POLÍTICA PROVINCIAL

Villegas destacó que se hizo un acto de justicia social con beneficios previsionales y asistenciales para bomberos

30.11.2018

El legislador provincial del MPF Pablo Villegas destacó la aprobación de beneficios a bomberos voluntarios en la octava sesión ordinaria desarrollada este martes.El Legislador Villegas celebró la aprobación de los beneficios para bomberos voluntarios que venía proponiendo el bloque, aunque sin éxito.

 Río Grande.-Esta vez prosperó un proyecto del oficialismo y podrán contar con los beneficios previsionales y asistenciales. Cuestionó el tratamiento sobre tablas, sin debate en comisión previo, de la adjudicación del área CA-12 a YPF. Respecto del proyecto de canje de inmuebles entre la provincia y Newsan, lo consideró un despropósito porque se necesitan “diez metros lineales” y en lugar de expropiar se avanza con la adquisición de un predio de 14.500. El MPF presentará un proyecto alternativo.
 El legislador provincial del MPF Pablo Villegas destacó por Radio Provincia la aprobación de beneficios a bomberos voluntarios en la octava sesión ordinaria desarrollada este martes. “Para mí la sesión fue altamente satisfactoria, y desde el bloque del MPF celebramos que se haya hecho un acto de justicia social por el que veníamos peleando, como es el reconocimiento de los beneficios previsionales y sociales a los bomberos voluntarios”, dijo.
“Desde el MPF hacía más de un año y medio que habíamos presentado distintos proyectos de ley al respecto, en su momento fuimos criticados por eso, pero de un día para el otro la señora gobernadora en el día de los bomberos manifestó su voluntad de presentar un proyecto de ley con los mismos objetivos del que había presentado el MPF”, señaló.
“Todos sabemos que nuestros proyectos duermen el sueño de los justos en las comisiones y son tratados los proyectos oficialistas. Veníamos trabajando hace tiempo en este tema pero, más allá de esta cuestión que tiene que ver con el juego dentro de esta mayoría absoluta que tiene el gobierno de la provincia y hace de la legislatura una especie de escribanía, lo importante es que se resolvió un tema de un alto contenido de justicia social, como es reconocer los beneficios previsionales y de obra social a los bomberos voluntarios. Decíamos desde hace tiempo que era una incongruencia reconocer estos beneficios a los condenados por distintos delitos y que el estado no tuviera ese reconocimiento con los bomberos voluntarios. Por suerte se sancionó la ley y estamos todos satisfechos, porque sabemos del compromiso social de cada uno de los bomberos voluntarios”, remarcó.

Exenciones a PIGSA

Respecto de la eximición del pago de impuestos por un año a la empresa que sufrió el siniestro en Río Grande, consideró que “uno desde el Estado tiene que acompañar a los empresarios cuando se viven estas situaciones extraordinarias, porque aparte de los intereses que puede tener cualquier empresario, está el mantenimiento de los puestos laborales de muchas familias de la ciudad de Río Grande, en un marco de recesión absoluta y con todos los indicadores económicos que sufren muchas familias”.
“La Legislatura ha hecho un pequeño aporte al fijar la tasa cero a las tasas y contribuciones que debe abonar la empresa, como un paliativo para que se vuelvan a recuperar las fuentes de trabajo y que los empresarios vuelvan a producir”, valoró.

Adjudicación polémica

La sesión tuvo varios momentos de cruces entre los parlamentarios, esta vez no solamente desde la oposición del MPF, sino particularmente entre el bloque del FPV y el legislador Oscar Rubinos del bloque radical, que se oponía en principio a aprobar sobre tablas la adjudicación a YPF para la exploración del bloque 1 del área CA-12. Luego de un cuarto intermedio, terminó acompañando a la mayoría.
“Desde el bloque del MPF no votamos esa ley, porque no se debatió en el ámbito de la comisión 3 como corresponde. Lo único que hubo fue una reunión informativa y se llegó al recinto sin dictamen y sin el tratamiento previo en el ámbito legislativo. Desde el primer día venimos sosteniendo que esta mayoría automática que tiene el gobierno provincial, con ocho legisladores oficialistas y tres de la UCR-Cambiemos, produce un daño institucional cuando se tratan sobre tablas sin debate previo un sinnúmero de leyes. Por una cuestión de coherencia, seguimos adelante con esta postura y por eso no acompañamos”, explicó Villegas de la votación del bloque.

