POLÍTICA PROVINCIAL

Barcesat calificó de aventura jurisdiccional la pretensión del gobierno

01.04.2017

Adelantó el rechazo a la declaración de certeza por el impuesto inmobiliario.“Esta es una aventura jurisdiccional, que está en manos del Superior Tribunal de Justicia de la provincia; y no dudo que, para la razonabilidad exigible del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales, el intento de este órgano tributario provincial va a colectar un sonoro rechazo”, vaticinó el constitucionalista Eduardo Barcesat.

Río Grande.- El constitucionalista Eduardo Barcesat pronosticó “un sonoro rechazo” para el intento del gobierno de quedarse con el cobro del impuesto inmobiliario. Además consideró inconstitucionales las leyes votadas en enero de 2016, que avanzan sobre tributos municipales. Remarcó que la provincia “nunca” tuvo la facultad de cobro y consideró una “usurpación” este planteo. Recomendó al gobierno que, si lo que necesita son fondos, reclame los que legítimamente le pertenecen por la devolución del 15% de ANSES, en lugar de “estar rasguñando” recursos municipales.
El constitucionalista Eduardo Barcesat disertó ayer en esta ciudad sobre autonomías municipales y adelantó un “sonoro rechazo” al pedido de declaración de certeza elevado por al AREF al Superior Tribunal de Justicia, convencido de que las leyes que avanzaron sobre el impuesto inmobiliario son inconstitucionales.
En una improvisada rueda de prensa, se definió “muy honrado por la invitación que me han cursado y por sumarme a resolver en lo posible un conflicto que no debería existir”, dijo de la pretensión del gobierno de quedarse con recursos municipales. 
“El gobierno de la provincia, a través de un órgano recaudador, se ha sentido autorizado a modificar el texto claro de la Constitución Nacional, que habla de la autonomía municipal. Esa autonomía, entre otros resguardos, tiene la faceta económico-financiera. Esa cláusula está también en una Constitución previa a la de la provincia de Tierra del Fuego, bajo el título precisamente de ‘autonomía’. Allí claramente se habla de la facultad de no solamente establecer su régimen económico-financiero sino también de dictarse su carta orgánica”, repasó de los antecedentes a favor de los municipios.
Respecto de las leyes 1075 y 1086, aprobadas dentro del paquete de enero de 2016, afirmó que “se alzan contra la ley suprema de la Nación, que es la Constitución Nacional. La escala jerárquica está claramente definida en el propio texto de la Constitución Nacional, y por lo tanto, sin hesitación digo que está destinado a un fracaso para la provincia de Tierra del Fuego el pretender hacerse de un impuesto que es de naturaleza claramente municipal. Así se ha venido prestando desde la existencia misma de los municipios, y no puede verse alterado ni emplear la provincia la palabra ‘recuperar’, porque se recupera aquello que se tuvo. Lo que nunca se tuvo, no se recupera y en todo caso se usurpa”, disparó.
“Esta es una aventura jurisdiccional, que está en manos del Superior Tribunal de Justicia de la provincia; y no dudo que, para la razonabilidad exigible del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales, el intento de este órgano tributario provincial va a colectar un sonoro rechazo”, vaticinó.

Recursos legítimos y de los otros

El constitucionalista agregó consideraciones políticas además de jurídicas, sobre las razones de fondo de la provincia para avanzar con este planteo por el impuesto. “Si la provincia tiene una situación de estrangulamiento o ahogo financiero, para ello está el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de septiembre de 2015, que favoreció a cinco provincias. De la misma manera favorecería a Tierra del Fuego y toda la que inicie su reclamo, para que se le reintegre el 15% de la coparticipación federal que fuera destinado al ANSES. Son cifras multimillonarias, hay un precedente de la Corte que es reciente y no se va a modificar por doctrina del acto propio. En lugar de acudir a aquello, que es una fuente legítima de recursos, se acude a este debate y a generar conflicto entre municipios y provincia, que desmerece las instituciones”, cuestionó.
Se le consultó por qué cree que se procede de esta manera y lo atribuyó a “una política en el orden nacional que pretende disciplinar y subordinar a las provincias y sus representantes en el Senado de la Nación y la Cámara de Diputados, restringiendo el traspaso de fondos que legítimamente corresponden a las provincias. En función de eso quieren obtener el silencio, el acompañamiento, y en algún grado la complicidad con las políticas del gobierno nacional”.
“Esto creo que es lo más contrario de lo que el pueblo pretende. El pueblo de la provincia debería pretender que su gobierno defienda los recursos legítimos que tiene reconocidos por sentencia del más alto tribunal del Poder Judicial de la Nación, y no estar rasguñando en el impuesto inmobiliario, que histórica y jurídicamente le corresponde a los Municipios”, concluyó.

Fuente: CONSENSO PATAGONICO

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