El “papelón” de Murray en la legislatura miraba a todo el mundo y nadie sabía contestar

Río Grande.-La legisladora del MPF Mónica Urquiza calificó como “un papelón” el paso de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad, por la incógnita sobre el destino de los fondos del subsidio de bomberos, del cual perciben un 50%. Además, no pudieron explicar en qué usaron los 30 millones producto de un subsidio no reintegrable del Ministerio de Seguridad de Nación que, según el secretario Ezequiel Murray, se afectaron a “obra pública” y fueron parte de “contrataciones reservadas”. Urquiza aseguró que no presentaron ningún expediente y planteó como un absurdo que consideren gastos reservados a las obras de infraestructura. Por la tarde el funcionario dio otra explicación: que ese dinero fue para “compras de carácter secreto”, vinculadas con “tareas de inteligencia”. Pero la legisladora recordó que este tipo de fondos los maneja la Policía Provincial y se rinden al Tribunal de Cuentas, por montos muy inferiores al millonario faltante. De no haber una explicación lógica y documentada, no descarta “actuar en consecuencia”. Su par Pablo Villegas había planteado que este manejo roza “lo delictivo”.
 La legisladora del MPF Mónica Urquiza dio un detallado informe sobre el paso del secretario de Seguridad Ezequiel Murray por la comisión de presupuesto, que fue levantada por su presidente, el legislador Pablo Blanco, ante la inconsistencia de las explicaciones de los funcionarios.
Por Radio Nacional Ushuaia, se refirió primero a la reunión de la comisión de presupuesto con el ministro de Gobierno José Luis Álvarez, y valoró la información brindad sobre “las tareas que han llevado adelante en el Registro Civil, la Inspección general de Justicia, la modernización que se está haciendo de los sistemas para acelerar los trámites. Pueden ser medidas que no llegan a toda la gente, como el caso de la IGJ, pero el Registro Civil efectivamente afecta a todos”.
“Están trabajando de la misma manera que lo está haciendo Nación, modernizando sistemas, con programas que se bajan para las provincias. En el Registro Civil se aplicaron mecanismos de modernización, de informatización, y han servido para terminar con las colas que había y las discusiones que surgían, porque la gente necesita hacer un trámite sin tener que esperar tanto tiempo. También se está trabajando en la digitalización de las partidas de nacimiento y de defunción, que se van a poder bajar de internet. La verdad son cosas positivas porque agilizan el trámite diario para cada ciudadano”, sostuvo.

El “papelón” de Murray

 

Diferente fue la evaluación del paso del secretario de Seguridad Ezequiel Murray con su equipo. “Acá empezaron a surgir algunos problemas y la discusión fue interesante. Más allá de la información que sale desde el gobierno, diciendo que está todo bien y que Murray agradecía a los legisladores y que nos iba a acercar la documentación, la verdad lo que hizo la Secretaría de Seguridad fue un papelón”, sentenció.
“Uno de los temas que se trató fue el subsidio de bomberos y, durante la campaña, todos pudimos ver en los medios que la gobernadora anunciaba la firma de un convenio para cancelar la deuda, del orden de los 42 millones de pesos, aunque yo he leído en los medios hasta 54 millones y también se habló de más de 70 millones. La cuestión es que los 42 millones de pesos están en el presupuesto 2017 pero no se pagaron”, dijo.
Recordó que “el subsidio de los bomberos surge de un porcentaje de los ingresos brutos, que se descuenta de lo recaudado, previo a la distribución a los municipios, es decir que los municipios también aportan de sus recursos al subsidio. Hay un atraso en el pago mensual y son recursos de afectación específica que la administración ya percibió, más allá de que estén demorados en el pago. Además, en el presupuesto de este año se agregó un artículo que dice que el 50% de ese subsidio se va a destinar a la Secretaría de Seguridad, para equipamiento. Los 42 millones de este año aparecen imputados y devengados, y es la información que ellos mismos presentaron, pero cuando empezamos a preguntar en qué gastaron ese 50%, qué se compró y demás, resultó que según ellos hubo un error en la información que trajeron y no es lo imputado y devengado”.
“Dijeron que con eso se pagó la deuda, pero le preguntamos de dónde surge lo que está en el convenio de pago de deuda. No tenían copia del convenio y nadie sabía nada. Se miraban unos a otros los funcionarios, los directores, Murray miraba a todo el mundo y nadie sabía contestar”, afirmó.
La legisladora dijo que en definitiva “no se sabe qué hicieron con los 42 millones de pesos destinados este año a los bomberos, porque no se les han pagado y les pedimos que trajeran toda la documentación”, en la próxima reunión fijada para mediados de noviembre.

Los gastos reservados

Fue peor el desempeño de los funcionarios al momento de justificar el gasto de unos 30 millones del subsidio no reintegrable que aportó el Ministerio de Seguridad de la Nación: “Cuando llegamos a la planilla con el detalle de gastos, vimos que el crédito original era de 5 millones y tenían imputados y devengados unos 28 millones. Esto no es posible porque, si no hay crédito suficiente, no se puede hacer ni siquiera la imputación preventiva y mucho menos continuar con el trámite”, explicó Urquiza.
“Cuando empezamos a preguntar, hicieron verbalmente un desglose de los gastos y ahí nos manifestaron que tenían gastos reservados. Esto no se puede hacer, porque dijeron que habían hecho contrataciones reservadas. Les preguntamos qué tipo de gastos hicieron, porque uno no dejaba de asombrarse, y respondieron que fue obra pública”, aseveró.
Indicó que el área recibió “un subsidio de 30 millones por un convenio que aprobó la Legislatura con la ministra Patricia Bullrich, que son fondos para seguridad. Esto aparentemente no lo tenían registrado como crédito, y no se hizo la modificación presupuestaria. Pero además no nos pudieron explicar de qué tipo de gasto reservado hablaban, porque están prohibidos por la Constitución”.

