Petroleras en la mira: la Justicia Federal de Río Grande investiga el entramado ilegal que financia la ocupación británica en Malvinas
24.09.2026
El Juzgado Federal del norte de la Isla se declaró competente tras un recurso presentado por el CECIM La Plata y la Asociación de Abogados Ambientalistas. La causa apunta contra las empresas que operan sin autorización argentina en la plataforma continental, al tiempo que advierten por el riesgo de derrames en las costas patagónicas y denuncian un nuevo aval logístico a la usurpación desde Chile.
Petroleras en la mira: la Justicia Federal de Río Grande investiga el entramado ilegal que financia la ocupación británica en Malvinas
RÍO GRANDE.— La embestida judicial contra la exploración hidrocarburífera ilegal en el Atlántico Sur sumó un capítulo clave en la jurisdicción fueguina. La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, se declaró competente e inició las primeras diligencias en la causa impulsada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina, que busca frenar las operaciones de empresas petroleras en la plataforma continental usurpada.
La presentación judicial apunta a encarecer el "costo-beneficio" de la ocupación británica, atacando la vulneración de la Ley Nacional de Hidrocarburos. Desde el CECIM advierten sobre una severa inconsistencia del sistema de control argentino: varias de las firmas o proveedoras que intervienen en las concesiones ilegítimas otorgadas por el gobierno colonial de las islas explotan en forma simultánea recursos estratégicos en territorio continental, con presencia destacada en la cuenca no convencional de Vaca Muerta.
A la amenaza soberana se le suma un inminente peligro de desastre ambiental. Las organizaciones demandantes alertaron que las firmas operadoras en el área disputada carecen de las espaldas financieras y de las coberturas de seguro exigidas por la legislación argentina ante eventuales derrames offshore, lo que expone a todo el litoral marítimo patagónico a un impacto de remediación inviable.
A la par del frente judicial en Tierra del Fuego, el organismo de derechos humanos intimó formalmente a la Cancillería Argentina tras confirmarse la apertura de un corredor logístico marítimo mensual desde Punta Arenas (Chile) hacia Malvinas, operado por la naviera AIL. Para la entidad de excombatientes, el silencio del Ejecutivo nacional ante este enlace operacional desde el país vecino convalida la consolidación económica del enclave británico en las islas —financiado por la entrega ilícita de licencias pesqueras a flotas europeas y recursos petroleros— violando la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional.
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Fuente: CONSENSO PATAGONICO
