Senado aprobó Ley de Compre Argentino y con modificaciones Ley de Defensa de la Competencia

La Ley de Compre Argentino que les otorga prioridad a las pequeñas y medianas empresas en las compras que realice el Estado quien, a su vez, deberá privilegiarlas cuando haya diferentes ofertas y el margen no supere el 15%. Según la reforma, ese margen se achica al ocho por ciento si la firma argentina es considerada "grande".

El proyecto prevé que cuando se liciten bienes no producidos en la Argentina en compras superiores a los 240 millones de pesos, el adjudicatario deberá suscribir un acuerdo de cooperación productiva que consistirá en la subcontratación de bienes y servicios provistos por empresas locales por al menos un 20% del valor total del contrato.

La norma aumenta los márgenes de preferencia vigentes para los oferentes de bienes de origen nacional de 7 a 15% para las MIPYMES y Cooperativas, y de 5 a 8% para las grandes empresas.

También establece una reserva de mercado en las compras de la Administración Pública Nacional de hasta $1,3 millones (bienes) ó $100 millones (obra en vivienda y edificios públicos) en favor de PYMES oferentes.

También incluye un mecanismo de mejora de oferta en favor de las PyMEs para compras de bienes de la Administración Pública Nacional menores a $20 millones.

Así, las PyMEs oferentes de bienes de origen nacional tendrán la posibilidad de mejorar su oferta siempre y cuando su precio no haya superado en más de un veinte 20% a la mejor cotización o precio testigo.

Por otro lado, se otorga rango de ley al Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO) cuyo principal objetivo es desarrollar proveedores nacionales en sectores estratégicos, a fin de contribuir al impulso de la industria, la diversificación de la matriz productiva nacional y la promoción de la competitividad y la transformación productiva.

La presidenta de la Comisión de Economía Nacional e Inversión, la radical tucumana Silvia Elías de Pérez, dijo que con la aprobación de esta ley "se van a lograr inmediatamente 66 mil puestos de trabajo.

"Le cambiaría el nombre a la Ley. Le pondría ?vamos Argentina, hay futuro, se puede si lo hacemos juntos?", cerró.

El peronista José Ojeda anunció el apoyo del interbloque Argentina Federal al proyecto, aunque cuestionó al ministro de la Producción, Francisco Cabrera que, según contó, le dijo en una reunión que "la importación genera más puestos de trabajo que la producción de bienes". 

La kirchnerista María Sacnun afirmó: "Esta ley no defiende a la pequeña y mediana industria ni a la industria nacional" y acusó al gobierno de impulsar un "país absolutamente desindustrializador".

Sin embargo, indicó que el Frente para la Victoria iba a acompañar la ley para "defender los intereses de la industria nacional".



En tanto, la reforma a la Ley de Competencia fue aprobada por la Cámara de Senadores y regresará a Diputados en segunda revisión, ya que se le introdujeron cambios a la iniciativa que incorpora la figura del arrepentido y la creación de un programa para detectar carteles económicos o empresarios. La Cámara baja deberá, cuando la vuelva a debatir, aceptar los cambios del Senado o insistir en la sanción original.

El proyecto fue aprobado por 50 a 8 votos y la iniciativa fue apoyada por el oficialismo y el interbloque Argentina Federal, mientras que fue rechazada por el Frente para la Victoria. La reforma busca sancionar a los responsables de la monopolización de precios y dar amparo a quienes los denuncien.

Además, prohíbe "todos los actos o conductas que distorsionen o influyan negativamente en las condiciones de mercado" y contempla sanciones a quienes realicen "dichos actos o incurran en dichas conductas, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran corresponder como consecuencia de los mismos".

Los castigos van desde el cese de las conductas hasta las multas con criterios que tendrán en cuenta el volumen de negocios y la gravedad de la infracción cometida, mientras que la sanción más grave es la suspensión del registro nacional de proveedores del Estado.

El proyecto también crea la Autoridad Nacional de la Competencia como organismo autárquico, descentralizado, encargado de ejercitar el control y establecer las sanciones.

La Autoridad crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, con cinco miembros y dos secretarías: la de Conducta Anticompetitiva y la de Concentraciones Económicas. 

El proyecto deberá volver a Diputados en segunda revisión porque el Justicialismo, en acuerdo con Cambiemos, introdujo modificaciones.

En principio, se modifica el artículo 23 que establece que la conformación del Tribunal de Defensa de la Competencia debe tener acuerdo del Senado. El proyecto original establecía que, si en sesenta días la Cámara alta no se expedía, quedaban firmes los postulados por el Poder Ejecutivo.

Otro de los cambios que se introdujo es eliminar del artículo 33 la creación de una Tasa que deberían pagar quienes inicien trámites en el Tribunal.

"Cuando las empresas, en lugar de competir, se ponen de acuerdo, se forman los carteles y eso claramente perjudica el interés económico general", mencionó la presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías, la oficialista Inés Brizuela y Doria.

La representante de La Rioja aseveró que "cuando se excluye del mercado a los más pequeños los precios suben, la calidad de los bienes y servicios bajan, los consumidores tienen limitada su capacidad para elegir y desaparece la posibilidad de innovación".

A su turno, el peronista chubutense Mario País elogió el proyecto y, tras explicar los cambios que se le introdujeron al dictamen original, opinó que "el mercado debe ser regulado, no asfixiado, para evitar conductas que afecten contra la actividad económica".

La senadora del FpV mendocina Anabel Fernández Sagasti cuestionó duramente la política de importaciones de productos de consumo diario y opinó que "esta ley es a pedido de la OCDE, al cual no pertenecemos". "Esto no generará ningún beneficio para evitar la concentración económica ni para garantizar los derechos de usuarios y consumidores", añadió.

El oficialista sanjuanino, Roberto Basualdo, opinó que la nueva Ley de Defensa de la Competencia es "espectacular". "Esta Ley es fundamental para el crecimiento de nuestro país. La estábamos reclamando todos. Esto para nosotros es muy bueno", dijo el legislador y defendió las importaciones del gobierno "para competir con las empresas que tienen el setenta por ciento del mercado".

El macrista porteño Federico Pinedo opinó que "la competencia es la regla moral del capitalismo". "El capitalismo sin reglas es depredación", insistió el presidente Provisional del Senado y agregó: "Nosotros logramos un treinta por ciento menos de precio en la obra pública e hicimos un cincuenta por ciento más de obras. Había cartelización en la obra pública ¿Y nadie lo sabía?".

Por su parte, el jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto, anunció que el peronismo iba a "acompañar el proyecto que viene de Diputados y que contempla una tríada de leyes que tienen que ver con un compromiso del gobierno nacional frente a la OCDE".

Además, dijo que Diputados estaba obligado a aceptar los cambios introducidos por el Senado, en particular, el acuerdo de la Cámara alta para designar a los integrantes del Tribunal.

El presidente del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, sostuvo que "alinearse con el mundo y asumir esta nueva realidad significa no aislarse". "Recuperar la credibilidad no es un tema menor. Requiere coherencia y acompañamiento, como lo tenemos de parte de oposiciones responsables. Y exige saber escuchar", resaltó.

La expresidenta Cristina de Kirchner aseguró que "esta ley no es para la defensa de la competencia, es porque la OCDE la está reclamando". "Si el Gobierno nacional considera que quiere ingresar en la OCDE no me parece mal, pero digamos la verdad", reclamó.
 

Fuente: AMBITO FINANCIERO