Solorza cuestionó la renegociación a libro cerrado y el gradualismo en las regalías

Río Grande.-En concepto de Responsabilidad Social Empresaria, señala que “los concesionarios aportarán la suma total de dólares estadounidenses cinco millones quinientos mil (U$S 5.500.000) para ser destinada a proyectos que tendrán como objetivo prioritario el desarrollo en materia de educación, salud y seguridad, y serán consensuados entre la Provincia y los Concesionarios dentro de un plazo de sesenta (60) días”.
El dirigente del gremio de petroleros jerárquicos cargó contra la falta de convocatoria a los actores sociales a enriquecer el debate sobre la renegociación de contratos petroleros, como ocurrió con YSUR. Mañana se aprueba en sesión especial el contrato con el consorcio Total-Wintershall-Panamerican Sur y, por primera vez, prevé un gradualismo en el incremento de regalías del 12 al 15 por ciento, dado que se aplicará medio punto para 2018 y recién en 2021 llegará al total. El monto de responsabilidad social empresaria, de cinco millones y medio de dólares, tiene destino casi exclusivo a las fuerzas de seguridad. Para Solorza nuevamente se dilapida la oportunidad de acordar aportes en obras para los vecinos, como las redes de gas, y la prioridad de abastecimiento
 El secretario gremial del sindicato de Petroleros Jerárquicos, Moisés Solorza, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre el contrato con el consorcio Total-Wintershall-Panamerican Sur por prórroga de la concesión de la Cuenca Marina 1, que se aprobará mañana en la sesión especial de la Legislatura.
Comparó esta aprobación “a libro cerrado” con la amplia participación que tuvo el tratamiento de la prórroga del contrato con YSUR-YPF, que permitió incorporar entre otros puntos las estaciones de servicio para la ciudad.
El gremio no fue convocado y “estamos preocupados por la situación que vive la provincia. Desde el ámbito de los trabajadores siempre tuvimos alguna participación para discutir los temas que tienen que ver con el ámbito petrolero, pero en esta oportunidad no me cabe ninguna duda de que se está escondiendo la negociación”, dijo.
Señaló que el viernes 30 hubo una presentación del contrato, que tiene 165 páginas, y fue todo el tratamiento legislativo que se le dio. “Una vez más se pierde una oportunidad histórica en Tierra del Fuego, porque los recursos naturales se siguen negociando casi a escondidas, sin participación popular o por lo menos de los representantes políticos más importantes, como son los intendentes”, cuestionó.
“Cuando se trató el contrato con YSUR, recuerdo que el ex legislador Lechman se hizo eco de la voz de los trabajadores, que veíamos que en las comisiones no se debatía en profundidad la cuestión petrolera. La discusión fue enriquecedora y hubo voluntad política para poner un poco más de luz a la cuestión hidrocarburífera. En este caso el asunto ingresa el día 30 y los legisladores tienen cuatro o cinco días para poder leerlo, y ni siquiera se debate en las comisiones lo que se negoció, para que los trabajadores podamos preguntar o consultar”, manifestó. 
“En este tipo de contratos están en juego recursos no renovables de la provincia. Esto se ha hecho de manera ex profeso y no hay nada librado al azar, de la misma manera que no sabemos en qué se utilizaron 27 millones de pesos de las arcas de la provincia en compras secretas de la Secretaría de Seguridad. Tampoco vamos a saber las negociaciones con las petroleras de la provincia”, lamentó.
Remarcó que “en estos momentos se está pidiendo colaboración desde el gobierno provincial para contar con recursos y paliar la situación, y me parece que no se pueden renegociar las áreas petroleras sin el consenso político que debe tener nuestra provincia, para que la negociación sea más eficaz y con condiciones distintas a lo que está plasmado en este contrato que recién se hizo público el viernes 30, a última hora”.
“Se le falta el respeto a la gente, porque hubiera merecido un debate mucho más profundo. Hoy las dos nuevas estaciones de servicio que están funcionando fueron gracias al debate del contrato con YSUR”, subrayó. 
“Todavía no sabemos cómo está el estudio de factibilidad para el traslado de la Planta Orión, y seguimos sosteniendo que es un peligro al estar en el centro de la ciudad y merece un tratamiento de los interesados, como es el Municipio de Ushuaia. En el caso de Río Grande también, porque se podrían traer los combustibles desde San Sebastián como se hacía antes. Hoy cae una piedra en el paso Garibaldi y nos matamos por un litro de nafta, porque quedamos sin combustible”, planteó.

