POLÍTICA NACIONAL

Prisión domiciliaria para Cristina Kirchner

18.06.2025

El Tribunal Oral Federal 2 le otorgó ayer la prisión domiciliaria a la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner para que cumpla su condena de seis años de prisión por el caso “Vialidad” que la semana pasada confirmó la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Usará tobillera electrónica y tendrá limitadas las visitas
Prisión domiciliaria para Cristina Kirchner


El Tribunal Oral Federal 2 le otorgó ayer la prisión domiciliaria a la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner para que cumpla su condena de seis años de prisión por el caso “Vialidad” que la semana pasada confirmó la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Tribunal Oral Federal N°2 le otorgó este martes la prisión domiciliaria a la expresidenta y actual titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Kirchner, cuya condena por la causa Vialidad fue confirmada por la Corte Suprema la semana pasada. La ex presidenta fue notificada de manera virtual, por lo que no deberá presentarse hoy en Comodoro Py.

Tuvo en cuenta en su decisión el intento de homicidio que sufrió la ex mandataria. Como lugar de cumplimiento de la pena fue autorizado el departamento de San José 1111, en la Capital Federal. Además, le impusieron la utilización de tobillera electrónica y la presentación de una lista de personas que podrán ingresar al inmueble. Por otro lado, la CGT decidió no concurrir al encuentro de ayer a la tarde con el Consejo Nacional del PJ, mientras dejó en “libertad de acción” a los sindicatos para decidir su participación y paros parciales en caso de que se organice este miércoles una marcha en favor de Cristina Kirchner.


Entre otros requisitos, CFK deberá usar tobillera electrónica: “Ordenar a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional, la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico”, dice la resolución del tribunal.
Entre los argumentos, el tribunal señaló: “En este estado de cosas, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente así como el hecho de que la peticionante supera los setenta años de edad, su permanencia en prisión en un establecimiento carcelario no sólo se presenta, por el momento, como una opción difícil de compatibilizar con una protección efectiva de sus derechos fundamentales por las razones ya señaladas, sino que además es una opción que la ley expresamente habilita a reemplazar por otra”.
“En virtud del temperamento que aquí se adopta, corresponde establecer que a partir del día de la fecha Cristina Elisabet Fernández de Kirchner se encuentra, en calidad de detenida bajo la modalidad de prisión domiciliaria, cumpliendo la pena firme de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso que le fuera impuesta en esta causa”.

Las condiciones de detención

La resolución que lleva la firma de los tres jueces del Tribunal Oral 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dispuso, además, las siguientes medidas:
- Imponer a la nombrada las siguientes reglas de conducta, las cuales tendrá que observar y cumplir mientras se mantenga la modalidad domiciliaria del cumplimiento de la pena de prisión:
a) Deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente. Por fuera de estos supuestos, deberá requerir y obtener la autorización previa del tribunal, sin excepción.
b) Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes.
c) En el plazo de 48 horas hábiles deberá presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado.
También, el tribunal dispuso encomendar a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal que lleve adelante la supervisión de la prisión domiciliaria y que informe a tribunales los resultados cada tres meses, luego de lo cual se evaluará el grado de acatamiento de las reglas impuestas.
Finalmente, se decidió ordenar a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional, la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico en el domicilio donde se encuentra cumpliendo la prisión domiciliaria.

Fundamentos de porqué la Justicia le concedió la prisión domiciliaria

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 dispuso que la ex presidenta Cristina Kirchner cumpla bajo la modalidad de prisión domiciliaria la condena a seis años de cárcel que quedó firme por el delito de administración fraudulenta tras considerar que su edad, el intento de homicidio que sufrió en 2022 y la imposibilidad de garantizar su seguridad en un establecimiento penitenciario “sin incurrir en prácticas discordantes” para los estándares constitucionales y convencionales tornan necesario que la pena se ejecute en su domicilio del barrio porteño de Monserrat.
La resolución fue firmada esta tarde por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
En la resolución que dio cierre al incidente de prisión domiciliaria del expediente “Vialidad”, el tribunal recordó que “tanto el artículo 10 del Código Penal como el artículo 32 de la Ley 24.660 -Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad-enumeran taxativamente los supuestos que tornan procedente la aplicación del beneficio que nos ocupa; ello así, cuando: (...) d) el detenido sea mayor de setenta años”.

