POLÍTICA PROVINCIAL

El Dr. Gastón Díaz no descarta más involucrados en las escuchas ilegales

10.05.2017

“En la grabación que se le envía, hablan dos personas sobre contratación de personal dentro del Concejo Deliberante y retornos dentro de esas contrataciones”, reveló ayer el abogado Gastón Díaz, que patrocina al presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia, Juan Carlos Pino, sobre el contenido de las escuchas telefónicas con las que se intentó extorsionar al justicialista, a cambio de puestos de trabajo en el Concejo.

Río Grande.-El abogado del concejal Juan Carlos Pino, quien denunció haber sido extorsionado con un pedido de puestos de trabajo a cambio de no difundir escuchas telefónicas que lo comprometían, no descartó nuevas derivaciones de la causa, al haberse identificado varios involucrados. Explicó que uno de los hombres de confianza del Presidente del Concejo, fue grabado cuando hablaba con un empleado de Haberes, Lautaro García, y le explicaba que en el Concejo no se cobraba todo lo que figura en el recibo, por lo cual “no le convenía” cambiar de área. Esa grabación habría sido un “pago” de Lautaro García a un tercer sujeto, de apellido Vivas, a quien le debía dinero. Pero se identificaron más implicados en las grabaciones ilegales, que podrían afectar otros actores de la política fueguina.
“En la grabación que se le envía, hablan dos personas sobre contratación de personal dentro del Concejo Deliberante y retornos dentro de esas contrataciones”, reveló ayer el abogado Gastón Díaz, que patrocina al presidente del Concejo Deliberante de Ushuaia, Juan Carlos Pino, sobre el contenido de las escuchas telefónicas con las que se intentó extorsionar al justicialista, a cambio de puestos de trabajo en el Concejo.
Por Radio Nacional Ushuaia, dio detalles del escándalo desatado tras tomar estado público la denuncia de Pino, realizada en marzo pero conocida recién esta semana, y los allanamientos positivos que habrían dado con una red dedicada a las escuchas ilegales.
Hasta el momento hay tres personas involucradas: Lautaro García, un empleado de Haberes del Municipio de Ushuaia; un sujeto de apellido Vivas que se desempeña en la Dirección Provincial de Energía; y un tercero de apellido González, que era el responsable de hacer las llamadas.
No se encuentra imputado el asesor de Pino, de apellido Pérez, militante político de su sector, quien conversa con Lautaro García sobre los “requisitos” para acceder a un puesto en el Concejo, que implicarían firmar un recibo de sueldo por un importe que en realidad no reciben, y queda para el empleador.
El Dr. Gastón Díaz descartó que esta situación sea cierta y se enfocó en la maniobra extorsiva al edil. Relató que “a principios de marzo comenzó a recibir llamados de un número privado, luego mensajes de texto, recortes de grabaciones que intentaban involucrarlo en algún tipo de maniobra irregular. Concretamente estaba relacionado con contrataciones de personal dentro del Concejo Deliberante”, dijo.
“Inmediatamente el concejal Pino me hace la consulta acerca de si, aun no siendo real lo que decían las grabaciones, esto constituía un ilícito. Lo que él planteaba en ese momento es que, aun no siendo cierto lo que se decía, quería saber si constituía un delito ya el hecho de hacer circular conversaciones privadas que podían desprestigiarlo o intentar descalificarlo”, sostuvo.
Precisó que “esto comenzó el 6 de marzo y nosotros nos presentamos el 10 de marzo ante la fiscalía. El concejal puso a disposición su aparato celular y, a partir de ahí, referimos en la denuncia que reconocíamos una voz que era de una persona allegada a él, de apellido Pérez. El juzgado inicia una investigación, que en principio daba cuenta de una persona de nombre Lautaro. A raíz de los allanamientos y secuestro de telefonía celular, se llegó a otras dos personas que contaban con material informático y otros mecanismos tecnológicos para poder realizar este tipo de grabaciones y de extorsiones, porque se encontró gran cantidad de aparatos celulares”, indicó.
Consultado acerca de en qué consistían las amenazas, aclaró que “no tuvimos problemas de decirlo en la denuncia y el concejal no tiene problema de que esto se sepa. Independientemente de la falsedad, implicaba la intención de descalificarlo. En los mensajes de texto le decían que contaban con otro material incriminatorio, que lo desconocemos, porque salvo que surja de las pericias que está realizando la Policía Científica no sabemos a qué se referían. Pero en la grabación que se le envía hablan dos personas sobre contratación de personal dentro del Concejo Deliberante y retornos dentro de esas contrataciones”, subrayó.