Gradualismo para las empresas

Solorza apuntó además contra el gradualismo al momento de incrementar el aporte de regalías, dado que por primera vez no se negoció el aumento de tres puntos, del 12 al 15 por ciento, en forma inmediata. “La innovación de este convenio es la gradualidad con que se aplica el aumento de regalías. Ahora se plantea un aumento de medio punto para 2018 y así sucesivamente hasta llegar al 15% en 2021”, dijo.
Respecto de la responsabilidad social empresaria, observó que “hablan de becas, de dos camionetas, de charlas de prevención de drogas, pero no aparecen obras en beneficio de los habitantes de la provincia”, teniendo en cuenta que el destino de los fondos está reservado casi exclusivamente a la fuerzas de seguridad. 
“Cuando nos tocó discutir en el ámbito legislativo, gracias a la convocatoria que hubo, tuvimos posibilidad de sentar nuestra posición. En esta oportunidad se ha tratado con total hermetismo y este convenio ni siquiera se firmó en la provincia de Tierra del Fuego, porque se hizo en las oficinas de la empresa Total Austral en Buenos Aires. Muy poco podemos hacer los fueguinos si el ámbito de discusión no está en nuestra propia tierra. Hay que decirle a la clase política que los recursos naturales no son pertenencia ni de un partido político ni del gobierno de turno. Para eso, de la misma manera que llaman para el ajuste fiscal, podrían haber trabajado este convenio para que no se aumenten las regalías de manera escalonada”, planteó.
Contrastó “el gradualismo que se tiene para con las empresas petroleras con el aumento para los usuarios. El gobierno paga las tarifas cada vez más caras, de manera cada vez más confiscatoria, y esto termina atentando contra los propios ingresos de la provincia”, expresó.
“Si esto se hubiera llevado del 12 al 15 por ciento directamente, la ecuación económica cambia notablemente, como pasó con YSUR y con la concesión anterior. Uno tiene una mirada crítica con este tipo de acuerdos porque todos deberíamos apostar al consenso para lograr el mejor acuerdo y cerrar el mayor beneficio posible, con todos los actores de la sociedad, para no dilapidar oportunidades como se hace ahora. Podría haber tendido de redes para los barrios que lo necesitan, y todavía no han devuelto en obras el dinero que han usufructuado del aumento de tarifas, como es el caso de Camuzzi”, repasó.
“No vamos a poder resolver el problema de fondo que tenemos con tantas familias que necesitan el gas de red, y se prevé destinar 729 millones de pesos del presupuesto en subsidios de gas envasado. En épocas de campaña se decía con total desparpajo que en Tierra del Fuego las garrafas no aumentan, pero vemos que aumentan los subsidios. Nosotros somos los dueños de los recursos naturales y, en el caso del contrato con Total-Wintershall-Panamerican Sur, no tenemos como prioridad el abastecimiento de gas para los fueguinos. No se contempla tampoco el gas en especie para paliar el subsidio, que tranquilamente podría haber estado escrito en el contrato, y el estado no tendría que abonar subsidios de esta magnitud de dinero”, sostuvo.
“Estas cuestiones no se tratan en el ámbito legislativo, no se discuten con la oposición de cara a la sociedad, y se pretende aprobar presentándola sobre tablas a libro cerrado. Así estamos muy lejos de resolver el problema”, fustigó.
Respecto de algún contacto con la Legislatura, dijo que lo llamaron “algunos legisladores para preguntar sobre estas cosas y uno puede decir que en las concesiones anteriores se pudo participar porque hubo voluntad política. Evidentemente en este caso no la hay, y va a salir como pretende el Ejecutivo que salga”.
“Mientras tanto tenemos 16 mil comprovincianos que están bajo la línea de pobreza y otro tanto que está bajo la línea de indigencia, y es urgente saldar este tipo de situaciones sociales, pero lo único que estamos haciendo es extranjerizar nuestros recursos, exportándolos como hace Total Austral, sin una prioridad por escrito en este documento para los vecinos, sin que las petroleras se hagan cargo de la garrafa social directamente desde el GLP que corresponde para que el estado se ahorre 729 millones, o que al menos tengan la dignidad de poner un caño para la red que le corresponde a los fueguinos, cuando los hidrocarburos son de cada uno de los fueguinos”, criticó.
“Nosotros pagamos tarifas confiscatorias de los salarios de todo el país. Seguimos pagando la energía eléctrica más alta del país cuando se usa el gas de Tierra del Fuego para la generación. Podríamos tener gas en especies para abaratar costos, y volcar este compromiso en bienestar social. Ni hablar de que necesitamos tener alternativas de empleo, ante el panorama de la provincia, poder industrializar los recursos naturales, tener una estrategia con un horizonte previsible, con posibilidad de industrializar y distribuir los recursos naturales como corresponde. Esto no se logra con consenso político como pretendemos que se logre y estamos retrocediendo, porque las tarifas cada vez son cada vez más altas, el combustible es cada vez más alto, la energía es cada vez más cara y nosotros declaramos huésped de honor al ministro Aranguren”, concluyó.

