Trasladaron a «Teto» Medina y otros detenidos de «La Razón de Vivir» a la fiscalía

Trasladaron a «Teto» Medina y otros detenidos de «La Razón de Vivir» a la fiscalía

Tal como estaba previsto, el conductor televisivo declara durante la mañana en la causa por presunta asociación Ilícita y reducción a la servidumbre con fines de explotación laboral en una comunidad terapéutica.

El conductor de televisión Marcelo "Teto" Medina y otros detenidos de la comunidad terapéutica "La Razón de Vivir" fueron trasladados la mañana de este viernes desde la comisaría 1 de Berazategui rumbo a la fiscalía Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming, de esa localidad bonaerense, para ser indagados en la causa en la que se investiga explotación laboral y reducción a la servidumbre en ese establecimiento de rehabilitación de personas con consumo problemático de drogas.
 

Medina y otras 16 personas fueron detenidas el jueves en una serie de allanamientos realizados en las provincias de Buenos Aires y Córdoba y este viernes a las 7.30 algunos de ellos fueron trasladados en móviles policiales hasta la fiscalía que conduce Daniel Ichazo para prestar declaración.
 

Uno de los trasladados fue el ex integrante del programa VideoMatch, que pasó la noche en la comisaría 1 de Berazategui donde ingresó el jueves a las 15 tras ser detenido por la mañana en su departamento del barrio porteño de Palermo.

Su abogado Adrián Tenca rechazó las acusaciones contra su cliente y anticipó su decisión de pedir la excarcelación porque “es absolutamente inocente".

"Medina me comentó que iba los martes de 11 a 17 a dar charlas motivacionales nada más, cobraba un pequeño sueldo para eso por cada charla y que esa era su única vinculación con esta organización", dijo Tenca el jueves a la prensa.

Agregó además que Medina "tiene el teléfono intervenido desde hace seis meses y me dijo que le pueden escuchar todas las conversaciones que de ninguna va a salir que haya cometido delito alguno".

También Marcelo Biondi, abogado de Néstor Zelaya, acusado de liderar la comunidad terapéutica "La Razón de Vivir", dijo que la imputación de explotación laboral a jóvenes en recuperación de adicciones "es absolutamente descabellada".
 

Biondi dijo que este viernes analizaría el expediente para diagramar la defensa de su cliente, que al igual que Medina pasó la noche detenido en la comisaría 1 de Berazategui.

"Zelaya es la persona encargada de todo el complejo. Está en una situación traumática pasando el peor momento de su vida porque de ayudar a la recuperación de adictos, ahora está detenido", sostuvo el abogado a la prensa.

LOS ROLES QUE CUMPLÍAN LOS DETENIDOS EN LA CAUSA LA RAZÓN DE VIVIR

El mediático Marcelo "Teto" Medina cumplía el rol de ser "la cara visible y pública" de la organización La Razón de Vivir, la cual contaba con distintos roles y tareas específicas, según la denuncia presentada por el Ministerio Público Fiscal.

La denuncia precisa que en el rol de director general, Néstor Ezequiel Zelaya, se encargaba de "coordinar la asociación; establecía contactos y realizaba apariciones en los medios de comunicación. Además, fijaba los aranceles a cobrar a las víctimas y sus familias; coordinaba la internación de nuevas víctimas; indicaba cómo debían ser las condiciones de servidumbre y trato, incluido el sistema de castigos y la prohibición de salir del establecimiento; indicaba la forma, condiciones y tipo de trabajos forzosos", entre otras tareas.

Además, se lo acusa de elaborar "los discursos con promesas falsas que debían transmitirse para captar víctimas; evitaba que los pacientes tuvieran acceso a un sistema de salud y medicación prescripta por un médico autorizado, si eso ponía en peligro la continuidad de la actividad. Por último, determinaba cuándo podían egresar las víctimas de forma definitiva".

Según esta acusación, la organización contaba con tres quintas y cada una tenía un director.

Eduardo Humberto Zelaya dirigía la quinta 1; Mariano Jorge Torchia, la quinta 2 y Jorge Alberto Basilico, la quinta 3.