“El concejal manifestó la falsedad de esto, pero que aun así podían descalificarlo, que es muy común en este período de elecciones. Creo que hizo muy bien, siendo funcionario público y representante de los vecinos de Ushuaia, al llevar esto a la justicia”, evaluó.
“Nosotros iniciamos esto como una cuestión particular de él, y creíamos que estaba involucrada una sola persona, pero en la investigación y las requisas se constató que la persona que habla en el audio no es la misma que envía los mensajes de texto al concejal. Tampoco es la persona a quien le llega el audio. Aparecen tres sujetos, que en el mes de junio están citados a indagatoria. Ahí podrán dar explicaciones de lo que intentaron hacer”, manifestó.
El Dr. Díaz aclaró que en la escucha no está el concejal Pino sino su hombre de confianza, de apellido Pérez, pero priorizó la maniobra extorsiva, más que el contenido de la escucha.
“Nos interesaba la cuestión referida al apriete o la extorsión, luego empieza a derivar todo esto en que estas personas contaban con material para hacer escuchas. No denunciamos una red de escuchas sino un hecho puntual sobre lo que le envían a él, buscando algún tipo de retribución”, explicó.
Consideró que “fue acertada la observación del fiscal Massimi, cuando en el acta de denuncia le requiere que no la haga pública hasta que avance la investigación”, y no descartó que haya escuchas de otras personas además de Pino. “Eso serán desprendimientos de la causa. La denuncia que hicimos fue referida solamente a esta situación y nos presentamos como querellantes. En esta semana vamos a poder acceder al expediente y observaremos todas las derivaciones que tiene”, dijo.
“A partir de la indagatoria, queremos indagar si las tres personas involucradas actuaron de forma mancomunada. Si se refiere además a otras personas, podríamos encontrarnos ante una asociación ilícita. Si sólo era respecto del concejal Juan Carlos Pino, veremos cuál era el grado de participación de cada uno de ellos”, expuso.
Reiteró que “en un principio pensamos que era una persona (Lautaro García, que grabó a Pérez), luego surge que esta persona envía el audio a otra de apellido Vivas, quien a su vez la envía a otro de apellido González, que sería quien hizo los llamados y envió los mensajes”, dijo del circuito que siguieron.
“Lautaro, que es quien habla con Pérez. A Pérez lo citan en calidad de testigo y es quien da cuenta de con quién estaba manteniendo esa conversación. Luego aparecen Vivas y González. En la primera conversación que le envían al concejal Pino hablan el señor Pérez, que es un allegado al concejal, con este sujeto Lautaro, y Lautaro es quien hoy está involucrado”, aclaró, desvinculando al allegado al concejal de la extorsión.
Respecto de la reacción de Pino ante esta maniobra, relató que “en el primer llamado, el concejal lo increpa (a González) y no da importancia al tema. Le dijo que si tenía alguna denuncia, la hiciera. Luego empieza a recibir mensajes en los que le decían que le convenía tener una conversación con ellos para cuidar su imagen”.

Las excusas del asesor

Consultado sobre las explicaciones que dio la persona de confianza del concejal Pino, de apellido Pérez, para haberle dicho a Lautaro García que, de trabajar en el Concejo, debía entregar como retorno una parte del sueldo, el Dr. Díaz respondió que intentaba desalentar a García de cambiar de área, para ingresar al Concejo, donde no iba a ganar más sueldo en realidad, aunque figurara una suma mayor en el recibo.
No dio detalles respecto de si se abrió una investigación judicial para conocer si efectivamente se piden retornos en el Concejo, negando que sea real esa situación. “El concejal aportó su celular, de donde se extrajo el audio y los mensajes que le enviaron. En los allanamientos se encuentra otro material que deriva en que se vincule a estas tres personas. Es una etapa muy primaria de la investigación y para nosotros mismos ha sido una sorpresa cómo se fue desenvolviendo. Habrá que esperar los resultados de las pericias de la Policía Científica”, dijo.