Facultad de la Policía

La legisladora separó las competencias de la Secretaría de Seguridad de la Policía de la Provincia, que efectivamente “tiene fondos reservados autorizados, que son auditados por el Tribunal de Cuentas. Esos son fondos destinados a inteligencia policial, pero se rinden al Tribunal”, dijo.
“No lo pudieron explicar y hablaron de obra pública, pero cuando les preguntamos qué tipo de obra pública hicieron, quedaron todos tartamudeando, se miraban unos a otros, y por eso digo que fue lamentable. El secretario Murray menos que menos pudo explicar absolutamente nada”, reiteró.
Consideró que “les terminó salvando la vida el presidente de la comisión de presupuesto -Pablo Blanco-, que les dijo que evidentemente había un error, que vieran bien los papeles y los volverían a citar”.
La legisladora aclaró que en este caso el faltante de dinero sin rendir “es un subsidio no reintegrable, pero todos los recursos que ingresan a la administración pública se tienen que rendir. Yo no podía creer las barbaridades que escuché en esta reunión”.
Insistió en que “para el equipamiento reservado de la policía, se encontró ya una forma y hablamos de fondos exclusivamente destinados a investigaciones, de órdenes que vienen de expedientes judiciales, y todos entendemos la tarea que lleva adelante la Dirección de Investigaciones”. 
Un ejemplo claro es no poder publicar si, por ejemplo, se le pagó a un informante como parte de la tarea investigativa, y llamativamente ayer el secretario Murray apeló a estos casos para justificarse, complicando más su situación, “porque estos fondos están autorizados por el plenario del Tribunal de Cuentas y se rinden, no es que no los controla nadie. Tienen límites y esos límites los determina la gobernadora todos los años. El último fondo del que tenemos conocimiento eran cien mil pesos”, precisó, muy lejos de los 28 ó 30 millones sobre los que no pudo responder Murray.
“Uno es muy respetuoso, pero hay algunos funcionarios que, además de no conocer la historia de nuestra provincia porque son recién llegados, hablan y responden con una soberbia lamentable”, cuestionó.
Respecto de si esto amerita alguna acción de parte de la Legislatura, dado que su par Pablo Villegas sostuvo que roza lo delictivo, Urquiza dijo que “tenemos que ver toda la documentación que no tenían. Lo que vimos fueron planillas con la ejecución presupuestaria y trabajamos sobre eso, pero es un power point que ni siquiera está firmado. No son expedientes sobre los gastos. Veremos lo que dicen en la próxima reunión y actuaremos en consecuencia. Una obra no se puede ejecutar con gastos reservados y, la verdad, no tienen idea. Hay millones en gastos no personales, y no puede haber tantos millones para agua, luz, gas, pasajes o contrataciones”, concluyó.

De la obra pública “secreta” a la inteligencia policial: Murray, enredado

El secretario de Seguridad Ezequiel Murray apeló ayer a una nueva justificación -distinta de la que ofreció a los legisladores- sobre los millones sin rendir en el área a su cargo.
Dijo que se destinaron a “compras de carácter secreto”, y revelarlas sería “darle ventaja al delito”, incursionando en el ámbito de competencia de la policía provincial, como explicó Urquiza.
Informó que con ese dinero se compró “equipamiento”, por lo que el destino no fue la obra pública como había señalado el día anterior, y también “se fortaleció el sistema de seguridad de la provincia que estaba abandonado”, exponiendo la “firme decisión política de combatir el narcotráfico y el crimen organizado” de parte de la gobernadora.
Argumentó que “la Ley 1015, en su artículo 18 inciso h, prevé la forma de contratación para el caso en que el Estado necesite hacer compras de carácter secreto, como es el caso de determinados equipamientos que se requieren para las tareas de inteligencia contra el delito complejo, y eso es así en todos lados porque, si no, le estaríamos dando al delito una ventaja enorme”.
Dicha norma, en el inciso citado, efectivamente habilita la contratación directa “cuando las circunstancias exijan que las operaciones del Estado provincial se mantengan secretas”, y el propio secretario Murray ubicó en el ámbito de la policía provincial este apartado, al señalar que “todas las compras que se hacen están controladas por el Tribunal de Cuentas, y estamos firmes en continuar equipando a la fuerza, porque queremos ganarle al delito y en particular al narcotráfico”, por lo cual dejaría traslucir que ese dinero se habría remitido a la fuerza policial.
Lo cierto es que habrá que esperar las explicaciones del próximo encuentro: “Toda la información extra que requiera la Legislatura será enviada y estaremos a disposición como lo hemos estado siempre”, concluyó Murray.

Fuente:Provincia23

Fuente: CONSENSO PATAGONICO