POLÍTICA PROVINCIAL

La justicia avanza en la investigación de las compras secretas de Gorbacz y Murray

29.11.2017

El legislador del MPF Pablo Villegas aseguró que hubo avances en la causa penal iniciada a partir de la denuncia del ex legislador Horacio Miranda, con un requerimiento a la comisión de presupuesto vinculado con las dos reuniones en las que participaron los funcionarios de la Secretaría de Seguridad y el jefe de gabinete Leonardo Gorbacz, en las que se trató el tema de las compras secretas.

Río Grande.-El legislador Pablo Villegas dio a conocer un primer requerimiento a la comisión de presupuesto.El legislador del MPF Pablo Villegas informó sobre el avance de la justicia penal en la investigación de las compras secretas del secretario de Seguridad Ezequiel Murray y el jefe de gabinete Leonardo Gorbacz, con un primer requerimiento a la comisión de presupuesto de la Legislatura provincial. Recordó que las dos reuniones de las que participaron funcionarios de la Secretaría fueron filmadas, y pondrán a disposición de la justicia los videos, para contrastarlos con el informe del Tribunal de Cuentas que se conoció ayer. Además de las irregularidades en la forma de contratación, esperan que el gobierno entregue los expedientes solicitados con el contenido de las compras, a fin de deslindar si se adquirieron elementos para tareas de inteligencia, violando las libertades civiles. Respecto de la responsabilidad que le cabe a la gobernadora Bertone, por solicitar este tipo de encuadre en las compras, sostuvo que la determinará la justicia.
 El legislador del MPF Pablo Villegas aseguró que hubo avances en la causa penal iniciada a partir de la denuncia del ex legislador Horacio Miranda, con un requerimiento a la comisión de presupuesto vinculado con las dos reuniones en las que participaron los funcionarios de la Secretaría de Seguridad y el jefe de gabinete Leonardo Gorbacz, en las que se trató el tema de las compras secretas.
Por Radio Provincia, dijo que el monto involucrado “oscila entre los 25 y 26 millones de pesos”, distribuidos en distintos expedientes.
“Con la legisladora Urquiza, además de pedir explicaciones a los funcionarios de la Secretaría de Seguridad y al jefe de gabinete Leonardo Gorbacz, que ha tenido intervención directa en este tipo de contrataciones, en forma paralela pedimos por nota información al Tribunal de Cuentas de la provincia, a la Tesorería General del gobierno, y tuvimos distinto tipo de respuesta que ponen blanco sobre negro en esta situación y nos dan la razón”, afirmó.
Sostuvo que esta documentación del órgano de control -cuyos detalles se publicaron en la edición de ayer- “dejan al desnudo una cuestión irregular por parte tanto de Gorbacz como del secretario de Seguridad Murray, por el uso de una figura que es la contratación reservada. Han querido justificar a través de estas contrataciones reservadas la adquisición de bienes que para nada pueden perjudicar alguna investigación judicial en curso, o la tarea investigativa que puede realizar la policía de la provincia como auxiliar de la justicia”.
“La compra de camionetas, de elementos para la sección antimotines, la compra de las balizas que van arriba de las camionetas o de visores nocturnos, como bien dicen los funcionarios del Tribunal de Cuentas que intervinieron en estos expedientes, no ameritan para nada la adquisición por contrataciones reservadas”, sentenció.
Consideró que “en los hechos resultó ser un direccionamiento injustificado de la compra a determinadas empresas, violando un tema básico de cualquier contratación, que marca la necesidad de conseguir la mejor oferta en las mejores condiciones para el estado. Esto se hace con distintos oferentes para la compra de un bien. Bajo la figura de la contratación reservada no se hizo nada de eso, se contrató por arriba de los 25 millones de pesos a determinados oferentes, vaya a saber por qué”. 
“Nosotros trabajamos en esto de manera prudente, silenciosa, pero con mucha responsabilidad. La mentira tiene patas cortas y todo el montaje mediático que se pretendió hacer, a través de gacetillas y de una conferencia de prensa de los funcionarios involucrados, fue todo una mentira, una farsa”, calificó.
“El órgano de contralor constitucional, que es el Tribunal de Cuentas, reconoce una serie de irregularidades, que implica en los hechos que estas contrataciones no tienen la aprobación definitiva del Tribunal. Dejan al desnudo una modalidad de gestión que presenta irregularidades administrativas graves, y que podrían rozar algunas consecuencias judiciales”, advirtió Villegas.

Avances en la justicia

Respecto de la posibilidad de radicar una denuncia penal, indicó que ya fue realizada por el ex legislador Horacio Miranda, por lo cual “hay un proceso judicial en marcha. Extraoficialmente sé que se ha requerido al ámbito legislativo alguna información, puntualmente a la presidencia de la comisión de presupuesto”, reveló.
“A mí no me interesa hacer política con el código penal bajo el brazo, pero en función de las irregularidades que hay, a uno no le cabe otra que estar a disposición de la justicia. Nosotros tenemos filmadas la totalidad de las dos reuniones realizadas con los miembros de la Secretaría de Seguridad en el ámbito de la comisión de presupuesto, y si nos lo requieren de parte del Poder Judicial, las vamos a poner a disposición”, adelantó.
“Van a ser importantes las filmaciones para comparar esta documentación que nos da el Tribunal de Cuentas con las expresiones de los funcionarios y lo que existe en los expedientes”, subrayó, teniendo en cuenta que en un primer momento se habló de obras públicas, como la refacción del destacamento en Puente Justicia, que no constan en la información del Tribunal de Cuentas.

