El Gobierno justificó el tarifazo en los servicios y combustibles bajo el argumento de la «inflación reprimida»
01.07.2026
En su debut como vocero presidencial, Adrián Ravier defendió el ajuste en las tarifas de energía y combustibles al catalogarlo como una "corrección inevitable". En paralelo, el funcionario buscó despegar a la gestión de Javier Milei de la crisis que eyectó a Manuel Adorni, hoy investigado por la Justicia junto a exintegrantes del área de comunicación.
El Gobierno justificó el tarifazo en los servicios y combustibles bajo el argumento de la «inflación reprimida»
El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió este martes el rumbo económico del Gobierno y justificó los fuertes aumentos aplicados en las tarifas de servicios públicos y combustibles. Según el funcionario, las subas forman parte de un proceso de "normalización" de precios que operaban bajo el paraguas de subsidios estatales de la gestión anterior.
Ravier sostuvo que la administración libertaria heredó una “inflación reprimida” en sectores regulados como la energía y el transporte. En ese sentido, afirmó que el objetivo del Ejecutivo es avanzar hacia un esquema donde el usuario pague el costo real de los servicios para consolidar el equilibrio fiscal, reduciendo drásticamente las partidas de subsidios económicos.
Aunque el portavoz reconoció que los incrementos de los últimos meses superaron con creces el índice de inflación general informado por el INDEC, argumentó que la recomposición es indispensable para garantizar las inversiones de las empresas prestadoras.
Sin embargo, el debut de Ravier no estuvo exento de tensiones políticas. Al ser consultado por la eyección de Manuel Adorni, el vocero ratificó que la renuncia respondió a "cuestiones personales" y al deseo de su antecesor de afrontar la investigación judicial en curso como un ciudadano particular, evitando emitir valoraciones sobre los presuntos contratos irregulares en el área.
Respecto al resto de los empleados de la Vocería salpicados por la causa, el funcionario se limitó a señalar que cada situación está bajo auditoría de las áreas competentes y no descartó la aplicación de sanciones administrativas definitivas.
Fuente: CONSENSO PATAGONICO