A pesar de esa pauta, advirtió que “esa previsión resulta potestativa para el magistrado encargado de intervenir, y no de carácter imperativo para quien deba aplicarla”, ya que “el juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria”.
Bajo esos parámetros, los jueces explicaron que el “mero cumplimiento de la edad prevista en el inciso ‘d’ del artículo 32 del régimen de ejecución de la pena privativa de la libertad -por cierto, una de las razones invocadas en la solicitud de los defensores de Fernández de Kirchner-, no opera de forma automática, sino que debe analizarse en su contexto la razonabilidad y tolerancia de la prisionización sobre una persona condenada”.
Al respecto, el tribunal oral recordó que “corresponde al juez llevar a cabo una valoración judicial para decidir si concede o no el beneficio de arresto domiciliario, ponderando si se verifican en el caso las razones humanitarias que constituyen el fundamento que inspira el instituto examinado, en función de las particularidades y especiales circunstancias de la peticionante”.
Luego de repasar antecedentes normativos y principios internacionales -entre ellos, las Reglas de Mandela, las Reglas de Bangkok, la Opinión Consultiva 29/2022 de la Corte IDH y la jurisprudencia de la Corte Suprema-, los jueces del TOCF 2 pasaron a analizar los argumentos presentados por la defensa para acceder al beneficio procesal en cuestión.
Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy habían señalado que la ex presidenta tiene más de 70 años, que fue víctima de un intento de magnicidio que aún se investiga, y que en su carácter de ex mandataria cuenta con custodia especial de la Policía Federal, que anulaba la posibilidad de una eventual fuga. También habían dicho que su ingreso a una unidad carcelaria implicaría someterla a condiciones de aislamiento y vigilancia permanente incompatibles con los estándares constitucionales.
Sobre este punto, el tribunal se diferenció de “las meras manifestaciones” realizadas por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que se opusieron al pedido de CFK tras interpretar que no se advertían “las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria”.
En efecto, para los acusadores no se encontraban “configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Así las cosas, el tribunal señaló que la cuestión vinculada a la seguridad personal de CFK, alegada por sus abogados, “sí ha de merecer receptación favorable” en virtud “del intento de homicidio que la tuvo como víctima, y que como dijimos es materia de investigación en primera instancia y en juicio”.
“Nos referimos a la circunstancia específica de que el aseguramiento de su vida e integridad física se tornaría complejo en una situación de encierro carcelario en convivencia con cualquier tipo de población penitenciaria, ya sea en alguna de las alternativas que el Ministerio de Seguridad Nacional sugirió -por considerarlas adecuadas y sin riesgos según consta en el informe que esa cartera presentó a requerimiento de esta sede- como en cualquier otra opción destinada a tales fines”, explicó el TOCF 2 porteño.
Luego precisó: “Justamente, el Estado no puede exigir el cumplimiento carcelario de una pena si ello conlleva la exposición del interno a potenciales situaciones de violencia intrapenitenciaria (...). Y, paralelamente, la alternativa de un aislamiento indefinido o prolongado no resulta -en principio y en general- compatible con los fines que orientan la ejecución de la pena de prisión (...)“.
“Por lo tanto -ponderaron los jueces-, la combinación del riesgo para la vida e integridad física de la condenada a raíz del atentado del que fue víctima, junto con la dificultad de garantizar su seguridad en un establecimiento penitenciario sin incurrir en prácticas discordantes para el derecho constitucional y convencional -aislamiento-, nos conducen a la decisión en favor de la concesión de la prisión domiciliaria como única vía hoy compatible con el respeto de los derechos fundamentales de la persona y los fines resocializadores de la pena".
Los magistrados tuvieron en cuenta el hecho de que la ex vicepresidenta “supera los setenta años de edad” para considerar a la prisión domiciliaria como “una opción que la ley expresamente habilita” para reemplazar el encierro en un establecimiento carcelario.
Por otra parte, y en cuanto a la modalidad de cumplimiento de la pena, CFK deberá permanecer detenida en su departamento de la calle San José 1111, piso segundo, departamento “d” de la Capital Federal. Allí, según el informe socioambiental ordenado para el caso, Fernández de Kirchner “reside sola (...) desde el año 2022, luego de haberse mudado por haber sufrido un atentado en la puerta de su anterior domicilio”.
Los jueces establecieron que la expresidenta “deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente”; y que “en el plazo de 48 horas hábiles deberá presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan”.
También dispusieron que deberá “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.
Además, ordenaron “la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico respecto de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”, pese a la oposición de la defensa, que había esgrimido “la absoluta inexistencia de cualquier peligro elusivo” por parte de su clienta. Aún así, los magistrados plantearon que “la regla es la instalación del dispositivo y su dispensa la excepción sometida a ciertas exigencias (dictámenes positivos de los organismos competentes). Pero en ningún caso el legislador ha sujetado su implementación a la existencia o no de riesgos procesales (como sostiene la defensa)”.
La tobillera que monitoreará la localización de CFK será colocada por la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich.
En tanto, la supervisión del cumplimiento de estas condiciones estará en manos de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que deberá informar trimestralmente a la sede judicial “el grado de acatamiento de las reglas impuestas”.
La resolución de este martes, a su vez, dejó sin efecto la citación para mañana y ordenó continuar con el trámite de cómputo de pena en el expediente principal. La notificación personal de la sentencia quedó en manos de la Comisaría de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires con jurisdicción en el domicilio de Cristina Kirchner.


