La Fiscalía penal pidió investigar el destino de los fondos del convenio de ANSES

Río Grande.- Este punto quedó sujeto a que el Superior Tribunal determine la constitucionalidad de las normas, pero la fiscalía avanzó sobre otro tramo de la presentación, vinculado con la presunta malversación de fondos del convenio con ANSES. A requerimiento del fiscal, esto deberá ser auditado por el Tribunal de Cuentas.
El pasado 21 de abril los directores Elisa Dietrich y Gustavo Caicheo, representantes por los pasivos y activos respectivamente, habían radicado una denuncia penal contra la gobernadora Rosana Bertone, el vicegobernador Juan Carlos Arcando, los quince legisladores provinciales, los tres integrantes del Tribunal de Cuentas de la provincia, el Fiscal de Estado, y la ex gobernadora Fabiana Ríos, por abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, y malversación de caudales públicos, relacionado con el destino de los aportes al ex IPAUSS.
También se denunció la presunta malversación de los fondos provenientes del convenio con ANSES, que debían capitalizar la caja, según Elisa Dietrich, y habrían financiado gastos corrientes.
La presentación se realizó ante el Ministerio Público Fiscal, Distrito Judicial Sur, y hace referencia específicamente a las leyes provinciales Nº 1068, 1070; 1071 y 1072, además del convenio entre la provincia y ANSES.
En diálogo con Radio Provincia, Elisa Dietrich afirmó que “hay responsabilidades políticas y económicas de los distintos actores de la provincia de Tierra del Fuego” y dio a conocer que el pasado viernes “tuvimos la primera respuesta de parte del Poder Judicial a esta presentación”.
“Lo que nos contesta el fiscal es que, en función de que se está analizando la legitimidad y la constitucionalidad de las normas por las cuales hacemos responsables a estos funcionarios, en el marco del paquete de leyes, en esta instancia no sería posible viabilizar la denuncia de mal desempeño e incumplimiento de deberes de funcionario público que planteamos”, explicó.
“Por lo que dice el fiscal, se debe probar que las autoridades del Poder Legislativo y del Ejecutivo han actuado maliciosamente, de manera concertada y con fines delictivos. Hasta que no se determine la inconstitucionalidad de la norma, no podríamos impulsar esta demanda. En caso de que se dicte la inconstitucionalidad, podríamos volver a impulsarla en primera instancia”, indicó, por lo que no lo considera un rechazo a la presentación.
“No es que no hacen lugar a la denuncia, sino que nos dice que están siendo analizadas estas normas”, sostuvo.
No obstante este pronunciamiento sobre una parte de la denuncia, el fiscal habría hecho lugar al segundo tramo, relacionado con el destino de los fondos del convenio de ANSES: “Nos hace lugar parcialmente respecto del convenio con ANSES, porque nosotros sostenemos que los recursos económicos de este convenio son fondos previsionales que debieron ser rendidos para fortalecer la recaudación de la caja, y fueron usados con libre disponibilidad por el gobierno provincial”, manifestó.
“Más allá de que puedan haber sanciones o instancias judiciales, el juez hace un requerimiento al Tribunal de Cuentas de la provincia, en lo que atañe a la posible aplicación irregular de los fondos del convenio entre la provincia y el Ejecutivo nacional, por el decreto 3002”, precisó la directora.
“Esto nos habilita una vía y entendemos que el mismo fiscal hará el requerimiento al Tribunal de Cuentas respecto de este convenio en particular”, manifestó.
Agregó que al margen de la actuación de la fiscalía, como directores pidieron “una auditoría especial del Tribunal de Cuentas para que pueda certificar cuántos de los recursos extraordinarios previstos en la ley 1068 fueron efectivamente acreditados a la caja, y cuántos de esos recursos extraordinarios conformados por el aporte de los trabajadores activos y el sector pasivo, están fortaleciendo el presupuesto provincial y no la caja de previsión”.
La denuncia se mantuvo en silencio desde su presentación en abril y “estábamos esperando algún tipo de respuesta”, dijo Dietrich, destacando que “no se desestimó lo presentado y parte de los argumentos del fiscal nos habilitan una vía en lo sucesivo, respecto de la inconstitucionalidad o no de la ley 1068; y por otra parte nos abre recursos que tienen que ver con lo económico-presupuestario”.
Por otra parte, dio a conocer que “la semana pasada presentamos un amparo por los coseguros de salud que se están cobrando en la provincia” y dijo que “la presentación fue hecha por los cuatro directores. Estamos esperando la respuesta de la justicia sobre la nulidad de esos coseguros”, concluyó

Fuente:Provincia23

Fuente: CONSENSO PATAGONICO