Los puntos del contrato

El contrato de renegociación fue suscripto el 6 de noviembre e ingresado a la legislatura el viernes 30 a las 12 del mediodía. Comprende las áreas "Hidra", "Cañadón Alfa-Ara", "Antares","Kaus", "Argo" y "Spica" pertenecientes al Área "Cuenca Marina Austral 1".
Las concesiones vencían en 2021 y se prorrogan hasta abril de 2031; salvo el área Argo, cuya prórroga rige hasta el 31 de enero de 2035; y Spica, que se extiende hasta el 30 de julio de 2032.
Con respecto al bono de prórroga, a pagar a los 10 días de ratificado el contrato, el monto es por un total de 11.340.000 dólares.
La alícuota a aplicar para el pago de Regalías será del12,5% desde la entrada en vigencia del Acuerdo y hasta diciembre de 2018; del 13% de enero a diciembre de 2019; del 14% de enero a diciembre de 2020; y del 15% desde enero de 2021 en adelante.
Establece que “los concesionarios priorizarán en el área la contratación de mano de obra, proveedores y servicios radicados en la provincia. En caso que por la especificidad y/o por las características de las tareas a realizar, no resulte posible otorgar la antedicha prioridad, los Concesionarios quedarán liberados de aplicarla”, se advierte, sin fijar porcentajes de mano de obra fueguina.

Responsabilidad social empresaria para Seguridad

En concepto de Responsabilidad Social Empresaria, señala que “los concesionarios aportarán la suma total de dólares estadounidenses cinco millones quinientos mil (U$S 5.500.000) para ser destinada a proyectos que tendrán como objetivo prioritario el desarrollo en materia de educación, salud y seguridad, y serán consensuados entre la Provincia y los Concesionarios dentro de un plazo de sesenta (60) días”.
Sin embargo, hay un detalle en el Anexo 1 de estos proyectos que determina un destino casi excluyente para el área de Seguridad. Los proyectos “serán implementados por la Provincia a través del organismo que ella designe a tal fin” y “los concesionarios estarán permanentemente informados acerca del avance y participarán en la planificación, diagramación y desarrollo de los mismos, sin que ello implique gastos adicionales ni responsabilidad alguna para ellos”, se expresa en uno de los párrafos, sin explicación para la participación en materia de seguridad interna de la provincia de empresas petroleras.
Puntualmente el destino de estos cinco millones y medio de dólares es para:
-Refacciones de la Escuela Superior de Policía ciudad de Río Grande.
-Reacondicionamiento del edificio perteneciente a la División de Administración de la Policía Provincial Río Grande.
-Reacondicionamiento del Destacamento Policial José Menéndez.
-Reacondicionamiento del edificio perteneciente a la Central de Comunicaciones de Río Grande (Escuchas Judiciales).
-Refacciones en el destacamento de Lago Escondido.
-Construcción del Nuevo edificio para la Central de Comunicaciones Ushuaia y Brigada de Delitos Complejos.
-Refacción del Destacamento Policial control de ruta.
-Reacondicionamiento del Edificio de la Dirección General de Investigaciones Criminales. Policía Provincial.
-Acondicionamiento de Polígono y Centro de Adiestramiento Policial.
-Nuevo Gimnasio Colegio Instituto María Auxiliadora - Río Grande.
Asimismo, prevé que “los Concesionarios desarrollarán proyectos propios, en forma individual o conjunta, en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, conforme los programas y presupuestos quesean aprobados oportunamente”.
A título ejemplificativo se listan algunos de los programas de apoyo local de los Concesionarios:
-Programa de Control de Infecciones Intrahospitalarias -Hospital La Candelaria Río Grande;
-Programa Emprendedores Fueguinos - ONG Contribuir; 
-Programa de Becas para Estudios Universitarios;
-Charlas sobre la prevención en el uso del alcohol y drogas con la comunidad;
-Apoyo al Coro del Fin del Mundo.

Inversiones

También se establece que los Concesionarios invertirán “en la capacitación de empleados y funcionarios del gobierno provincial vinculados directa o indirectamente con la industria hidrocarburífera”, por un valor de cien mil dólares durante el período 2018-2021, con un máximo de 50 mil dólares por año; y además “en la investigación y desarrollo de proyectos de energías alternativas o eficiencia energética encarados por la Provincia”, también por un valor de cien mil dólares durante el período 2018-2021, con un máximo de 50 mil dólares de aporte anual.
La inversión incluye la donación de dos camionetas 4x4 dentro de los 120 días de ratificado el contrato, que se destinarán a la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático; y a la Agencia de Recaudación Fueguina.
El último ingreso a las arcas provinciales contemplado en el acuerdo es en concepto de sellado del contrato. La alícuota es del 1% sobre la base de U$S 11.340.000. Dada la exención por ley de la provincia, los concesionarios pagarán en concepto de Impuesto de Sellos, la suma de U$S 56.700.

Fuente: CONSENSO PATAGONICO