La Legislatura frenó la reforma y expuso la fractura política: los bloques desarmaron el relato oficial y dejaron al Gobernador aislado
23.05.2026
La sesión del 22 de mayo dejó al descubierto un quiebre político profundo en Tierra del Fuego. Con 11 votos, la Legislatura insistió en la abrogación de la reforma constitucional y desactivó la convocatoria del 9 de agosto.
La Legislatura frenó la reforma y expuso la fractura política: los bloques desarmaron el relato oficial y dejaron al Gobernador aislado
Los bloques opositores cuestionaron la inoportunidad, el costo y la falta de legitimidad social del proceso, mientras FORJA defendió el veto y la validez del cronograma. El resultado: un Gobernador cada vez más aislado y un conflicto de poderes que ahora deberá resolver la Justicia.
La sesión legislativa del 22 de mayo de 2026 terminó de dinamitar el frágil andamiaje político que sostenía la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo. Con 11 votos a favor y 3 en contra, la Legislatura insistió en la abrogación de la Ley 1529, notificó al Juzgado Electoral y dejó sin sustento jurídico la convocatoria a elecciones del 9 de agosto, profundizando el conflicto institucional y el aislamiento político del Gobernador.
El debate expuso con crudeza las diferencias entre los bloques. Mientras el oficialismo de FORJA defendió la validez del veto y la continuidad del proceso constituyente, la mayoría legislativa —PJ, MPF, LLA, Provincia Grande y Somos Fueguinos— coincidió en que la reforma es inoportuna, socialmente rechazada y jurídicamente insostenible en medio de la crisis económica y social que atraviesa la provincia.
🔶 FORJA: la defensa solitaria del veto y la “ley especial”
El legislador Federico Greve fue la voz más firme del oficialismo. Sostuvo que la ley de necesidad de reforma es una “ley especial”, que una vez aprobada escapa a la disponibilidad del legislador.
Defendió la legitimidad del Gobernador y afirmó que la reforma no es un capricho, sino un proyecto estratégico para “los próximos 30 años”.
Greve reconoció la crisis, pero insistió en que “lo urgente nunca deja tiempo a lo importante”. Fue una defensa política, pero también un síntoma: FORJA quedó prácticamente sola en la defensa del proceso.
🔶 MPF: el gasto electoral como síntoma de desconexión
El legislador Pablo Villegas fue uno de los más duros. Calificó la iniciativa como “antojadiza y caprichosa”, y cuestionó que el Gobierno pretenda destinar millones a una elección mientras pide adelantos de coparticipación para pagar salarios.
Refutó además el argumento de la “ley especial”:
“Si fuera tan especial, el Ejecutivo no podría haberla vetado. Es una ley ordinaria y así debe tratarse”, sostuvo.
🔶 PJ: la facultad preconstituyente y la agenda real de la gente
Los legisladores Victoria Vuoto y Juan Carlos Pino pusieron el foco en dos ejes: la facultad exclusiva del legislativo para declarar la necesidad de reforma y la desconexión del proyecto con las prioridades sociales.
Vuoto citó precedentes de la Corte Suprema y de 21 constituciones provinciales para sostener que el Ejecutivo no puede vetar una ley de necesidad de reforma.
También cuestionó el contenido del proyecto original:
“Hablan de municipios, de Tribunal de Cuentas, de cargos… pero no dicen una palabra sobre infancias, salud mental o discapacidad”.
Pino fue directo:
“La agenda de la gente es cómo llegar a fin de mes, los despidos en Río Grande y el precio del gas. No una reforma constitucional”.
🔶 La Libertad Avanza: el argumento fiscal y la inviabilidad política
La legisladora Natalia Gracianía rechazó la reforma desde un enfoque de responsabilidad fiscal.
Sostuvo que no es razonable destinar millones a una convención constituyente cuando la provincia depende de adelantos nacionales para cerrar sus cuentas.
“Una reforma solo es legítima cuando responde a necesidades profundas y consensuadas. No es este el caso”, afirmó.
🔶 Provincia Grande y otros bloques: la Legislatura como “Casa del Pueblo”
El legislador Jorge Lechman (Somos Fueguinos) pidió rechazar el veto y recordó que la Legislatura debe reflejar la opinión mayoritaria de la sociedad, que rechaza la reforma.
El legislador Damián Löffler (MPF) aportó el argumento jurídico más contundente: el fallo del Superior Tribunal no está firme porque hay un recurso de queja pendiente ante la Corte Suprema.
Por lo tanto, el plazo de 210 días no comenzó a correr y el decreto de convocatoria es “absolutamente inconstitucional”.
La sesión del 22 de mayo dejó una postal nítida: el Gobernador quedó solo defendiendo una reforma que la sociedad no pidió, que la política no acompaña y que la Justicia aún no convalida.
Mientras la provincia enfrenta una crisis económica, sanitaria y energética, el Ejecutivo eligió atrincherarse detrás de un proyecto que nació sin calle y sin timing. La Legislatura, con una mayoría transversal, decidió poner un límite institucional y político.
El oficialismo habló de “ley especial”, de “reglas para los próximos 30 años” y de “consensos previos”.
La oposición habló de salarios, de gas, de hospitales, de escuelas sin clases, de fábricas que cierran.
La diferencia no es técnica: es de mundo.
El 9 de agosto ya no existe.
Lo que sí existe es un Gobernador cada vez más aislado, defendiendo una reforma que se desmorona entre vetos, abrogaciones y fallos sin firmeza.
La política fueguina envió un mensaje claro:
no se puede reformar la Constitución cuando la gente está tratando de llegar a fin de mes.
Fuente: CONSENSO PATAGONICO
