sido recusado por intentar negociar en medio de este juicio ser promovido a la Cámara Federal a través de un traslado del Poder Ejecutivo. Mientras el ministro de Justicia Germán Garavano alentaba por los medios la detención de Boudou, el juez Bertuzzi pedía que lo nombraran camarista. El planteo fue rechazado, como tantos otros planteos de nulidad. Ahora, adelantó Rúa, “nos concentremos en cuestionar la situación de detención, que no tiene ningún fundamento”.

Cambiamos

En la resolución donde definen la detención, Bertuzzi y Costabel describen en una apretada síntesis que Boudou y el resto de los condenados diseñaron un “emprendimiento criminal” “concebido y planificado con sofisticación y profesionalismo” que, según su planteo,  apuntó a “rescatar ilícitamente a la empresa Ciccone de su quiebra declarada judicialmente y rehabilitarla para que pueda retomar sus vínculos contractuales con el estado”.  Lo que sostienen es que hubo cohecho porque según su teoría el ex vicepresidente se habría quedado con un 70 por ciento de la compañía a cambio de evitar la quiebra y su situación de deudas con el fisco. A Núñez Carmona lo ubican como un intermediario y representante de Boudou en el supuesto negociado y a Vandenbroele como el prestanombre que actuó a través de The Old Fund. Ciccone es acusado como coautor del cohecho, entregando acciones a Vandenbroele para poder seguir operando.  Resnik Brenner, desde la AFIP, hizo un dictamen favorable al alivio de la empresa y como nexo con él fue señalado Forcieri. En el juicio, donde Vandenbroele fue tratado como un testigo privilegiado, confesó una maniobra para favorecer a la imprenta en la que participó, pero se mostró arrepentido (figura a la que se acogió en otro proceso aún en instrucción) y entregó documentos.  Admitió su papel de testaferro, pero dijo que no era de Boudou, sino que había actuado por Moneta y Brito.  Los pagos que señaló vinculados con los banqueros para levantar la quiebra, están documentados. Tanto Vandenbroele como Boudou siempre sostuvieron que no se conocen.  Por eso es difícil de entender  la conclusión de la mayoría del tribunal, cuyos fundamentos se conocerán en 40 días.  La jueza López Iñíguez discrepa con las penas y la calificación. No advierte el cohecho consumado en el caso del ex vicepresidente, si no una tentativa. En cambio respalda las negociaciones incompatibles. Advierte una mayor responsabilidad de Resnik Brenner, como quien favorece facilidades de pago como mano derecha de Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP.  

¿Por qué las detenciones? Bertuzzi y Costabel, invocan argumentos de la UIF y de la OA (el Gobierno). Se basan en el monto de la pena, dicen que hay peligro de fuga, y que en el juicio se conocieron relatos de testigos amenazados y que fueron “acosados” o “sumariados en sus empleos”; y que desaparecieron legajos de la Inspección General de Justicia sobre The Old Fund y la calcográfica. También consideraron que Amado Boudou ejerció presión pública cuando al comienzo de la causa dio una conferencia que derivó en la renuncia del procurador Esteban Riggi. Como la investigación está terminada, los jueces recuerdan que aún hay una causa contra Echegaray, Moneta, Brito y sus colaboradores. Tampoco explican qué poder tienen en la actualidad, visiblemente nulo. La jueza López Iñíguez discrepó. “El encarcelamiento sin condena firme solo puede aplicarse excepcionalmente”, “la prisión preventiva debe tener un carácter cautelar, no punitivo”, el “peligro de fuga” no se puede inferir “del carácter de ex funcionario ni de la expectativa de la condena”, como estableció la llamada “doctrina Irurzun” que favoreció detenciones de ex funcionarios y que enarbolan sus colegas.   Recordó que el fiscal no pidió la detención y que la UIF no ofreció fundamentos para la privación de la libertad. “La circunstancia de que este caso tenga relevancia pública –agregó– no permite, por sí, justificarla prisión preventiva, justificar la prisión preventiva” cuando “ha quedado descartado” el “entorpecimiento de la investigación”. La bisagra que enarbolan sus colegas empuja porque la cárcel sea la regla.

Fuente: Pagina/12