Empresa Gancedo en la mira y las compras secretas de Murray sin novedad ni explicación a una legisladora de la provincia
10.04.2018
La legisladora Monica Urquiza cuestionó a la empresa Gancedo, adjudicataria de los 132 kilómetros de la obra del camino del Atlántico, porque está siendo investigada por la Justicia nacional. El valor fue fijado unilateralmente por la empresa, que cotizó “hasta las piedritas y veredas” del predio, sostuvo.
Por otra parte, se le consultó sobre la adjudicación de los 132 kilómetros de la obra del camino del Atlántico a la empresa Gancedo, que está siendo investigada por operaciones en otros puntos del país durante la gestión kirchnerista. Urquiza recordó que “la apertura del camino comenzó antes del primer gobierno de José Estabillo y quedó inconcluso.
El proyecto original llega a Almanza y lo tenía Vialidad Provincial. Cuando este gobierno solicita el endeudamiento de los 200 millones de dólares, afecta 1.500 millones al camino costero, que no cierra en Almanza, sino que continúa. Desde el bloque del MPF no acompañamos esto porque entendemos que existen otras posibilidades de inversión para el desarrollo turístico. Estábamos de acuerdo con el camino hasta Almanza, pero no con continuarlo, porque es un camino difícil, con una riqueza arqueológica muy importante, pero decidieron invertir este dinero cuando tenemos las hosterías de la provincia destruidas, que ya tienen abiertos los caminos para llegar perfectamente.
El presidente del INFUETUR me contestó que la hostería de San Pablo no era económicamente rentable, pero el Estado debe darle el valor agregado, lo mismo a la hostería Yehuin, a Petrel, donde ya están todos los caminos abiertos. Para mí es mucho más importante trabajar con el corazón de la isla, con las hosterías, porque además nuestra provincia tiene muchísimo turismo interno. Después nos quejamos cuando la gente se va a Punta Arenas o a Santa Cruz. También tenemos la aerosilla del glaciar Martial y a dos años y medio de gestión no se ha hecho absolutamente nada”, fustigó.
Puntualmente sobre la situación de Gancedo, por ahora “no tenemos la información -dijo-. El trámite del proceso licitatorio lo lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas y tenemos algunos datos, pero no de manera oficial, con los que estamos trabajando para solicitar información. Cuando una empresa se presenta a una licitación de semejante envergadura debe cumplir ciertas condiciones, debe presentar la garantía de oferta y tener capacidad para ejecutar determinada obra. Vamos a hacer el pedido de informes que corresponde, porque conocemos algunas situaciones legales por las que estaría pasando la empresa. Por lo que sabemos hay expedientes que tienen que ver con Vialidad Nacional y hubo allanamientos con respecto a obras que ejecutó esta empresa. Es muy difícil llegar a la información del gobierno provincial. La gran mayoría de los pedidos de informes no fueron contestados y, los que contestaron, lo hicieron seis o nueve meses después”, aseguró.
Se le preguntó si se podría revocar la adjudicación a Gancedo, y manifestó que esto puede ocurrir “en cualquier instancia, si se demuestra que hay algo que se hizo mal y la empresa no está en condiciones de ser adjudicataria”.
Compras secretas de Murray
Por último, dio a conocer que al día de la fecha “no tenemos absolutamente ninguna novedad” de las compras secretas de la Secretaría de Seguridad, por lo que no descartan recurrir a la justicia.
“Ni siquiera ingresó a la comisión de presupuesto de la Legislatura. En el mes de enero el Secretario de Seguridad hizo declaraciones públicas diciendo que estaban corrigiendo los expedientes para mandarlos a la Legislatura, pero no llegó nada. Nosotros ya habíamos presentado una nota, y nos contestaron Murray y Gorbacz diciendo que por la ley de acceso a la información pública no podían hacer llegar esa documentación, porque era secreta”, dijo.
“Estamos haciendo uso de la ley de acceso a la información pública y vamos a hacer la presentación judicial que corresponde. Con la empresa Gancedo haremos exactamente lo mismo si no hay respuesta. No me gusta llevar las cosas a la justicia, pero si un legislador no puede acceder a la información, qué queda para el ciudadano común”, concluyó la legisladora.
Fuente: CONSENSO PATAGONICO
