La patria en el mostrador: el plan oficial para rematar la soberanía hectárea por hectárea
06.08.2026
La CGT encabeza el rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, denunciando un proceso de extranjerización que ya entregó una superficie similar a Inglaterra. Entre desalojos exprés y el desguace de recursos estratégicos, el movimiento obrero advierte sobre una "capitulación territorial" que pone en jaque desde Tierra del Fuego hasta el bolsillo del inquilino.
La patria en el mostrador: el plan oficial para rematar la soberanía hectárea por hectárea
Cenizas para hoy, barrios privados para mañana
El Senado se convierte por estas horas en el escenario de una entrega que, bajo el eufemismo de la "seguridad jurídica", busca legalizar el despojo. La central obrera ha salido a cruzar con dureza el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, señalando que la soberanía no es un relato romántico de manual escolar, sino un patrimonio tangible que se mide en la posesión de la tierra, el control de las fronteras y el resguardo de los bienes naturales.
Para la CGT, lo que se discute no es una reforma técnica, sino la validación de un desguace que ya tiene cifras alarmantes: 13 millones de hectáreas argentinas —una extensión que iguala a todo el territorio del Reino Unido— ya no responden a la bandera nacional.
El mapa de la extranjerización no es uniforme pero sí voraz. Mientras el discurso oficial intenta diluir la gravedad con promedios provinciales, la realidad en los territorios es de una ocupación silenciosa.
En departamentos como Lacar, General Lamadrid, Molinos y San Carlos, más de la mitad del suelo ya está en manos de capitales foráneos. El ojo de la tormenta se posa sobre Tierra del Fuego, el corazón estratégico del reclamo por Malvinas, donde el 5 por ciento del territorio está bajo control extranjero y el Estado nacional avanza en la subasta de predios críticos en la Base Naval de Ushuaia, debilitando la logística antártica en favor de negocios inmobiliarios.
La ofensiva no es solo geográfica, sino también social y ambiental. La reforma pretende herir de muerte la Ley de Manejo del Fuego, eliminando las restricciones para vender tierras incendiadas; una invitación cínica a que el mercado inmobiliario le ponga precio a las cenizas de los bosques nativos. En los barrios, el impacto se traduce en violencia habitacional: la instauración de desalojos preventivos inmediatos amenaza con tirar a las familias a la calle ante el primer traspié económico, mientras se eleva de 3 a 10 años el tiempo de arraigo necesario para escriturar una vivienda popular. Frente a esta "capitulación", la calle promete ser el último refugio de resistencia contra un modelo que busca rifar el agua y el suelo de las próximas generaciones.
La CGT encendió todas las alarmas contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Denuncia que el Gobierno busca legalizar la extranjerización de territorios estratégicos, habilitar desalojos exprés y abrir el camino a negocios inmobiliarios sobre tierras incendiadas. pic.twitter.com/IxVAebd0fb
— consensopatagonico (@consensopatagon) August 5, 2026
Fuente: CONSENSO PATAGONICO