La otra denuncia

Anoche, por FM La Isla, el Dr. Gastón Díaz dio a conocer la denuncia que habría radicado Lautaro García contra Vivas, incluso antes de que comenzaran los llamados extorsivos, y explicó que en apariencia la grabación de la conversación con el asesor de Pino fue entregada en pago de una deuda que tenía García con Vivas.
Relató que, cuando el concejal Pino convoca a su hombre de confianza para que le dé explicaciones de sus dichos en la escucha, Pérez señala que “lo había grabado Lautaro, de la oficina de Haberes de la Municipalidad de Ushuaia. Pérez cuenta esto en declaración testimonial y da cuenta del relato donde dice que se manejaban de manera irregular las contrataciones del personal, y que no le convenía (a Lautaro) ir a trabajar en el Concejo porque no iba a cobrar el 100% del salario que aparece en el recibo. Eso dice Pérez”, subrayó el letrado. 
“Pino le pregunta por qué había dicho eso, y dijo que fue porque le estaban solicitando que Pino consiguiera puestos de trabajo en el Concejo Deliberante, por los salarios que ahí se abonaban. Pérez explicó que dijo esto, tratando de desanimarlo de que vaya a trabajar al Concejo y se quede en el lugar que estaba en la Municipalidad”, fue según el Dr. Díaz la fundamentación para haber “inventado” que se pedían retornos.
En síntesis, el circuito comenzó con la grabación de Lautaro García de la conversación que mantuvo con Pérez, que pasó a manos de Vivas. “Cuando se ubica a Vivas, se identifica que trabajaba con otras personas. Se encuentra material informático y numerosa cantidad de teléfonos, entre ellos el que hacía las llamadas al concejal Pino”, dijo, señalando como responsable de esas llamadas a González.
“Vivas es empleado de la Dirección Provincial de Energía. Nada de eso sospechábamos en el inicio. Cuando nos enteramos que era más grave, decidimos presentarnos como querellantes”, apuntó.
No descartó más escuchas ni más escuchados. “Este jueves vamos a tener ese material, porque nos tenemos que presentar para tomar vista del expediente, ya como querellantes. Puede haber otras víctimas y no es un dato menor, por eso se plantea la posibilidad de una asociación ilícita y no hace falta que sean tres personas, sino que además tiene que haber una red delictiva. Esto va a ser importante para la causa y para la calificación”, resaltó.
En cuanto a la denuncia de Lautaro García, dijo que ayer conoció ese dato, y habría sido radicada contra Vivas “por amenazas. Parece ser anterior al hecho denunciado en marzo. Si fuera cierto, daría a entender que Vivas estaba extorsionando a Lautaro García por una deuda, y que García habría pagado con esta información, es decir la grabación. De ser así, Vivas estaría involucrado en dos causas, una por amenazas y otra por extorsión”, dijo.
Reiteró que “Pérez es una persona de confianza del concejal Pino, con quien realiza trabajo político. Está acongojado y en todo momento trata de dar explicaciones. Creo que se han aprovechado de su situación y de alguna confianza que pudo tener con la persona que lo grabó. Lo que valoramos de Pérez es que, cuando lo citaron a declarar, dijo todo lo que tenía que decir y que no tenía inconvenientes en que se investiguen las escuchas”.
No obstante, admitió que esta situación “compromete el empleo tanto de Pérez y el de Lautaro García, que tenía conocimiento de los haberes y la totalidad del personal, porque trabajaba en el departamento de Haberes. Puede haber derivaciones y, si aparece otro material extorsivo, se abrirán nuevas investigaciones”, concluyó.

Fuente: Provincia 23

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