Los expedientes X

Respecto de los expedientes de compra, con el detalle de los elementos adquiridos, dijo que “lamentablemente al día de la fecha no los han acercado ni el jefe de gabinete ni el secretario de seguridad, a la legislatura provincial”, pese al pedido expreso realizado.
Esta información fue solicitada desde la presidencia de la comisión 2, a cargo del legislador Pablo Blanco, ante las contradicciones en la primera reunión y la negativa del secretario Murray a dar explicaciones en el segundo encuentro.
“Es una actitud más que sospechosa porque, si nadie tiene nada que esconder, no veo cuál es el impedimento para poner a consideración de los legisladores los expedientes administrativos, que son públicos y su información es de acceso público”, remarcó.
La denuncia penal de Horacio Miranda apuntó contra el secretario Ezequiel Murray, pero podría haber responsabilidad penal del ministro Gorbacz y la gobernadora Bertone, que solicitaron específicamente este tipo de encuadre para las compras, tal como se puede leer en el informe del Tribunal de Cuentas. “Yo vuelvo a decir que voy a estar a disposición para aportar en caso de que lo requiera la justicia, pero en caso de que no nos podamos hacer de los expedientes en el corto plazo, es decir esta semana, junto con la legisladora Urquiza estamos pensando en iniciar una acción judicial para hacernos de esos expedientes. Después sigue la causa penal en trámite, donde se definirá si pueden ser imputados o no y qué tipo de investigación se va a realizar. Si esto da lugar a la investigación de la comisión de un hecho delictivo, es resorte del juez de instrucción”, manifestó el mopofista.
“Uno trata de poner blanco sobre negro, de cumplir con el rol institucional de un legislador, que es controlar los actos de gestión y pedir explicaciones. Es básico en un sistema republicano y democrático que los funcionarios tengan que dar cuenta de por qué toman este tipo de medidas”, planteó.
“En este caso en particular en el ámbito político nos hemos encontrado con una falta de respeto reiterada por parte del Secretario de Seguridad, con una actitud rebelde, reticente. Estuvo acompañado por el jefe de gabinete y, si esto trae consecuencias en el ámbito judicial, deberán dar las explicaciones correspondientes. Si hay consecuencias judiciales, cada uno deberá responder como tiene que responder”, advirtió.

Inteligencia prohibida

Consultado sobre otras posibles irregularidades que se podrían desprender de esta causa, además de la forma de la contratación, cuando se conozca el contenido de las compras y si tiene relación con tareas de inteligencia, dijo que por el momento “no podemos saber de manera directa el tipo de material que se adquirió, en algunos casos. Sabemos que las empresas con las que contrataron de este modo irregular se dedican a la venta de elementos informáticos y equipos para realizar tareas investigativas. Yo intento pensar bien y creer que la policía de la provincia no está llevando a cabo tareas de investigación por fuera de las causas judiciales y dentro del marco legal vigente. Es lo que nos explicó el jefe de policía en su momento, porque nos manifestó que no se estaba violando la ley de inteligencia nacional, la 25.520, específicamente en su artículo quinto. A esas palabras nosotros las queremos corroborar con la documentación respaldatoria que está en esos expedientes administrativos que nos ocultan y no han querido entregar al día de la fecha”, expresó.
“Cuando sepamos de manera directa qué tipo de material se ha adquirido, eso va a requerir otro tipo de intervención de parte nuestra. Si es necesario arbitrar otro medio, como puede ser el judicial, también lo haremos”, indicó el legislador.
“Con la legisladora Mónica Urquiza tratamos de ser lo más serios posibles en esto y cada vez que efectuamos una manifestación verbal sobre este tema, queremos tener la documentación respaldatoria. Por eso pedimos informes al Tribunal de Cuentas y a la Tesorería General del gobierno, y por eso necesitamos tener los expedientes administrativos de estas contrataciones. Vamos a insistir en eso. Cuando tengamos la totalidad de la documentación a nuestra disposición, analizaremos si además de esta grave irregularidad en el sistema de contrataciones, hay otro tipo de hechos que pueden poner en peligro las libertades cívicas de cada uno de nosotros. Si es así, esto ameritará otra acción de nuestra parte”, ratificó.
“Mientras tanto queremos hacernos de la documentación y que las autoridades políticas correspondientes hagan algo básico en un sistema democrático, como es rendir cuentas”, reclamó.

