Evaluaremos los pasos a seguir en función de las declaraciones del legislador

Río Grande.-La secretaria Legal y Técnica del Municipio de Ushuaia, Dra. Victoria Vuoto, expresó su satisfacción por la clara postura que tomó el legislador oficialista Ricardo Furlan respecto de la facultad de cobro del impuesto inmobiliario y el espíritu de la ley sometida a análisis de la justicia. Consideró que esta posición abre otras perspectivas y analizarán nuevas medidas en base a las declaraciones del legislador, con la expectativa de que la Cámara en su conjunto se exprese políticamente sobre el conflicto.

 La secretaria Legal y Técnica Victoria Vuoto se mostró “gratamente sorprendida” por las declaraciones del legislador oficialista Ricardo Furlan respecto de la facultad de cobro del impuesto inmobiliario, luego de que diera a conocer el espíritu de la ley 1075, que analiza la justicia tras el planteo de la AREF. Esta posición abriría la puerta a nuevas medidas desde los municipios.
“Me sorprendió y de alguna manera me dio la tranquilidad de que efectivamente estábamos en lo cierto, porque cuando se sancionó la ley 1075, como dijo el legislador, se buscó beneficiar a los municipios y no recortarle facultades”, dijo Vuoto por FM Del Sur.
“Hay algo muy importante que dice el legislador Furlan, y es que los municipios debían adherir para que esa ley se aplique. Nosotros dijimos que ese era el espíritu de la ley y que no adheríamos porque estaba dentro de nuestras facultades no hacerlo. Frente a esa no adhesión, para nosotros la cuestión ya estaba terminada”, sostuvo.
“El legislador dijo que en medio algo cambió y que ‘alguno’ pensó que se podía judicializar esta cuestión, y ese ‘alguno’ es un ente autárquico que no tiene capacidad para presentarse a discutir judicialmente un tema de estas características con los municipios, como lo venimos diciendo. Estamos frente a una acción judicial presentada por un tercero que no tiene la capacidad para estar en juicio con nosotros, y que busca desvirtuar el significado de la ley. Yo le dije a la AREF que, si tenía dudas acerca del significado de la ley, por qué no le preguntaba a los legisladores, y el legislador Furlan, que votó la ley, fue clarísimo en las declaraciones”, sentenció.
Apuntó que Furlan “también dijo que fue constituyente, es decir que no sólo tiene el carácter de legislador sino el de haber sido uno de los creadores de la Constitución de la provincia, donde se respetó la distribución tributaria y de potestades entre municipios y provincia, y que el impuesto inmobiliario seguía siendo de los municipios”.
“Ya se tomó una decisión desde aquel entonces y parece hasta trasnochado el planteo de la AREF, que ahora viene a cuestionar a quién le corresponde el impuesto, porque claramente nunca estuvo en discusión entre los legisladores al sancionar la ley 1075, y Furlan dijo que por eso se invitó a adherir, porque el impuesto inmobiliario es municipal y esto mismo se resolvió en la Constitución”, insistió.
“Me quedo con que efectivamente estábamos en lo cierto y me pregunto por qué la AREF, si tenía una duda, no le preguntó a los legisladores que son los que hicieron la ley. Por el contrario, insistieron con la judicialización, que es una judicialización totalmente errónea. Comparto lo que dice el legislador Furlan, que si existe un conflicto se tiene que resolver por la vía política, y no con judicializaciones prematuras que exceden el espíritu de la ley y las facultades de la AREF, que no tiene potestad para litigar con los municipios en cuestiones de competencias”, aseveró.
Furlan dijo que debió intervenir el Fiscal de Estado, un pedido que hicieron los municipios a la justicia, aunque terminó fallando en contra: “El Fiscal de Estado es quien representa a la provincia en las acciones judiciales. Los entes autárquicos tienen competencia para presentarse en la justicia, pero en el ámbito de su tarea. Para la AREF es la recaudación de impuestos, y puede ir la justicia por ejemplo con juicios ejecutivos, pero no respecto de facultades relacionadas con los impuestos, que los establece la Legislatura. En todo caso es la provincia quien tiene esa facultad, no un ente autárquico”, expuso la funcionaria.
“Nosotros venimos diciendo lo mismo, quizás en otras palabras más rebuscadas o más técnicas, pero el legislador lo explicó con toda su simpleza, y fue muy claro. La verdad me agradó escucharlo, porque no tuve oportunidad de intercambiar opiniones sobre esto. Lo que planteamos en nuestro escrito es el espíritu que efectivamente tuvo la ley 1075”, confirmó.
“No se puede usar una herramienta que tiene como fin beneficiar a los municipios para ir a la justicia y hacerlos quebrar, porque también el legislador Furlan habló del impacto para nuestro municipio, que implica entre 100 y 130 millones anuales, y para un presupuesto municipal es muchísimo dinero. Así como la gobernadora dijo que el proyecto original de reforma tributaria implicaba la disolución territorial de la provincia, para nosotros esta judicialización y lo que pretende la AREF, implica la disolución del municipio”, comparó.
“Vamos a un contexto donde va a haber menos recursos coparticipables y además nos van a quitar los propios, por lo tanto no tenemos otra alternativa que cerrar la puerta del municipio y que gobierne el gobierno central. Para nosotros es una afectación incalculable la interpretación que la AREF le da a la ley, y no es la intención que tuvieron los legisladores al sancionarla, tal como lo dijo el legislador que la votó”, remarcó.
Consultada sobre la posibilidad de que la justicia se declare incompetente, para que se defina en el ámbito político, la secretaria informó que “nosotros planteamos la incompetencia del tribunal, pero basados en otros argumentos, no en que se trata de una cuestión política no judiciable. La competencia en todo caso es de la Corte Suprema porque se están afectando las autonomías y hay una cuestión federal, no de derecho local, y eso lo dejamos planteado”.

Nuevos argumentos

A partir de la posición de Furlan, se abre otra perspectiva en esta demanda. “Estos días evaluaremos los pasos a seguir en función también de las declaraciones del legislador que votó la ley. Me parece que la Legislatura tiene que poner una palabra sobre esto, porque hay un ente autárquico de la provincia que le está dando un sentido totalmente distinto a la ley, que judicializa sin participación del Fiscal de Estado en representación de la provincia. Es interesante que la Legislatura ponga una palabra sobre esto y analizaremos los pasos a seguir. Nosotros nos encargamos de la defensa jurídica de los intereses del municipio y pondremos en consideración del intendente, de su gabinete, la posibilidad de implementar otros mecanismos que puedan abrir una discusión política institucional para esta situación, que es donde se debería estar resolviendo”, concluyó.

Fuente: Consenso Patagonico