Rechazo al canje con Newsan

El legislador fue contundente al expresar el rechazo al proyecto de permuta de inmuebles de la provincia, a propuesta de la DPOSS, para concluir y luego ampliar la planta de tratamientos cloacales. El proyecto pasó a comisión y el MPF adelantó la presentación de una alternativa.
“Nosotros no estamos de acuerdo con que la provincia, de la noche a la mañana, tenga que desprenderse de una cantidad importante de inmuebles, ubicados tanto en Ushuaia como en la ciudad de Buenos Aires, y que además tenga que ceder derechos y cobro de energía por un préstamo que otorgó oportunamente, simplemente para satisfacer la necesidad de un espacio de diez metros lineales para terminar la planta de tratamiento de efluentes cloacales”, dijo, teniendo en cuenta que, por un error de cálculo del terreno, se decidió adquirir 14.500 metros cuadrados que constituyen la planta 2 de Newsan, y pagar con inmuebles de la provincia y dos años de energía gratis.
El presidente de la DPOSS Guillermo Worman “nos dijo que faltan diez metros en su despacho, porque fuimos a las instalaciones de la DPOSS con la legisladora Urquiza a pedir información. Tengo que reconocer que Worman puso a disposición inmediatamente la documentación que requerimos, pero nos manifestó que el problema son diez metros lineales que necesitan para la ampliación de una obra que todavía no está terminada, y que se finalizaría teóricamente en 2020”, afirmó.
“Nosotros entendemos que no es conveniente para los intereses del estado una operación de estas características y que hay otras alternativas. Planteamos por ejemplo por qué directamente se expropiaron las tierras de la familia Pastoriza y de la familia Goodall para hace la obra del corredor costero; y aquí no se expropia la parte que corresponde a Newsan. Nos dicen que eso sería violento, pero son violentos con algunos y no con otros”, cuestionó.
“Pareciera ser que este gobierno se manifiesta poderoso ante los débiles, pero débil frente a los poderosos. No compartimos el criterio y que se lleve al estado a realizar una operación inmobiliaria cuyas tasaciones son muy suspicaces. Todos sabemos el valor de los inmuebles en Buenos Aires y resulta que las tasaciones que están en el expediente administrativo son bastante pobres”, observó, dado que los dos inmuebles de Buenos Aires, más los terrenos de la DPOSS en el centro de Ushuaia suman 60 millones, y la planta de Newsan fue tasada en 160 millones.
“Además, si el estado tiene la intención de vender inmuebles, que lo haga de acuerdo a lo que marca la ley 1015, que haga un remate público y consiga el mejor postor, en las mejores condiciones económicas. Acá nos quieren plantear que existe una extrema necesidad de ampliación de una obra, que sería a partir del 2020, y uno entiende que hay otras soluciones jurídicas e institucionales que pueden llegar a ser mucho más convenientes a los intereses del estado”, subrayó.
“A dos familias fueguinas les expropiaron la tierra de un día para otro y acá, por una franja de diez metros, no se hace lo mismo con Newsan. Nos llama mucho la atención y con los integrantes del bloque estamos trabajando en una propuesta alternativa que seguramente vamos a presentar en los próximos días”, anticipó.
El proyecto fue girado a la comisión 1 y 2, y “hay que ver si el oficialismo lo quiere tratar antes de fin de año, pero insisto en que hay una incongruencia y no hay razonabilidad entre lo que se busca y esta operación inmobiliaria. Si uno ve el proyecto de ley presentado, es manifiestamente contradictorio, porque es una operación de compraventa y se realiza bajo la figura jurídica de una permuta. Hay contradicciones y cosas que no cierran, y además entendemos que no existe la necesidad inmediata para que se lleve al estado a hacer esta operación”, insistió.
Dio cuenta de la reunión de comisión en la que participó el presidente de la DPE, que deberá aportar la energía gratis al grupo Newsan como parte de esta operatoria. “Le planteamos cuál era la necesidad, porque la mayor parte del pago que se quiere hacer a Newsan es con energía eléctrica, es decir que el gobierno le transferiría los derechos que tiene sobre la DPE a Newsan, durante dos años aproximadamente, para que la DPE entregue energía gratuita como una forma de cancelación de pago. Yo le pregunté al Ministro de Economía y al presidente de la DPE cómo se viene pagando este convenio de deuda entre la provincia y la DPE -por 93 millones- y no me lo supieron decir. Teóricamente se lo debían pagar con obras de la DPE al gobierno, y todos sabemos que lo más beneficioso para la DPE es tener una deuda con el gobierno provincial y no con un particular, más cuando responde a una operación inmobiliaria a la que no le encontramos sentido”, dijo.
“Mucho no se pudo debatir de este tema en el ámbito de la comisión, este proyecto necesita debate, más información, queremos saber de dónde surgió esto, quién lo solicitó, porque uno analiza el expediente administrativo y son más los interrogantes que las certezas. La DPOSS no tiene la necesidad de llevar al estado provincial a hacer una operación inmobiliaria disvaliosa como la que se pretende hacer. Esa es una decisión política, más allá de las cuestiones jurídicas que se puedan discutir, y no compartimos esa decisión. No compartimos que la provincia deba desprenderse de patrimonio para comprarse un problema, por la necesidad de diez metros lineales para ampliar una obra después del 2020. Ni siquiera está terminada la primera parte, por eso hay muchos interrogantes e incongruencias. Desde ya nos vamos a oponer por considerar que es un acuerdo perjudicial a los intereses del estado fueguino. Por eso trabajamos en una alternativa y queremos que el estado tenga el mismo tratamiento para todos. Si consideran importante realizar una obra determinada y para eso le ha tirado todo el poder del estado a dos familias fueguinas, como la familia Goodall y Pastoriza, expropiándoles sus inmuebles, debemos tener el mismo coraje político de parte del Ejecutivo para expropiarle diez metros lineales a Newsan. Cuando nos dicen que no lo quieren hacer, ahí entran las suspicacias y muchos interrogantes de los que hoy no tenemos respuesta”, sentenció.

Fuente: Provincia 23

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