Gorbacz y la descalificación a Urquiza

También se refirió a las últimas declaraciones del jefe de gabinete Leonardo Gorbacz, que acusó a la legisladora Urquiza de no querer que se luche contra el narcotráfico. “El otro día el jefe de gabinete intentó salir a descalificar a la legisladora Urquiza, diciendo que, por estar pidiendo esta documentación, y por pedir algo básico como es una rendición de cuentas de los funcionarios, está en contra de que se investigue el narcotráfico en la provincia. Ese tipo de argumento es una verdadera falacia y simplemente tiende a descalificar a quienes estamos pidiendo que entreguen la documentación y se investigue sobre esto. Es un argumento tan carente de asidero desde cualquier punto de vista, que queda de manifiesto cuando el Tribunal de Cuentas nos remite la documentación que se pudo conocer. Me parece que Gorbacz sale a descalificarnos a nosotros y a mentirle a la gente, diciendo que uno está en contra de la lucha contra el narcotráfico por pedir información, para desviar el foco de atención. Mientras tanto sigue con una conducta omisiva en la rendición de cuentas, que es más que sospechosa”, cuestionó.

Acuerdos consumados

En otro orden de cosas, por FM Del Sur el legislador fue consultado sobre el acuerdo fiscal y la posición del MPF. Dijo que “se harán las consultas en comisión y en la sesión expondremos nuestra posición política frente a estos acuerdos de la gobernadora. Uno no va a avalar acuerdos como el que firmó la gobernadora con AFARTE y la UOM, donde lo único que hay en mira es el congelamiento salarial para los empleados metalúrgicos, con todo lo que eso representa en un país con inflación prevista para este año del 22% y mayor al 16% para el año que viene”.
Agregó que el acuerdo “también prevé a la renuncia al cobro de impuestos, como el fondo de solvencia social, el congelamiento de la tasa de verificación de procesos productivos para las industrias, que representan una especie de transferencia de recursos públicos al sector privado, superior a los 2.400 millones de pesos, desde 2015 hasta ahora”.
“Eso significa que ese costo fiscal no pueda ser utilizado en la construcción, por ejemplo, de un hospital en Tolhuin, que hace mucha falta, o el mejoramiento de la prestación del servicio educativo, construir escuelas, o un hogar de día para los adultos mayores. En esos acuerdos la fórmula es el ajuste o la catástrofe, como dijo la gobernadora, y yo sinceramente no estoy de acuerdo con esa lectura política, porque creo que hay otras alternativas”, expresó.
“Sinceramente siempre guardo mucha distancia de aquellos que sostienen que se hace lo que ellos dicen o es el caos. Es parte de la historia política argentina esta falsa opción que se le quiere imponer a la gente, porque no ha evitado que siga habiendo despidos de trabajadores y que sigan habiendo contratados en condiciones muy convenientes para los empleadores y muy perjudiciales a los empleados, como son los contratos basura. Este acuerdo tampoco garantiza la estabilidad a los contratados y uno tiene que poner la voz crítica frente a esta falsa opción que se trata de instalar de parte del gobierno de la provincia, que es este acuerdo que representa un ajuste o el caos. No me gusta caer en esta opción y hay otras alternativas para defender los intereses de los trabajadores, con mayor convicción”, insistió.
Recordó que, en la convocatoria en Casa de Gobierno, la legisladora Urquiza “fue muy clara y le dijo a la gobernadora que era hora de pasar de la declamación al trabajo concreto, y propuso armar una mesa técnica que pudiera llegar a aportar en la negociación que se iba a hacer en Buenos Aires. Esto fue aceptado por la propia gobernadora, y pusimos a disposición a la senadora Boyadjián que se encontraba en la ciudad de Buenos Aires. Esa propuesta fue ignorada absolutamente por la gobernadora, que se cortó sola. En ese momento salimos a decir que el apoyo político a la gobernadora no era un cheque en blanco, sino que queríamos participar activamente en la construcción de los convenios, en la letra y el contenido de las cláusulas. La gobernadora ignoró absolutamente esa propuesta y luego el ministro Gorbacz nos invitó a una reunión para explicarnos, con los hechos consumados y un acuerdo perjudicial para los trabajadores de la UOM y para los fueguinos, más el consenso fiscal”, criticó.
“Eso dista mucho de lo que se estaba pidiendo, porque una cosa es que inviten cuando ya tomaron la decisión, y otra que inviten a participar activamente a través de algunas personas con conocimientos técnicos en la materia, en la construcción de esos acuerdos. La gobernadora se corta sola y firma en base a un documento, que no era un cheque en blanco, con el monto que quiere, y luego quiere venir a explicar”, fustigó.
“Una cosa es participar, debatir y tener una participación activa en un acuerdo, al que seguramente nos íbamos a oponer porque es perjudicial para los fueguinos, y otra cosa es que después quieran venir a explicarnos lo que hicieron solos. Por eso cuando el ministro Gorbacz nos invita a la reunión para explicarnos, como legisladores decidimos que el ámbito publico y natural para explicar, son las comisiones de la Legislatura”, concluyó Villegas.

Fuente: CONSENSOPATAGONICO

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