De acuerdo a la denuncia, la tarea en este caso consistía en "ejecutar las órdenes del director general; controlar a las víctimas y a los operadores-coordinadores; comunicar las promesas engañosas y cobrar los aranceles; controlar la quita de medicación que pudieran tener las víctimas al ingresar; persuadir a las familias para evitar que soliciten su externación; evitar que las víctimas comunicaran a sus familias las condiciones de su servidumbre y trabajo forzoso, capturar nuevamente a las víctimas en el caso de huida; hacer que algunas víctimas ingieran medicamentos sin prescripción médica y en secreto mezclándolos con sus bebidas, ejercer violencia física, psicológica y simbólica sobre las mismas y ejecutar los castigos impuestos a ellas".

En cuanto a la administración, era supuestamente ejercida por Rosana Elizabeth Gómez y Rubén Ernesto Durán, y consistía "en realizar los cobros mensuales de las familias; acatar las directivas de los directores y el director general; gestionar y recibir el dinero que las familias enviaban para insumos y provisiones para las víctimas para luego desviarlo al acopio de la organización".

En tanto, quienes desempeñaban la tarea de operadores-coordinadores eran Matías Nicolás Durán, Emilio David Nieva, Martín Ezequiel Arias, Alfredo Martín Córdoba, Damián Alberto Fernández Cáceres y Federico Risso Patrón.

Ellos, se afirma en la denuncia, "ejecutaban las disposiciones de los directores; se aseguraban la presencia de uno de ellos todos los días a toda hora para controlar las acciones de las víctimas; custodiaban el acopio de medicamentos; controlaban las visitas, comunicaciones y llamados de las víctimas con sus familias; ejecutaban y controlaban los castigos; informaban a los directores las manifestaciones negativas de las víctimas sobre la servidumbre para luego reprimirlos públicamente o castigarlos; controlaban la ejecución de los trabajos forzosos y las condiciones de servidumbre de las víctimas".

La tarea de cobertura mediática y en redes sociales que era ejercida por Marcelo José "Teto" Medina, "el cual era la cara visible y pública de la asociación junto a Néstor Zelaya, simulando que la misma tenía una actividad lícita para captar más víctimas y perpetuar su impunidad a lo largo del tiempo, además de valerse de las redes sociales propias para captar más víctimas y proveer de material multimedia para las redes sociales de la asociación".

También lo acusan de "mantener contacto semanal con las víctimas para fortalecer su sometimiento y reducción a la servidumbre".

La cobertura policial, en tanto, habría sido ejercida por Tatiana Lorena Lanza, "quien se valía de su condición de personal policial de la provincia de Buenos Aires del partido de Florencia Varela, para imponer temor y violencia psicológica sobre las víctimas y evitar que intenten huir o resistirse a la servidumbre y los trabajos forzosos".

El rol de sostener la promesa falsa de tratamiento psicológico habría sido llevado adelante por Fabiana Edith Canal y Valeria Fernanda Miceli, quienes "ejercían actos propios de la profesión de licenciadas en psicología sin poseer el título ni la autorización correspondiente para perpetuar en el tiempo la explotación laboral y servil de las víctimas".

Y por último, el rol de captación de víctimas era supuestamente llevado a cabo por Sonia Elizabeth Córdoba, "quien contactaba posibles víctimas por distintos medios".

 

La voz de los familiares

La mujer manifestó su total apoyo a la comunidad La Razón de Vivir, en compañía de otras 50 familias de los 60 jóvenes que permanecieron durante la mañana en una de las tres sedes que tiene el lugar, ubicada en las calles 1 de Mayo y General Belgrano, en la localidad de Florencio Varela.

El espacio consta de dos manzanas, con una especie de galpón de grandes dimensiones, y un parque con caballo y ovejas.

El barrio, llamado San Rudesindo, cuenta con algunas viviendas en predios aledaños y otros terrenos se encuentran deshabitados.

Vecinos del lugar comentaron a Télam que "el terreno de la comunidad pertenece a una empresa de agrotóxicos que antes tiraban todos sus desperdicios y ahora está este lugar, donde se los ve bien a los chicos".

Otro de los centros que está siendo investigado se encuentra ubicado en la ruta 53, del barrio El Tropezón, en la misma localidad, y el tercero en la provincia de Córdoba, en el marco de los 21 allanamientos simultáneos realizados el jueves.

Las familias se manifestaron durante la mañana en la puerta de la comunidad terapéutica para "impedir que trasladen a los chicos internados a otro lugar" y evitar su cierre, mientras que personal de Policía Federal, de la Sedronar, SAME y el fiscal Ichazo, se encontraban trabajando en su interior.

 

 

 

Fuente: TELAM