La CGT decidió no reunirse con el PJ y dejó en libertad de acción a los sindicatos si hay marcha por CFK

La resolución se adoptó este mediodía en la Federación de Sanidad, antes de que se confirmara la prisión domiciliaria de la ex presidenta. El porqué de la reacción dispar de los sindicatos.
La CGT decidió no concurrir al encuentro de ayer a la tarde con el Consejo Nacional del PJ, mientras dejó en “libertad de acción” a los sindicatos para decidir su participación y paros parciales en caso de que se organice este miércoles una marcha en favor de Cristina Kirchner.
La decisión se adoptó poco antes de que la Justicia dispusiera la prisión domiciliaria para la ex presidenta en su departamento de la calle San José 1111 y fue consensuada durante una reunión que mantuvieron este mediodía los líderes cegetistas en la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA), donde hubo coincidencia en criticar “las desprolijidades” en la convocatoria del PJ a la CGT.
En un comunicado de prensa, difundido después de las 16, la CGT señaló que, “con motivo de la notificación de la sentencia a la Cra. Cristina Fernández de Kirchner, se ha dispuesto la realización de una concentración popular que manifieste el repudio a una decisión injusta, parcial y arbitraria” y, tras destacar que “los trabajadores estaremos al lado de nuestra compañera injustamente condenada”, anunció que “convoca por convicción, pertenencia y solidaridad a todos los gremios y trabajadores/as que quieran sumarse a la concentración para dar testimonio de acompañamiento".
“Aquellos sindicatos que hayan dispuesto acciones sindicales para manifestarse -destacó la central obrera- quedan liberados para realizar todas las medidas que estimen conducentes en función de cada una de las actividades que representen”.
El texto de la CGT finaliza de esta forma: “Los trabajadores y trabajadoras tenemos memoria y vamos a manifestarnos en las calles para repudiar la injusticia y la proscripción en defensa de la democracia”.
Al encuentro en FATSA fueron los cotitulares cegetistas Héctor Daer (Sanidad) y Octavio Argüello (Camioneros), además de Hugo Moyano (Camioneros), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Julio Piumato (judiciales), Juan Pablo Brey (aeronavegantes), Jorge Sola (seguro), Omar Plaini (canillitas), Miguel Paniagua (espectáculos públicos) y dos dirigentes que forman parte del Consejo Nacional del PJ: Víctor Santa María (encargados de edificios) y Guillermo Moser (Luz y Fuerza).
No concurrieron, en cambio, importantes sindicalistas como Carlos Acuña (estaciones de servicio), otro miembro del triunvirato de la CGT; Andrés Rodríguez (UPCN) y Gerardo Martínez (UOCRA), ambos aún en Europa por la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y Sergio Romero (UDA).
Las autoridades del PJ habían citado a los dirigentes de la CGT para organizar la caravana que acompañará a la ex presidenta, condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos por la Causa Vialidad.
Sin embargo, a los líderes cegetistas les cayó mal que el PJ los haya citado el jueves pasado y luego postergara el encuentro para este martes con el fin de permitir que se sumaran algunos gobernadores peronistas.
También hay malestar en la cúpula de la CGT por la presión de algunos de sus miembros identificados con el kirchnerismo por la fuerte presión para que declarara un paro general por la caravana en favor de CFK.
Uno de los que quedó en la mira de sus colegas es Abel Furlán, líder de la UOM y secretario del Interior de la CGT, que afirmó que la central obrera debía “construir un objetivo común con consistencia en el tiempo”, en alusión a un paro general tras la condena a la ex presidenta. Sin embargo, el líder metalúrgico no convocó a un paro de su gremio y sólo llamó a movilizarse.
Otros dirigentes que tuvieron una postura similar fueron Ricardo Pignanelli y Mario Manrique, quienes conducen SMATA: el segundo, diputado nacional de Unión por la Patria y referente ultrakirchnerista, nunca confirmó un paro en la actividad automotriz en defensa de Cristina Kirchner, pese a que la semana pasada dijo que la CGT “debería movilizar, decretar un cese de actividades y que todos confluyamos tranquilamente más allá de las diferencias que tengamos”. “Espero que la CGT actúe como el momento histórico que se está viviendo se lo reclama”, agregó.
El paro de actividades por la ex presidenta hasta ahora tampoco fue anunciado por la Asociación Bancaria, liderado por Sergio Palazzo, alineado con el kirchnerismo. Como Manrique, tras la condena judicial a Cristina Kirchner dijo que “lo primero que tiene que haber es una gran movilización para acompañarla cuando tenga que presentarse a Tribunales” y que “tiene que haber interrupción de actividades para que todos puedan ir”.
Hasta ahora, sólo anunciaron paros dos gremios que no pertenecen a la CGT como la Seccional Capital de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU), conducidos por los ultrakirchneristas Daniel Catalano y Vanesa Siley, respectivamente.
Además, anunciaron una huelga para este miércoles la CTA Autónoma, dirigida por Hugo “Cachorro” Godoy, y la CTA de los Trabajadores, que encabeza Hugo Yasky. Ambos sindicalistas estuvieron reunidos con el Consejo Nacional del PJ para confirmar su adhesión a la marcha, que fue ratificada pese a que Cristina Kirchner no deberá ir a los tribunales de Comodoro Py para quedar presa.
La resistencia de la CGT a declarar un paro general generó incomodidad y malestar en los sectores más duros del kirchnerismo, que aspiran a construir una postal impactante de un país paralizado y en la calle si la ex mandataria tenía que presentarse ante la Justicia.

Fuente: CONSENSO PATAGONICO

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