Baja de imputabilidad: el STJ advierte que la provincia no tiene fondos ni infraestructura para aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil
10.09.2026
Ernesto Löffler calificó como "inaplicable en el corto plazo" la ley nacional sin la transferencia de recursos desde la Casa Rosada. Reveló que Tierra del Fuego carece de centros de alojamiento para menores y que la Constitución provincial prohíbe derivarlos a otras provincias. Exigen una reingeniería judicial urgente.
Baja de imputabilidad: el STJ advierte que la provincia no tiene fondos ni infraestructura para aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil
La entrada en vigencia del nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil —que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años y prevé penas de hasta 15 años de prisión— coloca al Poder Judicial de Tierra del Fuego ante una encrucijada institucional y presupuestaria de magnitudes. Si bien la normativa es de aplicación inmediata ante la comisión de un delito, la provincia no cuenta con la infraestructura carcelaria especializada, la estructura de jueces y fiscales dedicados, ni los recursos financieros para sostener el sistema.
El ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Ernesto Löffler, advirtió sobre la brecha que separa el espíritu de la ley nacional de la realidad económica local. "La ley marca una evolución necesaria tras cuatro décadas de atraso, pero impone estándares que generan gasto y nuevas estructuras. La pregunta de fondo es central: ¿cómo lo pagamos en una provincia con las cuentas complicadas?", cuestionó el magistrado, quien reclamó que la Nación acompañe la transferencia de competencias con las partidas presupuestarias correspondientes para no "desnaturalizar el federalismo".
El candado constitucional y la falta de plazas
El punto más crítico de la implementación radica en el cumplimiento de las penas privativas de libertad. El régimen nacional exige de manera taxativa que los adolescentes de entre 14 y 18 años no compartan lugares de encierro con adultos, imponiendo el alojamiento en establecimientos especializados, abiertos o cerrados. Tierra del Fuego no dispone actualmente de instalaciones con estas características.
A este déficit de infraestructura se suma un impedimento legal de rango superior: aunque la norma nacional autoriza la firma de convenios interjurisdiccionales para derivar a los menores a institutos de otras provincias, la Constitución de Tierra del Fuego establece expresamente que las personas privadas de la libertad deben cumplir sus condenas dentro del territorio insular. "Ahí tenemos un escollo constitucional insalvable que requiere un debate profundo sobre cómo se garantizará el cumplimiento de las penas", puntualizó Löffler.
Reingeniería procesal y falta de fiscales especializados
La puesta en marcha del régimen obliga además al Poder Judicial a crear o reasignar roles específicos. La legislación exige que magistrados, fiscales, defensores y la nueva figura de los "supervisores" —encargados de la tutela y seguimiento de las medidas de conducta— cuenten con una especialización obligatoria en materia penal juvenil.
Hoy, las causas contra menores se tramitan mediante tribunales colegiados conformados de manera provisoria (ad hoc). El STJ analiza una reingeniería de personal para determinar si es factible unificar la jurisdicción en un solo tribunal provincial, evitando la erogación que implicaría crear nuevos juzgados en Río Grande y Ushuaia. En paralelo, la reforma exige adaptar el Código Procesal Penal fueguino —que conserva un modelo mixto— al sistema acusatorio adversarial que impone la legislación nacional.
A pesar de que el Superior Tribunal evalúa los costos para readecuar el funcionamiento judicial, Löffler fue tajante respecto a la vigencia del régimen: si hoy un adolescente de 14 años comete un delito grave en la provincia, la Justicia debe juzgarlo bajo esta normativa, exponiendo las severas carencias del Estado provincial para responder a los estándares legales exigidos.
Fuente: CONSENSO PATAGONICO
