La Justicia frenó el amparo contra el Estado y el protocolo antipiquete sigue vigente
03.01.2026
La Justicia hizo lugar a la apelación que presentó el Gobierno nacional contra la nulidad del protocolo antipiquetes, por lo que el mismo sigue vigente. "La Justicia nos dio la razón", celebró en redes sociales la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
PROTOCOLO ANTIPIQUETES
La Justicia frenó el amparo contra el Estado y el protocolo antipiquete sigue vigente
La Justicia hizo lugar a la apelación que presentó el Gobierno nacional contra la nulidad del protocolo antipiquetes, por lo que el mismo sigue vigente. "La Justicia nos dio la razón", celebró en redes sociales la Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
El lunes pasado, el Juez Federal Martín Cormick, había declarado la nulidad del protocolo que impuso Patricia Bullrich en diciembre de 2023, cuando fue designada como Ministra de Seguridad.
"El protocolo sigue vigente", escribió Monteoliva. "La justicia nos dio la razón: concedió el recurso que presentamos y suspendió los efectos de la sentencia que declaraba la nulidad del Protocolo", continuó.
Luego, la titular de la cartera de Seguridad concluyó, "el Protocolo sigue vigente y puede aplicarse" Lo dijimos ayer y lo reafirmamos hoy: no vamos a dar un paso atrás. El orden recuperado se sostiene con decisión y reglas claras".
La nulidad del protocolo
El lunes pasado, el Juez Federal Martín Cormick, había declarado la nulidad del protocolo que impuso Patricia Bullrich en diciembre de 2023, cuando fue designada como Ministra de Seguridad.
El titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 hizo lugar a la acción de amparo colectiva presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y declaró la "nulidad absoluta e inconstitucionalidad" de la Resolución Nº 943/23.
Cormick consideró que el Ministerio de Seguridad "carece de competencia" para dictar una norma de esa naturaleza, ya que intentó legislar sobre materia penal al definir qué conductas constituyen un delito durante una manifestación. Según la sentencia, esa facultad corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo no puede arrogarse funciones legislativas para penalizar la protesta social.
Fuente: eldestapeweb.com
