Malvinas Norte: la Justicia Federal analiza la demanda ambiental y advierte que las notificaciones a petroleras dependen de Cancillería
05.09.2026
La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, confirmó que el pedido de medida cautelar para frenar las actividades hidrocarburíferas en el Atlántico Sur se encuentra en etapa de vista fiscal. Aclaró que la acción tramita por el fuero civil y que el Poder Judicial no tiene competencias para notificar directamente a empresas radicadas en el extranjero.
Malvinas Norte: la Justicia Federal analiza la demanda ambiental y advierte que las notificaciones a petroleras dependen de Cancillería
El Juzgado Federal de Río Grande inició el análisis procesal de la acción ambiental promovida por colectivos de abogados y el Centro de Estudios para el Cambio Climático (CECL), con la que se busca paralizar las tareas de exploración y eventual explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
La titular del juzgado, Mariel Borruto, confirmó que el expediente fue girado en primera instancia a la Fiscalía Federal para evaluar la legitimación activa de los demandantes y el cumplimiento de los requisitos formales. Al tratarse de una medida cautelar de carácter civil —y no de un proceso penal—, el magistrado debe ceñirse a criterios estrictos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora antes de emitir una resolución provisional.
El principal obstáculo operativo del expediente radica en el carácter transnacional de las firmas involucradas en los bloques petroleros bajo concesión ilegal británica. Al respecto, Borruto remarcó los límites del fuero federal ante litigios que exceden el territorio nacional: la eventual notificación a empresas radicadas en el exterior debe ser canalizada de manera indefectible a través de la Cancillería Argentina. La decisión final sobre si se cursarización o no los exhortos diplomáticos recae sobre la política exterior del Poder Ejecutivo Nacional, antecedente que ya registró comportamientos dispares durante las administraciones de 2015 a la fecha.
En el mismo marco institucional, la magistrada ratificó la vigencia del régimen de promoción industrial de la Ley 19.640 como una herramienta central para el poblamiento, la generación de empleo y la consolidación de la soberanía en la isla de Tierra del Fuego y el Atlántico Sur, remarcando que las herramientas diplomáticas y el desarrollo territorial deben primar sobre las coyunturas económicas.
Fuente: CONSENSO PATAGONICO
