La Legislatura paralizó el cronograma constituyente y dejó en evidencia el conflicto de poderes que aisla al gobernador.
23.05.2026
Tras insistir en la abrogación de la Ley 1529, la Legislatura dejó sin sustento jurídico la convocatoria a elecciones del 9 de agosto. El cuerpo notificará al Juzgado Electoral, cuestionó la falta de sentencia firme del Superior Tribunal y sostuvo que no existen actos consolidados que impidan frenar el proceso.
La Legislatura paralizó el cronograma constituyente y dejó en evidencia el conflicto de poderes que aisla al gobernador.
El Ejecutivo, en soledad política, insiste en sostener un cronograma que la mayoría legislativa considera inválido.La sesión del 22 de mayo de 2026 marcó un punto de quiebre en la disputa institucional por la fallida reforma constitucional. Con 11 votos, la Legislatura insistió en la abrogación de la Ley 1529 y dejó al cronograma electoral del 9 de agosto en un estado de virtual invalidez jurídica, profundizando el conflicto de poderes y el aislamiento político del Gobernador.
El primer movimiento fue decisivo: la Legislatura aprobó incluir un artículo para notificar formalmente al Juzgado Electoral Provincial que la ley que daba origen al proceso constituyente ya no tiene vigencia. La intención es clara: impedir que la justicia electoral avance con trámites administrativos o gastos vinculados a una elección cuya base legal fue retirada por el propio Parlamento.
El legislador Damián Löffler fue uno de los más contundentes al cuestionar la legalidad del proceso. Sostuvo que el plazo de 210 días otorgado por el Superior Tribunal de Justicia para convocar a elecciones no ha comenzado a correr, debido a que existe un recurso de queja pendiente ante la Corte Suprema.
“Sin sentencia firme, no hay plazo en curso. El decreto es absolutamente inconstitucional”, afirmó.
La legisladora Victoria Vuoto sumó otro argumento clave: el decreto de convocatoria (851/26) se publicó el 30 de abril, el mismo día en que la Legislatura votó por primera vez la abrogación. Según la Ley 141, los decretos de alcance general entran en vigencia ocho días después.
Es decir, cuando la reforma fue cancelada, la convocatoria ni siquiera estaba vigente.
Desde la mayoría legislativa también se remarcó que no existen actos consolidados: no hay listas oficializadas, ni candidatos proclamados, ni un cronograma firme. Por lo tanto, no se afectan derechos subjetivos de la ciudadanía.
“Hay interés legítimo, pero no derechos adquiridos”, señalaron.
En contraste, el oficialismo de FORJA defendió la postura del Ejecutivo. El legislador Greve sostuvo que, una vez dictada la ley de necesidad y emitido el decreto, la Legislatura pierde la disponibilidad del proceso, que pasa a ser administrado por la justicia electoral. Para ese sector, la insistencia legislativa es “inconstitucional”.
El choque de interpretaciones dejó al descubierto un escenario de profunda incertidumbre jurídica. Mientras el Ejecutivo intenta sostener la fecha del 9 de agosto, la Legislatura busca paralizar formalmente el proceso y obligar a la justicia electoral a reconocer que la base normativa fue removida.
La decisión final quedará en manos del Poder Judicial, pero el mensaje político ya está escrito: la reforma constitucional perdió legitimidad, perdió sustento legal y, sobre todo, dejó al Gobernador cada vez más solo en una batalla que la sociedad fueguina no pidió.
La sesión del 22 de mayo fue mucho más que un trámite legislativo: fue el momento en que la política fueguina decidió ponerle un freno a un proyecto que avanzaba sin consenso social y que terminó convirtiéndose en el símbolo más claro del aislamiento del Gobernador.
Mientras la provincia enfrenta problemas urgentes —salud, tarifas, empleo, inflación, crisis energética— el Ejecutivo eligió concentrar su energía en una reforma constitucional que nació débil, creció cuestionada y murió sin respaldo. La Legislatura, con una mayoría transversal, decidió decir basta.
El archivo del decreto, la notificación al Juzgado Electoral, la demolición jurídica del cronograma y la insistencia en la abrogación no son gestos técnicos: son un límite político. Un mensaje institucional que dice:
no se puede gobernar de espaldas a la gente ni forzar una reforma mientras la provincia arde en problemas reales.
El 9 de agosto ya no existe.
Lo que sí existe es una crisis política que el Ejecutivo deberá enfrentar sin decretos mágicos ni atajos judiciales.
Fuente: CONSENSO PATAGONICO
