POLÍTICA PROVINCIAL

LeoLabs insistirá en activar el radar de Tolhuin

14.08.2026

La empresa sostiene recursos administrativos y judiciales mientras la Comisión Investigadora reconstruye la trama de permisos. Revelan que las gestiones oficiales iniciaron en 2021, antes de que la firma tuviera presencia legal en Tierra del Fuego.

LeoLabs insistirá en activar el radar de Tolhuin

 

LeoLabs mantiene acciones judiciales para activar el radar en Tolhuin. La Comisión Investigadora citó a funcionarios e investiga trámites iniciados en 2021.

Acciones judiciales y la reconstrucción de la verdad histórica

La controversia en torno al radar instalado en la localidad fueguina de Tolhuin suma un nuevo capítulo decisivo. La Comisión Investigadora de la Legislatura de Tierra del Fuego confirmó que la firma LeoLabs Argentina SRL mantiene activa una ofensiva legal y administrativa ante diversos organismos nacionales y provinciales para lograr la puesta en funcionamiento de la estación de seguimiento espacial.

La novedad fue ratificada por el legislador provincial Pablo Villegas (MPF), presidente del cuerpo investigador, quien advirtió que la compañía no ha desestimado su proyecto en la provincia. En declaraciones radiales, el parlamentario precisó que la firma apela fallos en la justicia civil de Ushuaia, contesta demandas municipales en Tolhuin y tramita recursos ante la Jefatura de Gabinete de la Nación.

Revelación clave: los trámites iniciaron en 2021

Uno de los hallazgos más contundentes del trabajo de la comisión radica en la cronología documental. Pese a que las primeras versiones públicas ubicaban el origen de las gestiones en el año 2023, la reconstrucción de expedientes probó que los pedidos comenzaron en noviembre de 2021.

Este dato genera un fuerte impacto político e institucional, ya que demuestra que se otorgaron avales y factibilidades técnicas ante la Dirección Provincial de Energía (DPE) y el Ministerio de Producción y Ambiente provincial cuando la subsidiaria LeoLabs Argentina SRL aún no estaba formalmente constituida en la jurisdicción fueguina.

"La empresa ha blanqueado recursos en trámite entre la Jefatura de Gabinete de la Nación, apelado decisiones del Juzgado Civil y Comercial N.º 2 de Ushuaia y contestado demandas de la Municipalidad de Tolhuin, lo que demuestra la firme intención de que el radar se habilite", sostuvo Pablo Villegas.

Citaciones a funcionarios clave y tensiones administrativas

Para delimitar el mapa de responsabilidades políticas y técnicas, el cuerpo legislativo citó a una ronda de testimoniales a actores clave del ámbito municipal, provincial y nacional:

Daniel Harrington (Intendente de Tolhuin): Aportó documentación sobre las actuaciones de la comuna y el estado de las demandas judiciales libradas contra la firma.

Pedro Villarreal (Presidente de la DPE): Deberá responder por las factibilidades energéticas concedidas en las etapas iniciales del proyecto. Villegas señaló que el organismo mostró reticencias iniciales para enviar los expedientes, aunque finalmente cumplimentó el requerimiento.

Pablo Blanco (Senador M.C.): Fue convocado para precisar las gestiones y debates parlamentarios desarrollados en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Nación.

Soberanía y el alcance del informe final

El caso de la instalación del radar espacial por parte de una empresa con capitales estadounidenses y británicos se consolida como uno de los expedientes más sensibles de la agenda geopolítica y de soberanía en la región subantártica.

El titular de la Comisión aclaró que el objetivo central es brindar un dictamen con rigor técnico y objetivo. "No porque exista una Comisión Investigadora va a desaparecer el radar de la noche a la mañana, pero es importante poner a disposición de la sociedad un instrumento serio que determine qué pasó, desde cuándo y quiénes intervinieron", concluyó Villegas.

El dictamen final del parlamento fueguino incluirá una cronología exhaustiva del caso, el deslinde de responsabilidades administrativas y recomendaciones legislativas para evitar la repetición de irregularidades en el otorgamiento de permisos de infraestructura sensible.

Fuente: CONSENSO PATAGONICO

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